Viernes, 4 de diciembre de 2020

“¡Exprópiese!”; ahora, también la educación

A la escuela católica, por referirme a la parte mayoritaria de centros educativos concertados en Salamanca, llevamos a nuestros hijos tanto familias católicas como no creyentes o de otras religiones. Igual que otras familias católicas, o no creyentes, o de otras religiones, escogen para sus hijos centros educativos privados, católicos o no, sin concierto educativo, o centros cuyo titular es una administración pública. Lo normal, si es que sigue en vigor el artículo 27 de la Constitución Española. Creo que sí.

Si finalmente se aprueba la enésima ley educativa del período democrático, otra vez sin consenso y quizá más contestada que nunca por mil razones, se habrá avanzado en la expropiación de la libertad de enseñanza y del derecho de las familias a elegir lo que consideran mejor para su hijos, ¡que sí son de los padres! En el mismo viaje legislativo se darían por buenos los reiterados incumplimientos de sentencias judiciales por discriminar al castellano como lengua vehicular y se ignorarán las fundadas peticiones de mantenimiento de la educación especial como válida para muchos alumnos.

El totalitario gusta de la expropiación. Se queda con lo que ansía, argumenta un lema basto, dispara siempre con pólvora del rey y tira de dinero público, el que no es de nadie a decir de alguna notable del Gobierno de España. Está el totalitario “patriota”, que arrampla con la bandera, se remonta a los mitos de la historia con el debido maquillaje y esgrime los ocho apellidos de turno. En España los hay de rojo y gualda sin haberlo pensado, Cid sin haberlo leído y Valle sin haberlo rezado, pero sobresalen hoy en influencia política los de lazo amarillo, tiro en la nuca y recogida de nuez. Muy patriotas todos ellos. De su patria. A estos segundos, al contrario que a los otros, nadie los denomina “fachas”. La patria es concepto difícil por estos lares desde siempre, y suena mejor en el discurso que el Papa Francisco decidió compartir ante el presidente Sánchez en lugar de llevárselo al despacho (a la Santa Sede rara vez se la engaña dos veces).

El totalitario “progresista”, por su parte, mayor en número, lo que expropia es el progreso. Sea progreso o regreso, tanto da. Lo importante es que el ciudadano se sienta progresista, superior moralmente, muy demócrata, aunque haya pensado, leído y rezado aún menos que el patriota. ¿Que indudablemente circulan bulos por las redes y la desinformación crea peligros? Pues se conseguirá que muchos apoyen que el propio Gobierno supervise y ponga el sello a la verdad oficial. ¿Que se llegó al poder defendiendo la independencia del poder judicial? Pues se logrará la normalización de que se politice todavía más la elección de los jueces. ¿Que no hay cuidados paliativos para todos los enfermos que lo necesitan? Pues se las ingeniarán para que socialmente se acepte que un médico mate a quien se lo pida. ¿A que no ha dolido tanto expropiar la libertad de prensa, la separación de poderes y la deontología de una profesión milenaria y esencial? Sedo-analgesia progresista.

En medio de este festín expropiador ahora le ha tocado a la educación. Mientras todo lo estatal, ya sea en su versión nacional o autonómica, o provincial, o local, es ensalzado, se asfixia la iniciativa de quienes, desde otras instituciones o particularmente, quieren ponerse al servicio del bien común o, como las empresas, obtener un legítimo beneficio sin sucumbir al totalitarismo “liberal” que impregna la vida entera, hace de lo legítimo un abuso, del dinero el centro del existir y del mercado un ídolo como el becerro de oro. En el discurso gubernamental lo “público” se blinda, a veces más de palabra que de obra, y ese blindaje conlleva también un desdén hacia otras propuestas, que parten de mundos alejados de las siglas políticas. Porque más que proteger lo público, invertir en ello y mejorar su gestión, se asegura que permanezca sometido a los aparatos administrativos que copan los partidos y a sus discursos ideológicos.

En definitiva, ¿acaso no tenemos mi mujer y yo el derecho de pedir a una escuela católica que nos ayude en la educación de nuestros hijos, ¡que son nuestros!, y al Estado que nos ampare en esa tarea? Le salen más baratos que si los matriculáramos en otro centro. ¿Qué interés persigue el Estado? No es el ahorro. ¿Menoscabar nuestra libertad? Resulta preocupante que el Estado abandone su adecuado papel subsidiario y, poco a poco, vaya orillando al individuo, a la familia y al resto de colectivos en la vida cotidiana. Cuando la comunidad política desplaza a la sociedad civil, a la cual debe servir, y no al revés como está pasando, retumba ese grito de un tipo totalitario que iba de patriota y de progresista a la vez, y que por supuesto también amasó una fortuna personal: “¡Exprópiese, exprópiese!”.