El plan B del PP para controlar la pandemia

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Que el partido popular deja de ser un partido de estado cuando no gobierna es una verdad incuestionable y podemos enumerar decenas de ejemplos que así lo acreditan. Desde la utilización del terrorismo como arma electoral abrazada por Aznar cuando ocupó el puesto de jefe de la oposición -reconocido por él mismo y por sus aduladores mediáticos (Luis María Ansón, Pedro J. Ramírez y otros), a sabiendas de que si no utilizaba este tipo de juego sucio nunca hubiera ganado las elecciones a Felipe González-, pasando por la acusación al ejecutivo de Zapatero de “romper España” y de pactar con “separatistas y terroristas”, de “traicionar a los muertos” víctimas del terrorismo o de hundir la economía (el ex ministro Montoro dijo por entonces que “se hunda España, que ya gobernaremos nosotros y la levantaremos…”), hasta acusar al gobierno de Pedro Sánchez de connivencia con el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, ser un gobierno “comunista-volchevique-socialista-terrorista-golpista” o ser el responsable de las muertes provocadas por la pandemia de la covid-19.

 

El PP, en estos tiempos, está encantado, además, con sus nuevos improperios, al verse amparado por un partido aliado con las viejas tesis fascistas del primer tercio del S. XX, VOX, con el que gobierna en varios territorios municipales y autonómicos (por mucho que su líder, Casado, se haya esforzado por escenificar distanciamiento con Abascal en el debate sobre la moción de censura presentada por éste, que ha sido sólo de cara a la galería y para seguir manteniendo cotas de poder, que perdería definitivamente si se alía totalmente con las tesis de Abascal y los suyos). Bueno es recordar también, y que es sobradamente conocido por la ciudadanía, que tanto Abascal como Casado proceden del mismo tronco, son hijos intelectuales de Aznar y Esperanza Aguirre y nietos de la ideología política que profesaban los líderes de la coalición de gobierno entre la CEDA de Gil Robles y el partido Radical de Lerroux, en el “bienio negro” de la Segunda República.

 

El primero, Gil Robles, aliado del fascismo italiano y partidario de aniquilar a los que no consideraba españoles y patriotas, diciendo en sus mítines que había que exaltar el nacionalismo español “con locura, con paroxismo, con lo que sea; prefiero un pueblo de locos que un pueblo de miserables” y tenían claro -como manifiesta Paul Preston en su último trabajo “Un pueblo traicionado”- quienes no tenían derecho a llamarse españoles: “judíos, heresiarcas, protestantes, comuneros, moriscos, enciclopedistas, afrancesados, masones, krausistas, liberales y marxistas”, por mucho que otros historiadores, como Javier Tusell, dijeran que, aunque Gil Robles hiciera a menudo declaraciones imprudentes, él mismo se identificaba más “con la derecha conservadora francesa, que con Mussolini”. El segundo, Lerroux, acusado desde mucho tiempo atrás, de corrupción política, por  apropiarse de fondos del erario público para fines privados.

 

En relación a la lucha contra la pandemia de la covid-19, el PP sigue instalado en una oposición frontal hacia los instrumentos que está utilizando el gobierno para combatirla: la declaración de un nuevo Estado de Alarma, queriendo sacar un “conejo de la chistera” ineficaz y propio de magos de “poca monta”. Desde el punto de vista jurídico, el instrumento (eso sí, excepcional, por supuesto) con el que la Constitución Española quiere que se aborde una epidemia sanitaria de estas características no es el de las leyes sanitarias, por muy orgánicas que sean, como la 3/1986 de 14 de abril, de Salud Pública. Así lo establece el artículo 4 b de la LO 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, al prever la declaración de Estado de Alarma ante “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. Y mediante este mecanismo excepcional y extraordinario se pueden restringir derechos fundamentales como “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos” y otros previstos en el artículo 11 de la referida Ley. Es un instrumento normativo extraordinario, como también son los motivos por el que tiene que utilizarse. Por suerte, no hay pandemias como esta todos los años; la última fue hace mas de un siglo.

 

En consecuencia, ese plan B al que alude el PP para limitar y restringir derechos fundamentales en casos de graves pandemias como esta, parece una entelequia y un medio que estoy seguro no utilizarían si estuvieran gobernando. Pretender restringir y limitar derechos fundamentales en normas generales sanitarias en combinación con otras de seguridad, también por su temática y contenido, es como querer regular una conducta delictiva y la sanción penal correspondiente en una norma diferente a la del Código Penal o a las leyes penales especiales, por muy leyes orgánicas que sean.

 

Con este plan B y sus peregrinos argumentos, el PP no pretende buscar instrumentos más garantistas en la restricción de derechos y libertades de los ciudadanos para combatir la pandemia, como proclaman a voces sus dirigentes y la prensa mediática que les apoya, sino seguir poniendo palos en las ruedas del consenso, de los pactos y de la unidad de acción política frente a esta lacra sanitaria. Es por ello que los objetivos del PP en este triste momento de nuestra historia son los siguientes: Primero, procurar por todos los medios acabar con el gobierno; segundo, acceder al mismo y conseguir el poder; y, tercero, luchar contra la covid-19 exigiendo que los demás grupos políticos apoyen -ahora sí, de lo contrario, serían anti patrióticos-  las acciones de su gobierno.