Domingo, 29 de noviembre de 2020
Ciudad Rodrigo al día

¡Viva Fernando!, y vamos robando

Vigésimo primer capítulo de la serie de Ángel Iglesias Ovejero sobre ‘Actitudes contrarias a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica’

Seguramente la aspiración prioritaria de la inmensa mayoría de españoles en este momento es quitarse de encima la losa de la pandemia que los oprime. Los más optimistas quizá sigan esperando de sus gobernantes que los saquen de este atolladero, aunque difícilmente tendrán la impresión de que los llevan por buen camino, pues desde hace tiempo, a falta de dar con la clave del problema, se dedican a enredar con él. Visiblemente esto sucede en la Comunidad de Madrid, donde gobiernan los partidos “conservadores”, que en vez de contribuir a salir de esta terrible situación, la aprovechan para sus fines partidistas, cuyos nefastos efectos repercuten en todo el ámbito del País, incluido este casi deshabitado rincón de Salamanca. Se guían por un oportunismo irresponsable que no repara en los medios. En sustancia todo reposa en una galopante desinformación basada en medias verdades, un arte en el que son consumados maestros los dirigentes del triunvirato derechista en el cual los neofascistas de Vox llevan la voz cantante, sobre todo cuando se trata de manipular abusivamente la LMH. Como ya hemos mostrado (“Secuelas”, 27/08/2019), es parte de la estrategia política de estas formaciones, heredada del franquismo que arrastran bajo la máscara de la monarquía constitucional.

Ahora quieren hacerse pasar por víctimas elegidas de un estado de alarma (“los madrileños somos rehenes”) de un Gobierno demonizado (“dictatorial”), presidido por un “tirano” (Sánchez), frente al cual ellos mismos se posicionan como defensores de la Constitución, la Monarquía, la Democracia, mediante un discurso guerracivilista. Lógicamente, en la carrera hacia el derechismo rancio parten con ventaja los más extremistas. Esta semana se está confirmando con una moción de censura, promovida por la extrema derecha, destinada a hacer imposible el diálogo con otras formaciones políticas, dividiendo incluso a los partidos “constitucionalistas” y, de paso, dificultando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Cuanto peor vayan las cosas, mejor para ellos. Esta gente está anclada en una estrategia frentista, que tan buenos resultados reportó a sus abuelos ideológicos durante cuarenta años. Sustituir el diálogo razonado por descalificaciones insultantes es el primer paso. Sus compañeros los imitan, porque deben de pensar que sus votantes son tan groseros como ellos (y los que apoyan al Gobierno acertarían en no entrar a ese trapo sucio). No parece que ni siquiera los menos vocingleros hayan escarmentado con el resultado desastroso que tuvo la incontinencia verbal de A. Rivera (“Pedro Sánchez y su banda”), la cual acabó por sacarlo de la política. Es Franquismo puro y duro, sin paliativos, cuyo objetivo quizá sea mejor no imaginar. En todo caso el cinismo es la norma habitual en el enfoque de asuntos candentes.

El Partido Popular se sirve de la presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid, que es su portavoz, como punta de lanza contra el Gobierno de España, utilizando todos los resquicios de la legislación para evitar tener que cargar con el mochuelo de un confinamiento inevitable. Hasta sus mismos aliados extremistas han sugerido que los pepistas han hecho todo lo posible para que dicho Gobierno haya tenido que aplicar el “estado de alarma”. De los recortes y privatizaciones de la sanidad pública que vienen de lejos (gobierno de Rajoy) y han motivado las palmarias deficiencias en el seguimiento y tratamiento de los afectados por el virus no dicen ni pío. Paradójicamente, la falta de medios y remedios les ayudan a vender “los buenos resultados” en Madrid, que ni sus más fervientes seguidores se creen, porque están a la vista (¡multiplican la media de poblaciones análogas en Europa!). Claman contra la “discriminación” que, según ellos, sufren con respecto a otras ciudades y Comunidades, pero la discriminación interurbana de Madrid (entre barrios “ricos” y “pobres”, de hecho) no les molesta. La falta de igualdad no les impide reclamar “libertad”, ellos, que vienen de espacios ideológicos donde no la había.

En el espinoso asunto de la renovación del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), que colea desde hace dos años, los dirigentes del PP se rasgan las vestiduras porque ven en peligro la independencia del Poder Judicial (y no les faltará razón) con la reforma que plantea el Gobierno. Al mismo tiempo ellos no hacen esfuerzo ninguno para subsanar esta anomalía, porque en la práctica les permite seguir beneficiándose del matiz político de dicho organismo constitucional (ahora mismo algo “anticonstitucional”) y, por añadidura, alardear de demócratas, paladines de la libertad y héroes numantinos de la unidad patria contra las tendencias centrífugas. Todo ello se escenificó a raíz de la frustrada presencia del Rey en Cataluña con motivo de la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces (25/09/2020), cuyo corolario fue una serie de meteduras de pata por parte de casi todos los que (por sus funciones) tuvieron ocasión de hacerlo. Ahora bien, la propuesta de los peperos para que solamente voten los jueces en la composición del CSPJ no tiene nada de inocua. Porque los jueces casi por definición son más conservadores que progresistas. En tiempo de Franco eran franquistas; en tiempo de la Monarquía democrática, moderadamente demócratas; y ahora “constitucionalistas”. La mayoría de ellos nunca ha destacado por su empatía con la Memoria Histórica  y con frecuencia han tenido comportamientos obstruccionistas.

Ha pasado más desapercibido el asunto que propiamente atañe a la manipulación partidista de LMH por parte de Vox y sus émulos colegas. El Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo del Tripartito derechista, aprobó la retirada en la capital de las calles, placas y estatuas de dos de sus defensores republicanos ante el asedio de los militares rebeldes y los agazapados de “la quinta columna”: F. Largo Caballero (1869-1938) e Indalecio Prieto (1883-1962). Quizá haya sido una revancha mezquina de los herederos ideológicos y biológicos de Franco, ofendidos por el desentierro del “Caudillo” (24/10/2019). Y no faltará quien vea en estas medidas un reflejo de la consensuada “equiviolencia” entre republicanos y sublevados en la desastrosa guerra civil, pues los guardianes de la memoria franquista los vinculan con “los asesinatos en el bando republicano”. Pero hay que dejar claro que la victoria en una guerra no legitima la causa que la motivó y la responsabilidad de quienes la declararon. Y esto es así por mucho tiempo que pase. Largo Caballero (UGT) y Prieto fueron dirigentes socialistas que tuvieron cargos en un gobierno legítimo. Estaban en su derecho y cumplían la obligación de defender la República. Cometerían errores o abusos, y lo pagaron caro, con el exilio en que murieron, en el caso de Largo Caballero después estar internado en un campo de concentración nazi y del que fue liberado, para morir al poco tiempo. F. Franco fue un traidor, un militar sublevado contra el Gobierno legítimo de su País, que se hizo con el Poder y se mantuvo en él por la violencia. Sacó beneficios morales y materiales para él y su familia, sin parase en barras, murió impunemente en su cama y fue enterrado en un templo católico, como si fuera un santo. Ahora sus restos reposan dignamente, mientras que los de muchas de sus incontables víctimas no se sabe adónde han ido a parar. Así que de “equiviolencia’, nada. Es de esperar que la historia ponga a cada uno en donde le corresponda. Entonces quizá los nombres de F. Largo Caballero e Indalecio Prieto vuelvan al callejero madrileño, y cabe la esperanza de que, en cambio, desparezca la desvergüenza en el de Ciudad Rodrigo, donde el nombre de Agustín de Foxá, fundador de un partido creado para la violencia (la Falange), designa la calle que conducía a uno de los mataderos de republicanos.


Uno de los objetivos buscados con el barullo desinformativo es precisamente ocultar una evidente y duradera secuela franquista de la Monarquía constitucional, como es la corrupción en que “el Caudillo” y sus familiares sentaron escuela, todos ellos devotos cofrades de Nuestra Señora del Perpetuo Recogimiento. La ciudadanía española se ha ido haciendo cada vez menos complaciente con este abuso en política, pero la Familia real, al tiempo que crecía y se multiplicaba, no se ha percatado de esta evolución de la mentalidad ni ha destacado por su ejemplaridad al completo. El llamado “Rey emérito” quizá haya pensado que él no iba a ser menos que sus antepasados absolutistas y su valedor juvenil “el Caudillo de España por la gracia de Dios”. Como un plebeyo republicano aspirante a presidir la nonata República Catalana, ha tomado las de Villadiego (dicen que en tierras de moros a usanza de los reyes y próceres cristianos medievales cuando la suerte les era contraria). En consecuencia, no se ha podido averiguar lo que haya de cierto en lo que ha contado alguna persona de su entorno más íntimo sobre su prurito de apalear millones y millones de euros, una cuantas decenas de los cuales han sido empleados como sustanciosos donativos a cambio de prestaciones personales.

Hasta que se aclaren estos asuntos tampoco se pueden sacar conclusiones sobre el influjo que el comportamiento regio ha podido tener en los políticos. Las apariencias y evidencias llevan a pensar que los líderes y responsables del partido más “monárquico” no necesitan incentivos especiales para dar cumplida satisfacción a su afán de lucro personal, que compaginan con la defensa verbal de la Constitución, la Monarquía y los símbolos nacionales. Con esto último hacen méritos para lo primero, a imitación de los servilones del primer tercio del siglo XIX, partidarios de Fernando VII “el Deseado”. Este infausto rey es figura importante del anecdotario español como dicente de frases de un cinismo solo superado por sus émulos de ahora. “Palo a la burra blanca, palo a la burra negra” resumía su credo en los políticos de entonces, liberales y absolutistas. La estrategia de estos últimos quedó plasmada en el dicho “¡Viva Fernando!, y vamos robando” que se hizo proverbial entre 1815 y 1823 para zaherir a los absolutistas que usaban el patriotismo como tapadera de su corrupción. Su difusión, al parecer, remonta al sermón del carmelita José del Salvador en presencia del rey el 24 de febrero de 1815. Se trata de un dialogismo híbrido, pues está constituido por dos dichos sin dicente ni elemento narrativo o descriptivo explícito, aunque se entiende que la primera instancia es un colectivo (nosotros) y el contexto explicativo se deduce de la situación histórica.

Esta anécdota viene a cuento cuando, al margen de los méritos y deméritos de la Familia real, se ve quiénes son los defensores de la Monarquía, que tal vez para diluirse no necesite del ímpetu republicano, cuyo arraigo está por ver debido a las urgencias inmediatas y al efecto de la propaganda adversa, antirrepublicana, por definición inherente al régimen monárquico. El día que los valedores de éste queden reducidos al susodicho Tripartito, apaga y vámonos, sobre todo si para defender la Constitución se promociona la idea de que la impunidad del monarca es parte de la “institución”. Más o menos esto es lo que se desprende de las intervenciones de quienes encarnaron el poder durante gran parte del reinado de Juan Carlos I, con la pinochesca figura de J. M. Aznar (pillado en flagrantes mentiras sobre la autoría de los atentados terroristas el 11 de marzo de 2004) o su predecesor F. González (a quien quizá no le hubiera importado la supresión de la O en la sigla del PSOE). Entre otros méritos, se ha sacado a relucir el comportamiento ejemplar (con zonas de sombra) en la fallida noche de los cuchillos largos española, con el Tejero de tres picos en el papel de antagonista, el 23 de febrero de 1981; pero, al margen de que evitar aquel desmán era obligación del Rey y él era el principal beneficiario, esto no le pone al abrigo de tener que aclarar sus actuaciones presuntamente delictivas posteriormente (“como el rey Jeroboab, que comenzó bien y acabó mal”). De hecho es una actitud complaciente y pobretona excusa que también manejan los hagiógrafos de Franco “el salvador de la cultura occidental”, cuya tolerancia con la corrupción y cleptomanía de su entorno familiar y su propia tendencia a recibir (o imponer) faraónicos regalos contrasta con su permanente autoritarismo y crueldad con los opositores al Régimen.

La Memoria Histórica no debe gran cosa a González ni Aznar, gobernantes que promovieron la política del silencio y el olvido de los crímenes franquistas. Son “desmemoriados” a los que, después de la publicación de la LMH, se ha unido M. Rajoy, con su fernandina frase “la Ley se está cumpliendo”, que para él consistía en dejar sin fondo alguno su aplicación. Este principio lo cumplió a rajatabla. El cinismo del personaje podía dar más de sí. Lo ha probado estos días, cuando al ser condenado su partido por la trama Gürtel, que financiaba la red de corrupción vinculada al PP, él se descargó por la tangente con otra lapidaria intervención en la que declaró que era una “reparación moral” a su persona por la moción de censura que lo echó del poder en 2018. Sus propios correligionarios, que han tratado de tergiversar sin resultado el sentido de la sentencia, habrán apreciado el piropo por lo que implícitamente significa sobre el grado de solidaridad con ellos.

Referencias

Ángel Iglesias Ovejero, (Secuelas 27/08/2019)

https://salamancartvaldia.es/not/217929/extremismo-centro-corrupcion-lenguaje/