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Tributos del Estado, una discriminación negativa más hacia el mundo rural
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Tributos del Estado, una discriminación negativa más hacia el mundo rural

Actualizado 07/10/2020
Miguel Corral

Alfonso Castilla denuncia que el sistema de reparto entrelos municipios contribuye a generar más desigualdades territoriales y que la España vaciada sea cada vez mayor

Cuando a los políticos 'profesionales', los que viven de ejercer la política, se les llena la boca diciendo que el mundo rural necesita de políticas de discriminación positiva por aquello de frenar el aumento de la España vaciada, otros, los 'amateur', los que ejercen la política por vocación y de servicio a sus vecinos, ponen 'el dedo en la llaga' y denuncian cada injusticia que consideran un agravio más contra los municipios más pequeños.

En esta ocasión, Alfonso Castilla, alcalde de Peralejos de Abajo, pueblecito de la comarca de Vitigudino de poco más de 100 habitantes, y también presidente de la Mancomunidad de Vitigudino, entidad integrada por una veintena de municipios, en su mayoría más pequeños que Peralejos de Abajo, quiere denunciar la discriminación que supone el reparto de los Tributos del Estado entre los distintos municipios de España y que los ayuntamientos destinan, en buena parte, a sufragar el gasto de personal funcionariado, especialmente los más pequeños.

Lo percibido por los ayuntamientos por este concepto va en función del número de habitantes (empadronados), aunque no todos los habitantes valen lo mismo. La cuantía asignada por habitante se realiza en función de distintos factores: municipios de más de 75.000 habitantes, capitales de provincia, capitales de comunidades autónomas, actividad turística, IRPF, IVA, hidrocarburos, tabaco, etc., y ahí es donde los municipios más pequeños salen perdiendo.

El reparto es lineal por número de habitantes, pero de acuerdo con la aplicación de los factores anteriores, los habitantes de Barcelona, por ejemplo, 'valen' más que los de Madrid. Así lo dejó estipulado el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado mediante el Real Decreto2/2004 de 5 de marzo, tal vez la última ley aprobada por el Gobierno de José María Aznar con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda.

Y este reparto de los Tributos del Estado es considerado por Alfonso Castilla "totalmente discriminatorio, es la puntilla para el mundo rural", sentencia. Como ejemplo de lo que Castilla quiere denunciar, baste decir que el Ayuntamiento de Barcelona recibe al mes por habitante 59,98 euros, mientras el de Madrid recibe 43,65 euros, más del doble si se compara con Albacete, cuyo Ayuntamiento recibe 20,68 euros por habitante al mes, 25 euros el de Salamanca y 14 el de Peralejos de Abajo.

El sistema de reparto no es más que la pescadilla que se muerde la cola, los municipios con mayor poder económico reciben una mayor financiación, lo que genera que la brecha socioeconómica sea cada vez mayor entre los municipios más pequeños y el resto, lo que hace que la España vaciada sea cada año mayor. A esto hay que añadir que las inversiones o el gasto por habitante supone un coste mayor para los municipios menos poblados que para aquellos con mayor número de habitantes: "A mayor población el gasto por habitante en cualquier inversión es menor", recuerda Alfonso Castilla.

Por ello, el alcalde de Peralejos de Abajo pide que se apliquen unos criterios más favorables hacia los municipios más pequeños si de verdad se pretende frenar el aumento de la despoblación en el mundo rural y la España vaciada, y que no todo se quede en palabras vacías de verdaderos propósitos, aunque así las cosas, la suerte para los más pequeños parece que ya está echada, porque ningún Gobierno se atreverá a modificar una ley que beneficia a la mayoría del conjunto de la población.

Todos los gobiernos que han pasado por el Parlamento han refrendado con su aprobación, consentimiento o pasividad, por no haber promulgado una modificación de la norma cuando han tenido la oportunidad, el actual reparto de Tributos del Estado, por lo tanto "todos son responsables", añade Alfonso Castilla, que aboga por un "cambio de la ley como hacen para lo que les interesa", aunque la cuestión aquí es ver quién se atreve a ponerle el cascabel al gato y si el resto de partidos no se le echarían a la yugular.