Miércoles, 21 de octubre de 2020

Perplejidad

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Lo que está ocurriendo en los últimos tiempos entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el de España en relación a la gestión de la pandemia de la Covid-19 es más propio de un Estado fallido, clientelar, caciquil y corrupto que de un Estado Social y Democrático de Derecho como el que creemos disfrutar los españoles. Los principales responsables de este desaguisado son, por un lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, un personaje político incompetente, resentido y necio que, en lugar de intentar gestionar de la forma más honesta y digna los intereses generales de los madrileños, destila odio hacia los adversarios políticos. Sólo con escuchar sus paupérrimos discursos nos percataremos de sus múltiples carencias. Un responsable político, por muy ofendido que se sienta ante la cada vez más ingrata dialéctica parlamentaria, debe aportar serenidad, sosiego y sentido común; algo que tanto falta en estos tiempos de rabia y cólera colectiva.

Pero, en esta desagradable misión, Díaz Ayuso no está sola; quizá por ser una mandataria “políticamente dependiente”, sin autonomía para adoptar soluciones a los problemas sociales cotidianos, simplemente porque no está capacitada para ello. No está sola porque su padrino político, el señor Casado, es el adalid de los “bandazos políticos”, que transmite a sus disciplinados subordinados del PP que ocupan puestos de relevancia en la administración autonómica y local y lo está demostrando día a día. Es más, ha llegado a contradecirse en sus declaraciones dentro del mismo día e incluso dentro de la misma conferencia de prensa realizada.

Sabemos que acusó al ejecutivo de Sánchez de autoritario cuando se declaró el Estado de Alarma y sus sucesivas prorrogas, apoyando las primeras y renegando de las últimas. Posteriormente, cuando se controló la primera oleada, terminó el Estado de Alarma y las Comunidades Autónomas asumieron las competencias para determinar confinamientos en virtud de los rebrotes de la pandemia, se acusó al gobierno de no tomar cartas en el asunto porque, según Casado, en estos casos debe ser el gobierno de la nación el que tome las decisiones. Finalmente, al comprobar el gobierno central que Madrid no ha sido responsable –como, por cierto, sí lo han sido otras Comunidades Autónomas- al no contratar a los rastreadores prometidos, al no mejorar los servicios de atención primaria, al no incrementar el número de médicos y enfermeros (tan necesario) y al tener la sanidad “hecha unos zorros”, intenta tomar el mando de la situación (recordemos que más de 1/3 de contagiados y fallecidos por el coronavirus se produce en Madrid), Casado vuelve a acusar al gobierno de Sánchez de “autoritario” y de “poner la ideología por encima de la salud”. A este respecto le vendría bien a Casado la expresión que una ministra del gobierno Aznar, Margarita Mariscal de Gante (de justicia) profirió por unas críticas que la entonces oposición le realizó por su gestión: “cree el ladrón que todos son de su condición”, porque el líder del PP, antes de que se reuniera el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y por medio de la responsable de política social de este partido, Ana Pastor, ordenó a los consejeros de las CC.AA en las que gobierna el PP que votasen en contra de las propuestas el ejecutivo central. Incluso los responsables autonómicos que se auto proclaman más tolerantes y sosegados como el gallego Feijoo o el andaluz Moreno Bonilla “obedecieron sin rechistar”. La tolerancia, el sosiego y la predisposición al diálogo y al consenso algunos lo poseen cuando están arriba, mandando, pero cuando eso no ocurre también dejar ver su “patita” de soberbia. Ya se sabe, “líbrame de las aguas mansas que de las malas me libro yo”.  En cambio, y todo hay que decirlo, los responsables sanitarios de la Junta de Castilla y León han aportado sensatez y las declaraciones de su presidente, Fernández Mañueco, después del apoyo de esta Comunidad a las restricciones adoptadas en el Consejo Interterritorial, han sido coherentes y sensatas, porque el enemigo no es el adversario político sino el maldito virus y todos los políticos y gobernantes deberían remar en el mismo sentido; de lo contrario, es muy difícil avanzar.

Resulta patético que ante la grave situación sanitaria y económica que padecemos como consecuencia de la pandemia, las sesiones de control al gobierno se desvíen hacia otros asuntos que nada aportan a la gestión de lo que realmente interesa, distorsionan la atención de la ciudadanía y sólo generan crispación. Muy mal le tienen que ir las cosas al PP para basar el centro nuclear de su política, exclusivamente, en defender al Rey y a la bandera española, dando a entender que apropiándose de estos símbolos, apoyan a los españoles, cuando los único que les mueve es la consecución del poder, lo demás es secundario. Son los mismos postulados de apoyo que avalaron los gobernantes y los poderes fácticos en el pensamiento político del absolutismo monárquico del XIX y en la dictadura franquista del XX.

Parece que a los políticos conservadores es lo único que les interesa de la Carta Magna del 78 a la que tanto dicen defender ahora, porque se pasan por el “arco de triunfo” la libertad de expresión de los que no piensan como ellos, satanizando a quienes dicen preferir la República a una Monarquía (aunque sea un ministro, que también tiene libertad de expresión y es su opinión, sabiendo que en el ejercicio de su función, respeta el ordenamiento jurídico vigente), ni la independencia del Poder Judicial, bloqueándolo constantemente, al negarse a su renovación porque saben que la composición actual les favorece considerablemente (y son muchos los procesos pendientes que el PP tiene por presuntos casos de corrupción), ni el sistema tributario justo inspirado el los principios de igualdad y progresividad, negándose a subir los impuestos a las rentas más altas, ni la potenciación de las políticas públicas como sanidad, educación y servicios sociales de calidad en el que tengan acceso todos los ciudadanos (recordemos que han privatizado muchos de estos servicios en los últimos años allí donde han gobernado), ni las políticas económicas encaminadas a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la discriminación.

¿Qué hemos hecho los españoles para tener que padecer a unos políticos tan necios e irresponsables?