Los archivos de los presidentes del Gobierno
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El proyecto de Ley de memoria democrática en curso contempla la creación de una fundación pública "que tendrá como objeto el mantenimiento, preservación y custodia de los archivos de los Presidentes del Gobierno (?), así como cualesquiera otros documentos y bienes que se le confíen" (disposición final 7ª). Va de suyo que se trataría primero de recuperar esa documentación, que ahora mismo se halla mayoritariamente "privatizada" en manos de los titulares de la Presidencia o de sus familias, desde Adolfo Suárez en adelante
Esta situación es por completo anómala, inusual entre los países democráticos y, desde luego, ilegal. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 establece que «forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados (?) en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público (artículo 49). Y añade que «quienes por la función que desempeñen tengan a su cargo documentos a los que se refiere el artículo 49.2 están obligados, al cesar en sus funciones, a entregarlos al que les sustituya en las mismas o remitirlos al Archivo que corresponda». Algo que se ha venido ignorando desde que lo denunciara Javier Tusell, siendo Director General de Patrimonio en un gobierno de Adolfo Suárez: «España es un país con muchos archivos privados a los que no hay acceso, porque, habitualmente, los dirigentes políticos ?incluso ahora? guardan en su domicilio y no en los archivos administrativos gran parte de la documentación que se genera".
Esta es una mala costumbre general, visible también en ministros y otros altos cargos, tanto civiles como militares. Algunos han cedido sus documentos a entidades particulares. Por ejemplo, los políticos cercanos al Opus Dei los vienen cediendo a la Universidad de Navarra para que los cataloguen, custodien y puedan servir de base a investigaciones académicas (es el caso de Herrero Tejedor, López Rodó, Ibáñez Martín, Licinio de la Fuente, Antonio Garrigues y otros). Pero por muy meritoria que sea esa labor, no es lo que dispone la ley al respecto y por eso ahora se trataría de "renacionalizar" toda esa masa documental. Muchos otros conservan sus archivos, que impropiamente califican de "personales" y son excepción los que los transfieren a archivos públicos, como hicieron los sucesores del general Yagüe hace unos años, no sin pleitos de por medio.
Dejamos para otro momento las reflexiones que nos suscita este asunto, que no puede ser visto sino como una muestra más de las debilidades de nuestra democracia.
(Imagen: logo de la Fundación Felipe González, que presume de ser "el primer expresidente de Gobierno de España que pone a disposición de la ciudadanía sus archivos")
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