R.D.E.

Cuando el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, reunido en Galapagar con compañeros del partido, pronunció aquellas palabras: “Entendedme, tenemos que retorcer el tema de las residencias y que no busquen responsabilidades en el Gobierno de la nación porque las competencias son autonómicas”….”Manifestarse, aunque luego os tenga que multar”, estaba haciendo realidad la doctrina socialista predicada por Pedro Sánchez desde que accedió al poder: manejo útil de la propaganda dejando de lado la verdad –Pablo Iglesias ya había alardeado de hacerse cargo, personalmente, de la gestión de todas las residencias-, contrarrestar  cualquier error propio, o logro del adversario, sacando a relucir aspectos oscuros de su pasado debidamente “preparados” en las cocinas de Ferraz, y extender esta forma de hacer política a todos los ámbitos del partido.

            La desafortunada forma de gestionar una crisis tan grave como la que estamos atravesando es tan manifiesta que sólo los estómagos agradecidos son capaces de poner en duda. Por tanto, una sensación tan extendida, dentro y fuera de España, debe ser rápidamente neutralizada con la campaña que menoscabe a la oposición y redima a un gobierno que está a la deriva.

            En un país donde se desploma el PIB un 20 %, donde los empresarios se ven sin ayudas e incapaces de recuperarse, donde el paro se dispara hasta niveles de la transición, donde lideramos los peores datos epidemiológicos, algo habrá que hacer. Hace menos de un mes, todo indicaba que Sánchez no contaría con los apoyos suficientes para sacar adelante los PG. Hoy, a base de apoyarse en los mismos que facilitaron la moción de censura, conseguirá aprobar unas cuentas que traerán consigo más de una deshonra para buena parte de españoles, más de un arañazo a la Constitución y un probable rechazo de la Unión Europea. Cualquier político sensato, honesto y fiel a sus paisanos intentaría aligerar cualquiera de los frentes que ahogan a la población, pero el misterioso comité de expertos –más bien el trío SIR: Sánchez, Iglesias, Redondo- sacó los tres cubiletes y comenzó a sacar las bolitas más urgentes. Primera medida capaz de crear puestos de trabajo: desenterrar a Franco. No en vano, desde hace 45 años, los españoles no pensábamos en otra cosa que desenterrar del Valle de Los Caídos a quien había dejado escrito su deseo de reposar junto a su esposa. Nada había más urgente. Esa losa estaba impidiendo el desarrollo necesario para que nuestra economía levantara cabeza. Ahora será todo distinto.

 Pues no, señores del gobierno. Una vez más se han equivocado. Han vuelto a meter la pata resucitando a un personaje que no conoció media España y del que la otra mitad, satisfecha de haber olvidado las graves consecuencias de nuestra guerra civil, ya ni se acordaba. Pero, saben que desenterrado Franco las cosas no cambiarán y no han tenido más remedio que mostrar sus cartas. Vuelven a sus orígenes: el sectarismo y el revanchismo de la Segunda República, aquel “pacífico” régimen político que resultó ser una verdadera cuadrilla de delincuentes y que permitió toda clase de atrocidades hasta llenar de sangre y destrucción todos los rincones de España. Régimen que, por cierto, prostituyó la palabra Democracia para convertirla en una verdadera dictadura del terror. En aquella ocasión, una de las víctimas que con mayor intensidad y mansedumbre sufrió las consecuencias de la vesania de la izquierda fue la Iglesia ¿Qué le ha hecho la Iglesia a la izquierda para que siempre sea el primer blanco de su ira? ¿Cómo es posible hacer daño a quien no hace distingos a la hora de hacer el bien? En una situación como la actual ¿qué institución no oficial supera a la Iglesia en la asistencia a enfermos, necesitados y desamparados?

Después de exhumar los restos de Franco ¿qué se pretende al “clausurar” un templo o volver a la expulsión de órdenes religiosas? ¿Y ¡derribar la cruz!? Qué hace más daño al gobierno ¿el Valle de los Caídos, como monumento que recuerda el final de la guerra civil, o una Cruz que tanto se ve? Entendería el primer supuesto porque algún resentido puede pensar que el monumento representa la victoria de uno de los bandos –cuando todos sabemos que esa guerra la perdimos todos-; pero ¿por qué ese afán por derribar la Cruz? Para dar una idea fidedigna de las razones que mueven a este gobierno de descerebrados, basta analizar el pensamiento de la vicepresidenta Calvo. Una profesora de derecho se queda tan ancha diciendo que la Cruz del Valle de los Caídos es un símbolo del nacionalcatolicismo. Por esa regla de tres ¿habrá que acabar con los pantanos, las pagas extraordinarias o las universidades laborales, por ejemplo?

Como siguen anclados en el cliché socialista de la Segunda República, y se les queda pequeña la ley de la memoria histórica, vuelven a mancillar la palabra democracia y ahora se sacan de la manga la Ley de la Memoria Democrática. Siguen reñidos con la verdad y les ha faltado añadir otro apellido a esa ley: Selectiva. Decir que hubo barbarie en los dos bandos es reconocer una triste realidad que, para nuestra desgracia, nunca debemos olvidar. Después de más de 80 años, cuando los verdaderos testigos de la tragedia fueron capaces de olvidar y perdonar, pretender ahora resucitar odios son ganas de dinamitar la reconciliación alcanzada en el 78. Fosas comunes, para nuestra vergüenza, hubo en los dos bandos. Lo dicen los pocos historiadores imparciales que han tratado el tema. Sin entrar a cuantificar los cadáveres de uno y otro lado –en los dos hubo demasiados, y nunca nos pondremos de acuerdo- es de justicia proporcionar para ellos un digno lugar de reposo. Todos los esfuerzos que haga el Estado en esa dirección serán siempre agradecidos. Lo que no es de recibo es promulgar una ley que se refiera a un solo bando y se olvide del otro.

Claro que, hablando de olvidos, se puede esperar lo peor de un gobierno que se olvida de varios miles de fallecidos en la pandemia para tratar de paliar la consideración que merece su gestión.  Pero si eso es grave, mucho más lo es que el presidente del gobierno, lamente profundamente el suicidio de un preso de ETA, sólo para intercambiar favores en sede parlamentaria, y se olvide de los varios centenares de miembros de las FCSE y algunos compañeros de su propio partido asesinados por esa banda, que nunca se arrepintió de sus crímenes.

Ante una crisis tan grave, el gobierno vuelve a echar mano de su fórmula.  Cuando Alemania quedó dividida tras la GM II, la zona controlada por la URSS recibió el nombre de República Democrática Alemana (R.D.A). Durante los 40 años que duró el experimento, el soñado paraíso socialista se convirtió en una jaula llena de pobreza y vacía de libertad. Para la izquierda marxista, democracia equivale siempre a dictadura. El Estado está por encima de todo lo demás y la vida de las personas carece de valor. Las alambradas del muro de Berlín o los múltiples Gulag han sido trágicos testigos de esta clase de democracia. Pedro Sánchez –que no necesita a Pablo Iglesias para practicar esa manera de entender la política-, con su nueva Ley de la Memoria Democrática, está dando los primeros pasos para escribir una nueva Historia de España que siente las bases de una República Democrática de España (R.D.E.). En esa Memoria Democrática, ¿aprenderán los niños de Cabra –cuna de Carmen Calvo- que los aviones de la Republica bombardearon su ciudad poco antes de finalizar la guerra y causaron 100 muertos y 300 herido, o sólo se hablará de Guernica?

 Varias veces he manifestado mi convencimiento de que Pedro Sánchez no participa de la esencia de la nueva socialdemocracia porque se acerca más al rancio comunismo del Frente Popular. Le gusta liderar el único gobierno de comunistas en Europa y nada le aparta de esa idea porque, para desgracia de los españoles, cuenta con el apoyo necesario para mantenerlo. De que consiga subsistir seremos responsables todos los españoles.