Domingo, 27 de septiembre de 2020

Nueva Ley de Memoria histórica: ¿por fin en serio?

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una de sus ruedas de prensa sobre la ley de Memoria Democrática. Foto EP

Decía Pío Baroja que en España la revolución (aunque más bien se refería al liberalismo) es como un carro tirado por mariposas: algo con avances muy lentos y ocasionales retrocesos. Una metáfora muy propia también para las políticas de la memoria en España, aún a la espera de una formulación suficiente y de una acogida general en la sociedad española.

Hace casi 20 años, el Ministerio de la Presidencia, entonces con Teresa Fernández de la Vega como titular, preparó una ley de memoria histórica que, tras varios retrasos,  apareció en el BOE en 2007. Cinco años antes había habido una resolución unánime del congreso que condenaba el franquismo y a la vez pedía al gobierno una ley que atendiera a sus víctimas. Antes de eso, ni la transición ni los gobiernos del PSOE ni, menos aún, del PP, habían afrontado este asunto, más allá de algunas compensaciones a antiguos militares y maestros de la república y presos del franquismo. El empate estratégico entre las fuerzas de oposición al franquismo y los reformistas del Movimiento determinó que la democracia española se asentara sobre el olvido de la Dictadura y de sus víctimas –así como de la II República como referente democrático– y el continuismo del aparato del Estado (judicatura, fuerzas de seguridad, Movimiento) y de las élites económicas y financieras.

La ley de 2007 tuvo muy escaso aliento: hubo que esperar a 2011 para que saliera un protocolo de exhumaciones de fosas comunes, mientras que el Centro documental de la memoria histórica, creado en Salamanca con el fin de promocionar los valores de esa memoria en el conjunto de la sociedad, apenas ha tenido incidencia en ese ámbito. Ante la pasividad de las administraciones, buena parte de las iniciativas han estado impulsadas por familiares de víctimas y asociaciones, bien es cierto que contando a veces con ayudas públicas. Después de 2011, el ignominioso “cero patatero” de M punto Rajoy.

Prácticamente todas las disposiciones de la nueva ley (la asunción de las exhumaciones por parte del estado, la anulación de las sentencias de los tribunales especiales, la resignificación del Valle de los caídos, el acceso sin trabas a los archivos de la represión, la integración de la memoria democrática en los currículos escolares) llevan décadas planteadas y, aunque ahora reciban esa protección legal, es el momento de recordar a cuantas personas han fallecido sin llegar a ver satisfechas sus expectativas de reparación, ya como víctimas o como familiares.

Seguramente la tramitación de la ley, impulsada por la recién creada Secretaría de la Memoria Democrática con participación de asociaciones y asesores cualificados, deberá tener un desarrollo en el que se concreten y mejoren algunos puntos del anteproyecto. No queda muy claro, por ejemplo, el ámbito de acción de la nueva fiscalía creada para investigar los crímenes del franquismo, teniendo en cuenta la ley de amnistía y los reiterados pronunciamientos de la judicatura española en estos temas, más bien propensa al “borrón y cuenta nueva”.  La desmesurada reacción de rechazo que ha suscitado la comparecencia de Rodolfo Martín Villa, jerarca franquista y ministro de la transición, ante la jueza de la llamada “querella argentina” (que, por cierto, tiene entre sus primeros denunciantes a Inés García Holgado, con varios asesinados en su familia, vecinos de Lumbrales en 1936), muestra cosas lamentables de nuestra clase política, como son un espíritu de cuerpo mal entendido y una muy escasa sensibilidad ante los principios de la justicia universal.

Que 45 años después de la muerte del dictador aún estemos pendientes de resolver este asunto se presta a muy sombrías reflexiones acerca de la salud política de la sociedad española. Un poco cansados de esperar tanto, confiamos en que por fin este asunto encuentre cauces para su solución.