Martes, 22 de septiembre de 2020

Sres. políticos: el okupa nos preocupa

Como siempre ocurre, nuestro pasado ha marcado el presente. El hecho de haber sido España una nación que llegó a dominar medio mundo puede haber contribuido a marcar nuestro carácter con cierto tic de autosuficiencia. En el fondo, el español es alguien que se cree, si no superior, al menos diferente a los demás. Cuando llegan las vacas flacas, seguimos mirando al resto por encima del hombro. Nuestros famosos Tercios, que asombraron a propios y extraños durante la época de los Austrias, poco sirvieron para compensar las distintas derrotas que puedan haber sufrido nuestras tropas desde entonces y, sin embargo, más de un paisano entusiasta sigue pensando que nuestro ejército sigue siendo el mejor. Pasamos buena parte del siglo XX sumidos en una crisis política, económica y social, hasta que nos convertimos en una nueva democracia y, por supuesto, para buena parte de españoles piensa que ya disponemos de la democracia más avanzada de occidente. Para no ser menos, nuestros políticos se ponen a legislar y pretenden elaborar las leyes más actuales, progresistas y magnánimas de todo el orbe, y algo que de entrada podíamos considerar positivo se vuelve contra nosotros porque nos pasamos de rosca.

Somos muchos los españoles con escasos conocimientos de Derecho, pero sí preocupados por el actual estado de cosas. Algo que comenzó siendo verdaderamente testimonial, por la melindrosa política de no pasar a la historia como el malo de la película y atizado por los fogoneros del antisistema, ha acabado convirtiéndose en un verdadero problema. El artº 47 de nuestra Constitución dice:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, …”  

Y como “la compleja y dura realidad socioeconómica, ha producido en los últimos años un considerable número de desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial”  los gobiernos de turno –sin excepción- creyeron salir del apuro olvidándose de una verdadera política social y haciendo la vista gorda con el nuevo fenómeno de la “okupación”. De momento, los políticos han desnudado un santo para verter a otro, porque, con su política de mirar hacia otro lado, se han olvidado del artº 33 de la misma Constitución:

            1.- Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2.- La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.           

3.-  Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

 

Es fundamental que los poderes públicos se afanen en solucionar el grave problema de la vivienda, pero no tiene mucha explicación que esos mismos poderes se muestren inflexibles cuando, por ejemplo, un contribuyente en apuros deja de cumplir con su obligación tributaria y, sin andar con paños calientes, se le aplica el peso de la ley desde el primer momento -como debe de ser. Sin embargo. esa misma ley ha permitido más de un subterfugio legal para demorar la permanencia del okupa en la vivienda asaltada mucho más tiempo del que sería de desear.

Si a todo lo anterior añadimos la certeza contrastada de que tras este nuevo movimiento no siempre están personas que necesiten imperiosamente un nuevo hogar y sí una nueva base de operaciones delictivas, y que lo que sí ha surgido es una verdadera mafia dispuesta a hacer su agosto, uno llega a la conclusión de que hay ciertas fuerzas dispuestas a no solucionar algo que, de momento, está proporcionando votos.

Cuando se agudiza este serio problema, aparecen los bomberos de siempre apuntando razones prendidas con alfileres. Poniendo como pantalla el poder de una banca a la que se atribuye el papel de malo de la película, se trata de encubrir otra serie de actuaciones que encierran un verdadero ataque al derecho a la propiedad privada. La realidad es que los bancos deben hacerse cargo de un indeseado patrimonio inmobiliario como consecuencia del impago de las cantidades adelantadas a promotores o primitivos compradores. En uno y otro caso, el inmueble pasa a ser propiedad del banco ante la imposibilidad de abonar enteramente el préstamo. El boom inmobiliario de pasadas décadas ha hecho que más de un promotor sea visto ahora con piel de usurero, pensando que su desmedida ambición ha sido la causa del fracaso. Consecuencia directa: hay un grupo de viviendas –muchas veces acabadas- que se cierran hasta una dudosa y larga solución del problema. Pero, el sufrido comprador de una vivienda, convencido de su capacidad para salir airoso de la operación, tampoco es culpable de que el destino le haya jugado una mala pasada en forma de enfermedad o desempleo. De nuevo, la consecuencia vuelve a ser otra vivienda cerrada. En cualquier caso, el nuevo propietario de esos inmuebles deberá hacerse cargo de su custodia y seguridad.

Otro caso muy distinto es el del propietario consolidado de una vivienda. Actualmente, como consecuencia de los sucesivos confinamientos, se ha centuplicado el fenómeno de okupación de viviendas. Los numerosos propietarios de una segunda vivienda temen encontrarse la suya invadida por unos individuos que, con todo el descaro del mundo, amparados por algunas autoridades que jalean su conducta y con el apoyo de grupos afines convocados por las rede sociales, son capaces de oponerse con violencia a quienes pretendan expulsarlos de la propiedad usurpada. Lo grave de esta situación es que los infractores se ven amparados por unas leyes que menosprecian a los verdaderos propietarios y amparan hasta lo incomprensible los inexistentes derechos de unos delincuentes.

La comprobación del estado en que dejan esas viviendas quienes han residido en ellas es para echarse a llorar. Ya no es sólo la falta de higiene –espeluznante-, es que se busca intencionadamente el vandalismo que convierta ese inmueble en inhabitable. No en busca un hogar para vivir, sino un taller donde ejercitar la barbarie.

Cuando comprobamos que en otras democracias de nuestro entorno basta la presentación del correspondiente título de propiedad del inmueble para que la policía desaloje a los okupas en el acto, dan ganas de zarandear a los políticos. ¿A qué esperan para acabar con esta lacra? Déjense de falsos progresismos que dan cobijo a delincuentes y preocúpense de hacer cumplir las leyes. Por cierto ¿alguien sabe de un político a quien se haya ocupado una de sus viviendas?  El problema es de los demás. Sí, de los que pagamos sus nóminas y cometemos la torpeza de votarles.