Una década sin progresos en contra del matrimonio infantil en América Latina y el Caribe

Liseth Ximena León Botero

Defensora de los Derechos Humanos

El matrimonio infantil como fenómeno social tiene una relación multicausal, lo cual implica que debe ser analizado desde diferentes puntos y, por ende, constituye un reto de intervención social global en perspectiva de derechos. Esto, sin embargo, implica una urgencia de desvalidación, prohibición y no acción; ya que trae consigo la violación de derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la educación, la libertad de expresión y participación, entre otros tantos.

Se estima que a pesar del reconocimiento de lo mencionado tanto por los estados como por entidades y organizaciones internacionales que se enfocan en la lucha y la defensa de los derechos, siguen existiendo brechas debido a la presencia de estados frágiles, los cuales no promueven políticas públicas, ni hacen inversión social que permita una mayor equidad, además de una promoción de no normalización en las sociedades del matrimonio infantil.

Al respecto, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el informe del Estado de la Población Mundial en 2019, cerca de 800 millones de mujeres que viven en la actualidad se casaron cuando eran niñas. Sin embargo, en los últimos informes generados al respecto, se declararon disminuciones significativas en las cifras a nivel mundial, lo que plantea avances al respecto.

A pesar de ello, UNICEF informó que América Latina y el Caribe son las únicas regiones del mundo en las cuales los matrimonios infantiles y las uniones tempranas no han disminuido; esto quiere decir que hay una permanencia de los indicadores desde hace veinticinco años, en los que una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años, lo cual llega a ser una cifra más alta que en Oriente Medio y África del Norte.

Como características específicas del fenómeno en el contexto latinoamericano, se encuentran las relaciones de interdependencia económica, ya que los matrimonios se dan por lo general con hombres mucho mayores; lo cual se presenta de forma significativa en contextos de pobreza, ruralidad y grupos originarios o afrodescendientes. Esto lleva a pensar queel matrimonio infantil no es solo una situación de orden tradicional, sino que además responde a los procesos de inequidad social y pobreza.

Como evidencia de ello, Guatemala es uno de los países que presenta mayores índices de matrimonio infantil en los últimos años, y además ha tenido un incremento en la pobreza y los procesos migratorios; por lo cual muchas niñas se ven forzadas a tomar la decisión de una unión temprana con el ánimo de tener una forma de garantizar su seguridad económica y la de su familia, ya que no hay alternativas en economía, educación, salud o mitigación del hambre.

Al respecto, dentro de las posibles consecuencias de esta situación, están el aumento en riesgos a la salud, embarazo adolescente, evasión escolar, salarios bajos en la edad adulta, menor autonomía y mayor riesgo de violencia debido a la dependencia de la pareja.

Lo anterior implica la repetición de los denominados ciclos de la pobreza, lo cual consiste en una multiplicidad de factores que influyen en que se repitan las condiciones de empobrecimiento de forma generacional. Esto se interrumpe solo cuando hay cambios que mejoran las condiciones de vida a través de la mitigación del hambre, la garantía de condiciones sanitarias y la educación, por lo cual, a menor índice de inversión en educación y desarrollo social, más índices de pobreza y por ende de sometimiento al matrimonio infantil o servil como condición de supervivencia.

Lo mencionado implica una constante violación de derechos y libertades de miles de niñas y mujeres alrededor del mundo, poniendo a América Latina y el Caribe como focos importantes que deben ser visibilizados y puestos como prioridad en las agendas políticas ya que es urgente su intervención y acción social.