Lunes, 28 de septiembre de 2020

Los sentimientos de culpa y las muertes de miles de ancianos en las Residencias

Los miles de ancianos fallecidos en Residencias de mayores de toda España por el COVID19 en el período comprendido entre marzo y junio del presente año, ha sido un fenómeno sobrecogedor, por único y porque contiene numerosas preguntas sobre qué hechos y cómo se han encadenado para producir esta catástrofe colectiva.

El núcleo de la cadena de acontecimientos se sitúa en las primeras semanas del pasado mes de marzo con las decisiones tomadas por los responsables de la gestión administrativa y sanitaria de estas Residencias, ante los primeros casos de ancianos residentes contagiados por coronavirus. Según medios periodísticos, muchos responsables de Residencias dieron la orden de no actuar con estos enfermos, en el sentido de no trasladarlos a Hospitales ni a UCIs, sino dejarlos en las propias Residencias. Pero dichas Residencias en general nunca han tenido unos servicios sanitarios especializados y menos aún para una pandemia desconocida.

Hace un par de semanas hemos podido leer en la prensa una amplia entrevista con un epidemiólogo de un Hospital, en Cataluña, en el que argumentaba los motivos clínicos de estas decisiones de no derivar estos pacientes a las UCIs u Hospitales: muy en resumen su argumentación era que los enfermos de COVID19, que presentaban a la vez otras patologías, tendrían un porcentaje de posibilidades de superar la enfermedad en las UCIS muy bajo, y que incluso los pocos enfermos que superaran la infección, tendrían una baja esperanza de vida en el año posterior a esta hospitalización. Como el número de camas hospitalarias se empezaba a colapsar por los numerosos enfermos de la pandemia necesitados de tratamientos urgentes, parecía razonable dar prioridad a los pacientes con más posibilidades clínicas de superar la enfermedad.

            Aunque admitiéramos la relativa racionalidad de estas decisiones, no podemos negar dos hechos previos decisivos: primero, que la gran mayoría de las Residencias de ancianos siempre han carecido de una infraestructura sanitaria eficaz, pues están concebidas como residencias no medicalizadas. Y segundo hecho, decisivo y obvio: los ancianos de las residencias han sido contagiados por personas externas, como los familiares u otros visitantes o por personal del propio centro transmisor del virus. Es decir su dispositivo residencial  no les impidió ser contagiados; no hubo cuidados suficientes preventivos.

Cuando se ha argumentado que prohibir las visitas de familiares era una experiencia muy traumática emocionalmente, se da a entender que no se reflexionó suficientemente en el tema, pues se podría haber diseñado estas visitas con dispositivos de distancia física y protectora ante el riesgo de contagios.

En resumen, negar el sentimiento de culpabilidad moral que debería implicar esta cadena de fallos en los cuidados de nuestros ancianos, sirve exclusivamente para no modificar las causas que dieron lugar a ello. Esta culpabilidad nos concierne a toda la sociedad, como responsable última de admitir un sistema de protección con tantos agujeros. Hace meses las diversas Administraciones prometieron una mejora significativa  en número de geriatras, en número de personal sanitario y auxiliar en las Residencias, pero no parece que esta mejora se haya realizado. Un sano sentimiento de culpa, con los pies en la realidad, sirve para reparar los daños y fallos cometidos. Y esta reparación nos concierne, en alguna medida, a todos.