Pandemia, poder autonómico y división política

Profesor de Derecho Penal de la Usal

La crisis sanitaria y económica que está generando la pandemia de la Covid-19 sigue siendo el principal motivo de controversia de la clase política española, fundamentalmente, entre las formaciones de gobierno y la oposición de PP y Vox, puesto que desde el inicio del Estado de Alarma no han hecho más que poner palos en la ruedas de la gestión con la única finalidad de derribar al gobierno central. Los hechos han quedado suficientemente claros y acreditados. El ejemplo más significativo es el nulo apoyo de Vox en ninguna de las prórrogas del Estado de Alarma y de la posición contraria al mismo también por el PP en las últimas autorizadas por el Congreso de los Diputados.

 

            Durante todo el Estado de Alarma, el presidente del gobierno tuvo, sistemáticamente, reuniones semanales con los presidentes de las Comunidades Autónomas y muchos de ellos le pedían que finalizara el Estado de Alarma y que las CCAA recuperaran todas las competencias y así gestionar desde los entes regionales la “desescalada, la nueva normalidad y la prevención y abordaje de nuevos rebrotes”. Es más, algunos presidentes como la de Madrid, Díaz Ayuso, engañó literalmente al ejecutivo ya que se comprometió a tener los rastreadores necesarios como contrapartida al progreso a la fase 1 de la comunidad madrileña. Siguiendo la cronología de los hechos nos daremos cuenta que 3 meses después Madrid no cuenta aún con esos rastreadores, teniendo, incluso, que contratarlos a través de una empresa privada que recibirá por ello un montante económico elevadísimo. Díaz Ayuso reivindicaba entonces la gestión de la Covid-19 acusando al gobierno de Sánchez de llevar un mando único, al estilo dictatorial vulnerando los derechos y libertades de los españoles y, en cambio, ahora, revindica todo lo contrario. Como hay rebrotes e infinidad de contagiados en Madrid (que son más de un tercio del total de infectados en España), se lava las manos y reclama que sea el gobierno central el competente para terminar con la pandemia y sacarle a ella “las castañas del fuego”.

 

            Pero no solo ha sido Ayuso la que ha escupido incoherencia con las críticas vertidas hacia el gobierno de España, Moreno Bonilla también dijo que Sánchez debía pasar la gestión de la desescalada a las Comunidades Autónomas. Es más, llegó a decir a finales de abril que a mediados de mayo ordenaría la reapertura de los colegios de forma presencial para que los chicos estuvieran, al menos, un mes con clases presenciales antes de las vacaciones de verano. En fin, “el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras”, ya lo decía Aristóteles hace más de 2.300 años. No sólo hay que estar a “las maduras” señores responsables autonómicos, también a “las duras” y ahora toca “arrimar el hombro” y expulsar los exclusivos intereses partidistas.

 

            Hay que recordar que las CCAA tienen asumidas plenamente las competencias en sanidad y educación (entre otras) desde hace más de tres décadas. Su legitimidad emana de la Carta Magna y desde el punto de vista político, técnico y de gestión, se considera que es más eficiente que servicios públicos universales, básicos, necesarios y de calidad como la sanidad o la educación sean gestionadas por las administraciones más próximas a los ciudadanos. Y tampoco es menos cierto que de la infinidad de reuniones habidas entre gobierno y comunidades se han tenido que discutir, reflexionar y adoptar medidas en a línea de mejorar la gestión.

 

            Y con independencia de que la propia Norma Fundamental no dejó claro qué territorios debían confluir en una determinada Comunidad Autónoma, haciendo posible, a su vez, que hubiera simultáneamente CCAA de primera y de segunda división (las históricas, Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía, las que accedieron por el artículo 151 de la CE y el resto, las del artículo 143, que necesitaron el transcurso de, al menos 5 años, para ampliar sus competencias, conforme al artículo 148.2 CE), los intereses políticos y partidistas se han impuesto muchas veces y se han priorizado sobre los intereses generales de los ciudadanos de cada región o comunidad. Los presidentes autonómicos están más pendientes de agradar a sus “jefes políticos nacionales” que de gestionar con eficiencia, eficacia y transparencia los recursos públicos. Se vio claramente en las últimas prórrogas del Estado de Alarma, donde los presidentes autonómicos en su reunión semanal con el presidente del gobierno no hacían objeción y apoyaban, de facto, las prórrogas. En cambio, públicamente, tenían que seguir las “instrucciones ideológicas” del señor Casado, que, presumiblemente, tampoco creo que fueran suyas, sino de los grandes poderes económicos y gurús políticos “en la sombra” que son los que le mueven “los hilos” en su actividad política cotidiana. ¿Quiénes son realmente esos poderes en la sombra? Algún día se sabrá, como también se conocerán las raíces profundas de operaciones altamente tóxicas como las del “Tamayazo” en 2003, o al menos eso espero. Lo que está muy claro es que hay políticos como Ayuso y Casado que más bien parecen actuar al dictado de esas “fuerzas en las tinieblas”, porque, en realidad, es lo que interesa a los “hombres de atrás”, tener políticos que den la cara pero que no dirijan la política libremente, sino al dictado de esos autores intelectuales.

 

            Falta unidad, compromiso ético, sinceridad, esfuerzo e interés entre todas las fuerzas políticas (gobierno y oposición) para abordar la problemática actual y sobra hipocresía, mala leche y ambición desmedida por el poder, que es a lo único a lo que aspiran algunas fuerzas políticas. Si no fuera así, ya se habrían puesto de acuerdo gobierno y oposición para la aprobación de los presupuestos generales del estado. ¿Ni en una situación como la actual el PP dará su brazo a torcer, diciendo, como dice proclamar a voces, ser un partido de Estado? Parece que Casado ya ha dicho categóricamente que no.