Una década de lucha por la justicia desde el otro lado del charco

Todavía queda mucho por recorrer, pero ahora es el momento de que la Justicia y el Gobierno español ajusten su actuación a la Constitución, al derecho español y al derecho internacional, y cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, permitiendo que al fin se haga Justicia.

Marcos Díaz Prado

Defensor de los Derechos Humanos

El pasado 14 de abril se cumplieron diez años desde que el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez-Esquivel, y dos víctimas de la dictadura franquista, con residencia en Buenos Aires, acudieran a los juzgados para interponer una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Fue en el año 2010, 32 años después de la aprobación de la Constitución española de 1978, pero los crímenes del franquismo seguían impunes. Las personas que acompañaron a Pérez-Esquivel en la interposición de la querella fueron Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, asesinado en 1937 después de su encarcelamiento cuando era alcalde de Lumbrales (Salamanca); y Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de Castro de Rei (Lugo). La causa abierta en España en razón de la querella terminó en nada y con el propio juez Garzón procesado.

Entonces, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica fue promovido e impulsado el Plan de los juristas Carlos Slepoy y Ana Messuti: se recorrería cada localidad de España con el objetivo de conseguir distintos testimonios de represión franquistas. El plan buscaba la unión a la querella de cientos de víctimas de todo el Estado español.

Y así ocurrió: la querella argentina fue creciendo y se sumaron centenares de casos de desaparecidos durante el franquismo, de bebés robados, de torturados ya en el tardofranquismo, de mujeres que habían sufrido los preventorios franquistas, etc. Los éxitos del plan se materializaron y decenas de consistorios y comunidades autónomas del Estado se adhirieron a la causa, presentando sus propias querellas en juzgados españoles. Las querellas sumaron varios centenares que solicitaron seguir las pistas a las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1936 y 1977. Paralelamente la opinión pública empezaba a conocer los casos que, hasta la fecha, apenas tenían cabida en los medios de comunicación.

En definitiva, la impunidad franquista en el país comenzaba a mostrar su propia fragilidad. Salieron a la luz de la opinión pública las torturas del policía González Pacheco, alias Billy el Niño, y el debate llegó hasta el Congreso. Otros ministros de la dictadura franquista como Fernando Suárez y Utrera Molina, e incluso de la Transición como Martín Villa, fueron imputados. También otros médicos, policías y jueces. Los organismos de Derechos Humanos aumentaron su vigilancia a los gobiernos españoles. La ONU denunciaba la impunidad, instando a las autoridades españolas a derogar o al menos modificar la Ley de Amnistía de 1977 y a buscar a los desaparecidos.

Transcurrida ya una década podemos concluir que la querella argentina supuso un hito que permitió hacer justicia y visibilizar a las víctimas, señalar a algunos verdugos y dar el tratamiento penal adecuado en sede judicial a las violaciones de Derechos Humanos de la dictadura franquista. Uno de sus mayores logros fue la exhumación e identificación de los restos de Timoteo Mendieta, que permitieron que su hija Ascensión pudiera darle una sepultura digna antes de fallecer en septiembre del año pasado.

Diez años después la lucha por la recuperación de la memoria y la justicia continúa desde el otro lado del océano. La corte de Buenos Aires sigue investigando en la actualidad las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sus efectos aquí se siguen notando: el exministro Martín Villa tiene pendiente acudir a declarar por su posible responsabilidad en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Sin embargo, en este lado del charco, las autoridades políticas y judiciales han venido realizando interpretaciones legales dudosas, contrarias a las defendidas cuando se han investigado crímenes similares cometidos en terceros países, y han desobedecido reiteradamente las indicaciones de numerosos organismos internacionales de protección de derechos humanos. El caso más flagrante ocurrió en 2014, cuando la Fiscalía General del Estado llegó a paralizar las declaraciones judiciales de víctimas y cargos franquistas. El Gobierno de Mariano Rajoy negó la detención de exministros de la dictadura, desobedeciendo órdenes de la Interpol.

Pero el Estado español también incumple obligaciones y tratados internacionales que obligan al arresto y posterior extradición de los imputados por la justicia argentina. Este firme bloqueo por parte del Estado, alude a la supuesta prescripción de los delitos y a la aplicación de una Ley de Amnistía de 1977 que es preconstitucional.

Cuarenta y dos años después de la aprobación de la Constitución, España sigue sin conocer cuántos muertos dejó el franquismo, cuántos bebés se robaron, cuantos policías y jueces violaron derechos fundamentales en nombre de una dictadura, para, en un abrir y cerrar de ojos, defender una Constitución democrática. Diez años después del inicio de este proceso judicial el camino pareciera estar siendo largo, pese a los éxitos enunciados, y lleno de trampas. Todavía queda mucho por recorrer, pero ahora es el momento de que la Justicia y el Gobierno español ajusten su actuación a la Constitución, al derecho español y al derecho internacional, y cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, permitiendo que al fin se haga Justicia.