Jueves, 22 de octubre de 2020

Inviolabilidad del Rey y Estado de Derecho

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Aún recuerdo las magistrales clases del catedrático de Derecho Político, Pedro de Vega -ya fallecido-en la Universidad de Salamanca, cuando nos transmitía a los alumnos algunas paradojas que establecía la propia Constitución Española en relación a su parte dogmática, que, no olvidemos, convierte a nuestro país en un “Estado Social y Democrático de Derecho” (artículo 1.1) garantizando que todos los poderes públicos y los ciudadanos “están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (artículo 9.1), que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (artículo 14), además de reconocer derechos y deberes fundamentales y entre estos últimos se encuentra el de que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica…” (artículo 31.1) y, por otro lado,  la regulación de la Corona –puesto que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria-, estableciendo en el artículo 56.3 que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

Ante aquella disertación tan sensata y coherente, las preguntas eran de esperar: ¿Qué ocurre, profesor, si el rey comete un delito ciertamente grave, que, además, tenga repercusión y genere alarma social? Las respuestas –siempre meditadas y con una lucidez e inteligencia encomiables por parte del catedrático generaban también interrogantes que incitaban a la reflexión constante: “En ese supuesto, lógicamente, el rey tendría que abdicar”, aunque, a continuación, él mismo nos trasladaba las siguientes preguntas: Si el rey abdica ya no es inviolable y estará sujeto a responsabilidad, pero, “¿podrá ser juzgado por ilícitos penales cometidos durante su reinado o sólo de los delitos cometidos desde que se produce la abdicación en lo sucesivo y no de los realizados con anterioridad?”. Indudablemente, según el precepto constitucional no podría ser juzgado por hechos punibles cometidos durante su reinado y sí por los realizados con posterioridad a su abdicación. En consecuencia, esa contradicción en la que entra el propio precepto constitucional se resolvería si se eliminara la clausula de la inviolabilidad del rey contemplada en el artículo 56.3 y respondiera de sus actos como cualquier otro ciudadano. Hay que dejar claro, una vez más, que un Estado democrático de Derecho se diferencia de uno totalitario o autoritario en la “ausencia de privilegios”.

Una Monarquía parlamentaria se diferencia, a su vez, de una Monarquía absoluta en que, en aquélla, la soberanía nacional corresponde al pueblo y los miembros de esa comunidad son ciudadanos en igualdad de derechos y deberes, no súbditos y subyugados al totalitarismo, como en ésta. Y en España, no se nos olvide, la tradición de la Monarquía Absoluta (no sólo de los Borbones, sino también de los Austrias y de otras familias en el pasado), como bien afirmaba Ortega en su España invertebrada ha sido de desinterés por el pueblo llano, cuando afirmaba que “empezando por la Monarquía y siguiendo por la Iglesia, ningún poder nacional ha pensado más que en sí mismo. ¿Cuándo ha latido el corazón, al fin y al cabo extranjero, de un monarca español o de la Iglesia española por los destinos hondamente nacionales?. Que se sepa, jamás. Han hecho todo lo contrario. Monarquía e Iglesia se han obstinado en hacer adoptar sus destinos propios como los verdaderamente nacionales” (citado por Paul Preston en su obra “un pueblo traicionado”, Debate, 2019).

Los hechos conocidos en los últimos meses y revelados en algunos medios de comunicación sobre las grabaciones de las conversaciones entre el comisario Villarejo y Corinna (antigua amiga/amante del rey emérito) y según las cuáles Juan Carlos I pudo llevarse alrededor de 80 millones de euros, en comisiones por la adjudicación de las obras del Ave a la Meca, en Arabia Saudí, que presuntamente irían destinados a una cuenta del rey emérito en Suiza y que parte de ellos donaría a Corinna, además del escandaloso incremento patrimonial del que ha disfrutado el ex rey durante su reinado, nos hacen reflexionar lo siguiente: ¿los presuntos delitos fiscales que haya podido cometer el ex rey, es decir, la no declaración  a Hacienda de ingentes cantidades de dinero (algunos de presuntas comisiones), aunque fuera durante su reinado y, por consiguiente, en periodo de inviolabilidad de su persona, pueden considerarse delitos continuados? Parece razonable pensar que sí, dado que, a pesar de la abdicación, sigue existiendo ese delito, porque sigue existiendo la obligación de declararlo. En consecuencia, el rey emérito podría ser procesado por los presuntos delitos cometidos después de su abdicación.

Sobre los acontecimientos de la última semana en los que se ha anunciado por la Casa real que el rey emérito saldrá fuera de España para no perjudicar al rey actual, Felipe VI, es una decisión acertada, para así, poder afrontar las investigaciones judiciales (si es que se producen) sobre los hechos y afrontar su hipotética responsabilidad. Ahora bien, en honor a la transparencia, los españoles tenemos derecho a conocer dónde se encuentra el rey emérito, porque su vida y sus circunstancias se sostienen con dinero público (independientemente de que vaya a habitar en alguna residencia propiedad de grandes magnates), con el presupuesto de todos los ciudadanos.  

Como ejemplo de ese “secretismo” y falta de transparencia por parte de los medios de comunicación de muchas actividades de la Corona durante los 45 años que han transcurrido desde el inicio del reinado de Juan Carlos I, está la emisión por televisión española este jueves de un documental titulado “Yo, Juan Carlos I, Rey de España” realizado entre los años 2014 y 2015 (después de la abdicación) por el cineasta hispano-francés Miguel Courtois y en el que participó TVE y la cadena gala France 3. Ésta lo emitió en 2016, pero en España no se visionó, la cadena pública española prohibió su emisión porque el documental fue censurado por el entonces gobierno del PP de M. Rajoy, quién designó al entonces director de la cadena, José Antonio Sánchez.

Viendo el documental, que es claramente “oficialista” y en el que interviene el propio rey Juan Carlos, no se entiende muy bien por qué fue censurado por el gobierno del PP, ya que versa sobre la vida pública del monarca contada en primera persona y se destaca el importante papel que tuvo en la transición española, porque (y hay que reconocerlo siempre) contribuyó a que los distintas opciones sociales y políticas de España (las del régimen franquista y las de la España del infame exilio al que sometió la dictadura a quienes no profesaban la ideología del nacional catolicismo autoritario y totalitario) consensuaran una buena transición de la dictadura a la democracia y construyeran un Estado Social y Democrático de Derecho a la altura de los países más avanzados política y socialmente del mundo. Hay una imagen tremendamente reveladora del cambio que experimentó la izquierda procedente del exilio, claramente republicana, que supeditó la forma política que siempre defendió, en aras al consenso y de la convivencia pacífica, armónica y democrática de todos los que vivimos en España, de ese país diverso, rico en tradiciones y cultura y en el que no sobra nadie, sino todo lo contrario. Esa imagen es la del recibimiento que le dispensaron los parlamentarios elegidos tras las primeras elecciones democráticas (del 15 de junio de 1977) al rey Juan Carlos cuando entró en el Congreso de los Diputados para inaugurar la I legislatura democrática, que a la postre fue la constituyente. Ningún parlamentario de la izquierda (socialista y comunista) aplaudió. En cambio, después del discurso del rey en el que apoyaba un profundo cambio político que debía ser construido por todos, también fue aplaudido por la izquierda parlamentaria. El rostro del rey es enfocado en el momento en que entró al Congreso y se captó la decepción que sintió al mirar a la izquierda y comprobar que no le aplaudían. En cambio, ese mismo rostro fue enfocado al finalizar su discurso, también mirando hacia la izquierda, captando una emoción indescriptible por parte del monarca al comprobar que el discurso también gustó a la izquierda y les generó esperanzas. Fruto del trabajo de esas Cortes fue la Constitución Española, aprobada por un amplio consenso entre UCD, que gobernaba con Suárez, el PSOE, de Felipe González, el PCE, de Santiago Carrillo y otras fuerzas políticas, entre las que no estaba Alianza Popular (lo que hoy es el PP, de Casado). De este partido, 8 parlamentarios votaron a favor, 5 en contra y 3 se abstuvieron.

La conclusión a la que podemos llegar sobre el motivo por el que el gobierno del PP de M. Rajoy censuró el documental, es claro. En él se resalta la profunda transformación social y política que había tenido España en los anteriores 40 años a la producción del documental. Participan en el mismo activamente como comentaristas Rubalcaba y Alfonso Guerra (como políticos), además de otros personajes conocidos como el novelista Vargas Llosa. Curiosamente, en esa profunda transformación de España fue siempre irrelevante el papel político de Alianza Popular: ni apoyaron firmemente el cambio político (ahí están las críticas que hizo Aznar en su día a la Carta Magna), ni gobernaban cuando España entró en la CEE, ni lo hacían en el mejor año de España a nivel nacional y de reconocimiento internacional, en el que el independentismo catalán ni existía ni se le esperaba (1992), ni fueron actores (ni principales ni de reparto) del tratado de Maastricht -Aznar, ya líder del PP se desquiciaba por ello y llamaba pedigüeño al presidente de gobierno por conseguir fondos de cohesión para España-, ni apoyaron las leyes sociales y económicas más importantes. No formaron parte activa de aquél proceso y, sin embargo, como si el subconsciente les traicionara, ahora se definen los más constitucionalistas del mundo y quieren atribuirse unos logros para España en los que, insisto, no sólo no participaron, sino que desdeñaron desde el principio; lo mismo que la ultraderecha, que ahora tanto dice defender la Carta Magna.

Por todo ello me indignan algunas declaraciones como las últimas de Díaz Ayuso, cuando manifiesta que “España necesita patriotas”. ¿Qué tipo de patriotismo se necesita, el de Fernando VII, Isabel II, Alfonso XIII o Francisco Franco? ¿O tal vez el que construyó el Estado Social y Democrático de Derecho actual? De este último, su partido no participó (salvo algunas participaciones personales y puntuales de Fraga Iribarne, todo hay que decirlo), fue un cero a la izquierda; de los otros, se congratulan, porque –y sé que les duele mucho que se le recuerde- son aquéllos parte de sus ancestros políticos y sociales: el de los caciques y el de los aristócratas.