Coronavirus en Chile: la verdadera cara del neoliberalismo

Chile es uno de los países más desiguales del mundo. El abandono del Estado hacia un gran sector de la población no es un error ni una situación aislada, sino que es un elemento central del modelo socioeconómico adoptado por Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet: el neoliberalismo. Este sistema, también llamado en Chile “capitalismo salvaje”, prioriza la economía sobre las vidas, y lo hace en forma explícita.

Lucas Harcha Bloomfield

Defensor de los Derechos Humanos

En gran parte del mundo la pandemia provocada por la Covid-19 ha significado una potente crisis social, económica y sanitaria. No obstante, en lugares como Latinoamérica, dicha crisis se inscribe en un contexto donde las desigualdades y la vulnerabilidad constituyen factores clave para un gran número de países de la región, lo que hace aún más difícil el enfrentamiento de la pandemia.

En consideración de lo anterior, cada país latinoamericano ha tomado medidas diferentes para enfrentar la situación, con distintos grados de éxito, de acuerdo a los datos oficiales. Un caso particularmente interesante es el de Chile, país que pareciera estar llevando de buena forma la situación, según han reportado medios como BBC Mundo. Según medios como este, Chile, con su política de “cuarentenas dinámicas”, ha logrado mantener a raya los casos, con 12.000 contagiados y 160 fallecidos al 23 de abril, lo que significa una tasa de letalidad de 1,3%. Estas, en principio, son cifras mejores que las que presentan otros países latinoamericanos como Brasil o Ecuador.

No obstante, y como mostró el Estallido Social de Octubre de 2019, esta imagen proyectada por Chile, que en este caso significa una aparente eficiencia para gestionar la pandemia, esconde situaciones de escandalosa desigualdad y precariedad, en especial para un importante sector de la población que no disfruta de la riqueza generada y de la calidad de vida de la clase alta chilena. Esta es la realidad de uno de los países más desiguales del mundo, donde el 1% más rico acumula un tercio de la riqueza del país. Lo mismo sostiene la OCDE al señalar que Chile en el 2011, con un coeficiente de Gini de 0.50, era el país más desigual de todos los que forman parte de dicha organización. En la actualidad habría reducido el índice hasta un 46%, aproximadamente, todavía uno de los mayores.

Coronavirus en el país desigual por excelencia

Como se adelantó, Chile pareciera tener cifras alentadoras con respecto a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, estas cifras han sido sistemáticamente puestas en duda por diversas organizaciones, como por ejemplo el Colegio Médico de Chile (Colmed) o alcaldes y alcaldesas de distintas comunas. Este manto de dudas por las cifras, según sostienen medios chilenos, responde a una intención deliberada del Ministro de Salud del gobierno chileno, Jaime Mañalich, de usar políticamente las cifras para así sub reportar los casos positivos y los fallecimientos. Lo anterior ha llevado a enfrentamientos entre el Ministro y jefes comunales, el Colmed y la ciudadanía. Mañalich, por su parte, se ha hecho mundialmente célebre por decir que el virus podría mutar y volverse “buena persona”.

Sumado a lo anterior, y como se mencionó antes, una de las principales críticas de la ciudadanía en el marco de la pandemia es que el Ministro no ha sido completamente transparente en relación a las cifras de contagiados, fallecidos y exámenes realizados. Además, le critican que tome medidas exclusivamente en función de la protección de la economía y de proyectar una imagen estable del país. En ese sentido, se ha optado por evitar una cuarentena total y decretar “cuarentenas dinámicas y focalizadas” en ciertas comunas y, en algunos casos, sectores específicos de cada comuna, además del toque de queda en las noches. Esto significa que una parte importante del país sigue trasladándose a su lugar de trabajo diariamente sin la protección necesaria. En el caso de Santiago lo anterior es especialmente riesgoso, dado que en el sistema de transporte público de esta ciudad se producen grandes aglomeraciones de gente.

Medidas como el retorno de los funcionarios públicos al trabajo presencial o la apertura de los centros comerciales durante la semana del 27 de abril chocan con la información emanada oficialmente desde el Ministerio de Salud y por diversas organizaciones, la que indica que el peak de la pandemia será a principios de mayo en el país. Todas estas medidas buscan proteger la economía, lo que algunas personas del sector empresarial han defendido al nivel de expresar que para proteger la economía personas deberán morir.

Lo anterior pone de relieve cómo se vive la pandemia en uno de los países más desiguales del mundo: los sectores vulnerables deben ir a trabajar día a día, ya que un gran porcentaje de la ciudadanía se encuentra en una situación de vulnerabilidad y precariedad laboral, lo que significa que si no van a trabajar, no tienen con qué alimentar a sus familias o pagar las cuentas. Lo anterior se ve profundamente agravado al considerar que el Estado chileno ha tomado medidas para proteger a las grandes empresas, pero con respecto a la ciudadanía sólo se contempla la entrega de un bono único de 50.000 pesos chilenos (aproximadamente 55 euros) y poco más. Recientemente se ha discutido sobre un ingreso mínimo garantizado, pero se aplicaría sólo a trabajadores con un contrato de trabajo que reciban menos de 380.000 pesos chilenos (alrededor de 400 euros).

Los bancos, por su parte, pueden entregar créditos con 0% de tasa de interés, para que la población se siga endeudando, situación desfavorable para el 50% de las familias chilenas, las cuales se encuentran actualmente endeudadas. Lo anterior terminará por hacer más difícil aún la situación pues ya a fines del 2019 la ciudadanía chilena se endeudaba en un 75% de su sueldo.

Por su parte, los ricos se encuentran en cuarentena desde mediados de marzo, y muchos de ellos han decidido desplazarse a su segunda vivienda, algo que se encuentra prohibido. Frente a esta situación, algunos empresarios, incluso, se han trasladado mediante helicópteros hacia la costa. Casos como el de un joven chileno recién llegado de Australia que viajó en avión para asistir a un matrimonio en el sur de chile mientras esperaba la confirmación de su PCR para saber si tenía coronavirus han adquirido alta notoriedad en el país, ya que contagió a muchas personas en el vuelo y en la ceremonia. Situaciones como esta ilustran la profunda desigualdad que se vive en este país, donde unos pocos viven la cuarentena y se atienden en clínicas privadas de altísimo costo y calidad, mientras la gran mayoría de los chilenos debe ir a trabajar, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias para poder llegar a fin de mes. Esta situación adquiere una gravedad mayor considerando que muchos de los hospitales y consultorios del sistema público de salud, que no tiene la misma calidad que el privado, se encuentran colapsados. Por lo tanto, una gran mayoría de los chilenos debe ir a trabajar diariamente sin la protección adecuada, exponiéndose diariamente a la enfermedad. En el caso de contraer Covid-19, este segmento de la población sabe que no podrá tener la atención que necesita, dado el colapso del sistema.

Por lo tanto, es posible ver cómo para el gobierno chileno el Derecho a la Vida y el Derecho a la Salud están después que la economía y la estabilidad política, al igual que el empresariado. Esta situación constituye un claro ejemplo de las razones que motivaron a la ciudadanía a movilizarse con gran potencia desde octubre del año pasado, en el denominado “Estallido Social de Octubre de 2019”.

Estallido social y coronavirus: el virus es el modelo

Organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos sostuvieron que en Chile se produjeron graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas generadas en Chile desde Octubre del 2019. Situaciones como detenciones ilegales, tortura, violencia sexual y asesinatos fueron ejecutadas por la policía y las Fuerzas Armadas chilenas. Las cifras de dichas acciones, según el Instituto de Derechos Humanos de Chile, son las siguientes: 3765 heridos, 445 personas con lesiones oculares, 951 querellas por tortura y 151 por violencia sexual. Asimismo, el Ministerio Público registró 33 muertes producidas en el marco de las protestas.

Con respecto a las causas del estallido, estas se han visto flagrantemente actuales en el marco de la pandemia: precariedad del trabajo y de la vida, desigualdad abismal entre la clase alta y el resto de la sociedad, el alto valor de los bienes y servicios básicos, la mala calidad de la salud y la educación pública, el abuso de poder de la clase política y el sistema privado de pensiones, entre otros ámbitos.

Estos factores basales de la crisis de octubre del año pasado se han repetido incansable y sistemáticamente en el país en el marco de la pandemia, lo que ha llevado a la popularización de la expresión “el virus es el modelo” entre los chilenos. La anterior frase evidencia que el abandono del Estado hacia un gran sector de la población no es un error ni una situación aislada, sino que es un elemento central del modelo socioeconómico adoptado por Chile durante la dictadura cívico militar liderada por Augusto Pinochet: el neoliberalismo. Este sistema, también llamado en Chile “capitalismo salvaje” prioriza la economía por sobre las vidas, y lo hace en forma explícita. La ciudadanía es forzada a arriesgar su vida para alimentarse, el empresariado presiona al gobierno para que reabran los centros comerciales, y el gobierno de Sebastián Piñera no se hace responsable de lo que debiese: proteger y resguardar los derechos de sus ciudadanos.

Tal como se encuentra la situación, analistas pronostican un recrudecimiento de la protesta social en dicho país tras el fin de las cuarentenas dinámicas, lo que parece cada vez más posible tras la manifestación espontánea generada durante la semana del 19 de abril en la Plaza Italia, la que ahora es llamada “Plaza de la Dignidad” por la ciudadanía chilena, la que, como se ha visto desde octubre del 2019, ya está cansada de los abusos, de la precariedad y del abandono.