Miércoles, 21 de octubre de 2020
Las Arribes al día

La Federación de Caza de Castilla y León y la Fundación Artemisan se querellan contra tres magistrados del TSJ de Castilla y León

Los magistrados presentaron un recurso de anticonsticionalidad de la modificación de la Ley de Caza de la comunidad por la que se incluía el listado de especies cinegéticas

Los magistrados denunciados han protagonizado varias sentencias cuyos fallos han perjudicado al sector cinegético

La Federación de Caza de Castilla y León y la Fundación Artemisan han presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella contra tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por un presunto delito de prevaricación judicial. Ambas entidades consideran que los magistrados adoptaron algunas decisiones sin fundamento jurídico sólo con el objetivo de perjudicar al sector cinegético.

Para las entidades querellantes -y tal y como explica el voto particular del cuarto magistrado que discrepó de la decisión emitiendo un voto particular- la decisión de los jueces de no admitir el desistimiento a un recurso de reposición interpuesto por la letrada de la Junta de Castilla y León no tuvo sustento jurídico real, sino que se hizo con la finalidad última de poder plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la recién aprobada Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León. “Es decir, que se habrían tomado decisiones ajenas al procedimiento judicial con el objetivo de perjudicar al sector cinegético”, explican desde el ente federativo.

Según recoge la querella, el rechazo al desistimiento de la letrada de la Comunidad no tiene soporte jurídico, por ello, tanto la Federación como la fundación Artemisan entienden que se produjo una “prevaricación judicial de naturaleza procesal manifestada directamente en los autos de inadmisión del desistimiento y por alcance, porque supondría un evidente exceso de jurisdicción, en el auto de 11 de noviembre de 2019”.

Y es que el indicado auto, elevando la cuestión de inconstitucionalidad “constituye por sí solo un evidente exceso en el ejercicio de la jurisdicción en la medida en que el desistimiento previo constituía una causa impeditiva para dictarlo”.

“Las decisiones jurisdiccionales de las que discrepamos arrollan el derecho procesal con una finalidad de anteponer su voluntad a la estricta aplicación de la norma procesal, constituyendo ello, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la esencia del delito de prevaricación judicial, que en este caso no solo resulta consumado sino, incluso, agotado”, según recoge la querella.