UGT protesta de nuevo por las normas de atención a mayores y discapacitados

Las Cortes de Castilla y León dieron el visto bueno el pasado 23 de junio al decreto ley de la Junta de medidas extraordinarias para la atención social en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad dirigidas a reforzar la cobertura ofrecida de forma ordinaria por el sistema de servicios sociales.

Desde el sindicato UGT consideran urgente el desarrollo de este tipo de normativas para cubrir las necesidades motivadas por la pandemia ante el extraordinario riesgo y la gravedad con la que ha impactado en las personas mayores, especialmente las que viven en residencias.

Sin embargo, el sindicato norma así no debe impedir, en ningún caso, el tránsito hacia un nuevo modelo de atención que supere las extraordinarias debilidades del actual, puestas de manifiesto por la COVID-19, pero no ajenas a este Sindicato, que han motivado los constantes llamamientos a la Consejería mucho antes de la pandemia.

Esta es la tercera vez que la Consejería de Familia de la Junta aprueba una normativa para regular los centros de atención de personas mayores, ya que en las dos ocasiones anteriores se anuló por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

UGT Castilla y León considera que se pierde una vez más la oportunidad de avanzar sólidamente en las bases fundamentales del nuevo modelo. Señalando que la Junta "vuelve a incurrir en los errores, deficiencias e inconcreciones, -parte de los cuales motivaron las sentencias de nulidad por parte del TSJCyL y TS, que restan, una vez más, valor, rigor y utilidad a la norma".

El mayor problema que ve el sindicato que es que la norma cuenta numerosas medidas extraordinarias que no se regulan con la suficiente extensión y que dejan excesivo contenido a la discrecionalidad y la libre interpretación. UGT destaca: "El plan de contingencia inconcreto e incompleto; la ausencia de coordinación socio-sanitaria a nuestro entender absolutamente necesaria, no existen protocolos de actuación concretos y exhaustivos que aseguren una respuesta ágil y segura en caso de necesidad y urgencia; nada concreto y eficaz se establece sobre las ratios de personal o diversidad en recursos humanos necesarios y exigibles", entre otros.

Además, se recuerda que los EPIS y demás medidas de protección y seguridad, tanto destinadas al personal de los Centros, como a personas residentes, usuarias y familiares son responsabilidad de las empresas prestadoras, ellas están obligadas a cumplir con la legislación en esta materia y cubrir los costes necesarios y suficientes para garantizar estas exigencias sanitarias.

Desde UGT CyL, y debido a la situación actual de pandemia, solicitan con carácter de urgencia, la convocatoria de la Mesa de Dependencia en el marco del Diálogo Social, para tratar las particularidades de esta nueva norma y principalmente para empezar a trabajar en el nuevo modelo de atención residencial de Castilla y León.