Miércoles, 21 de octubre de 2020

Cuidado con los ribazos negros

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Como sabemos, en cualquier sistema democrático, bien sea España o Canadá, Grecia o Argentina, el gobierno que resulta elegido después de una victoria electoral dirige la “política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del estado”. Eso es, al menos, lo que establece nuestra Constitución en el artículo 97. Y eso es lo que hace el gobierno actual de Sánchez, como lo hicieron los de M. Rajoy, Zapatero, Aznar, González, Calvo Sotelo y Suárez desde que se han celebrado elecciones democráticas a Cortes Generales –por primera vez después de la dictadura de Franco, el 15 de junio de 1977- hasta nuestros días y en el futuro, salvo que algún golpista heredero de la ideología totalitaria de los rebeldes del 36 –espero que nunca ocurra- decidiera poner fin, con las armas y por la fuerza, con nuestro Estado de Derecho, Social y Democrático.

Digo esto, porque la consecuencia más directa es que la administración, civil y militar, además de la defensa del estado “dependen” del gobierno. Y si esto es así, los responsables, tanto de la administración central como de las áreas periféricas, serán elegidos por los ministros del ramo y por el procedimiento de libre designación, en función de su mérito y capacidad (por supuesto), pero también por la confianza política. Por tanto, es normal que Secretarios de Estado, Secretarios Generales, Directores Generales y otros puestos de alta responsabilidad en la administración pública sean ocupados por personas afines política e ideológicamente al gobierno de turno. Es evidente que los responsables de la administración pública tienen que gestionar adecuadamente y con objetividad, los intereses generales, pero tampoco es menos cierto que, además de la gestión, tiene que haber una dirección política que considere cuáles deben ser las necesidades que deben ser prioritarias. Así, mientras los gobiernos conservadores priorizan bajadas de impuestos -medida que beneficia más a los poderosos que a los humildes-, los progresistas impulsan más las políticas públicas de educación gratuita para todos, sanidad universal, políticas sociales y medidas fiscales que posibiliten pagar más tributos a quienes más tienen, que es la mejor forma de redistribuir la renta y la riqueza y avanzar hacia un principio de solidaridad más acorde con un Estado del Bienestar y no con una sociedad ultra capitalista salvaje y poco cohesionada, donde un porcentaje muy bajo de la población posea la inmensa mayoría de la riqueza.

De ahí que, desde ese prisma, sea entendible que el ministro Marlaska haya cesado en su puesto de alta responsabilidad a ciertos cargos que, no sólo no comparten la línea de actuación del gobierno en las políticas públicas porque eran de confianza personal e ideológica de la línea de actuación del gobierno conservador anterior, del de M. Rajoy. En esos casos, lejos de contribuir a esos objetivos, se instalan como “caballos de troya” al servicio de los amigos políticos que en su día los designaron para asumir esos cargos de alta responsabilidad. No es de extrañar, por tanto, que el PP se sienta tan indignado por el cese de Pérez de los Cobos y de otros que priorizaban una gestión más acorde con las políticas conservadoras del PP que con las progresistas del gobierno actual. Estarán indignados, pero esto es únicamente debido al respeto a la Constitución y a las Leyes; que no sean hipócritas, que no alardeen de ser constitucionalistas para lo que les interesa y dejar de serlo para estos asuntos.

Y al señor Carlos Iturgáiz (candidato del PP a lehendakari en las próximas elecciones al parlamento vasco) que ha manifestado recientemente que “el PSOE se ha descabalgado de la defensa del constitucionalismo”, bueno sería responderle que se lea y analice detenidamente la Carta Magna, desde el Preámbulo, pasando por los 169 artículos, las 4 disposiciones adicionales, las 9 disposiciones transitorias, la derogatoria y la final y se dará cuenta que esta Ley Fundamental prioriza las políticas públicas sobre el fomento de la privatización de los servicios públicos que han llevado a cabo los gobiernos del PP; que potencia la educación pública y gratuita, el derecho a disfrutar de vivienda digna y adecuada y no defender y potenciar la especulación urbanística como hicieron los gobiernos de Aznar con la Ley del Suelo, que perjudica aún más a las rentas mas humildes en el acceso a este derecho; que orienta las penas de cárcel hacia la reeducación y la reinserción social y no -como hicieron los gobiernos del PP en las reformas penales- al retribucionismo puro y duro, manifestado en el incremento desproporcionado de las penas, por un lado y a la disminución de recursos personales y materiales para implementar programas de intervención y tratamiento de los reclusos –medidas indispensables para promover la resocialización del delincuente, que también es una medida que protege a la sociedad frente al crimen al invertir en medidas preventivas que eviten la reincidencia en el delito-, por otro; y, considera, también, que “toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, reconociendo, a su vez “la iniciativa pública en la actividad económica”.

Haciendo esta revisión normativa, dudo que sea constitucionalmente más racional y adecuado potenciar y financiar más la educación privada que la pública, la privatización de la sanidad y de las residencias de ancianos, financiar asociaciones y fundaciones excluyentes y sectarias como la Fundación Francisco Franco o la ultra católica “hazteoír”, que incrementó sus ingresos en más de un 70 % durante los gobiernos del PP, mientras M. Rajoy se vanagloriaba de destinar 0 euros a la Ley de Memoria Histórica que destinaba fondos a víctimas para sacar a sus familiares indignamente sepultados en las cunetas por la represión franquista.

¿Quién es, entonces, mas respetuoso con los principios y valores  previstos en la Constitución Española? Últimamente, la derecha y la ultraderecha parecen defenderla muy poco, ni siquiera el artículo 1.2, que establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, puesto que se han cansado de proclamar, hasta la saciedad, que el gobierno de Sánchez es un “gobierno ilegítimo”. Parece que de los pocos artículos que defienden con ahínco son el 4, que habla de los colores de la bandera de España y el 1.3, que establece que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.

Volviendo a las referencias sobre los puestos de confianza política de alta responsabilidad en la administración del Estado, todos los gobiernos, legítimamente, han designado a quienes consideran adecuados. Empresa muchas veces harto difícil porque siempre hay arribistas sin escrúpulos que se postulan, sin importarles cuáles son los proyectos y las líneas de trabajo, porque lo único que desean es el poder. ¡Cuidado con ellos! Lo peor que le puede ocurrir a un río de aguas transparentes y limpias es que en sus ribazos se acumulen sustancias y residuos tóxicos, porque tarde o temprano contaminarán sus aguas y los ecosistemas que de ellas se alimentan.