Violaciones de derechos humanos en EE.UU.

Rachel Ward, directora nacional de investigación de Amnistía Internacional para EE.UU., afirmó que “la policía en todo el país está incumpliendo sus obligaciones de respetar y facilitar el derecho a la protesta pacífica, exacerbando una situación tensa y poniendo en peligro la vida de los manifestantes”

 

Edith Mangraviti

Defensora de los Derechos Humanos

El 25 de mayo de 2020, en Minneapolis, George Floyd, afroamericano de 46 años, tras ser detenido por pagar con un billete de 20 dólares falso, fue asesinado por asfixia por parte de un policía que presionó su cuello con la rodilla durante 8 minutos y 46 segundos.

Aunque el tema del racismo institucional y la manera violenta de actuar de la policía no sea nuevo (basta con pensar que en EE.UU. la policía mata más de 1000 personas cada año, que la tasa de detenciones por delitos menores de los blancos es la mitad que la de los negros y que en el 90% de los casos el agente responsable de la violencia o del asesinato no es imputado y en menos del 0,3% es condenado), desde aquel momento en todo Estados Unidos estallaron las protestas. Sin embargo, se registraron actos de violencia excesiva, innecesaria, militarizada y alimentada por el racismo contra manifestantes en gran medida pacíficos, por parte de agentes con equipación militar.

Actualmente se registran más o menos 10.000 detenciones de manifestantes y varios muertos y heridos. Fueron detenidos también varios periodistas por documentar las protestas y fueron puestos en libertad unas horas después. En Buffalo un hombre mayor de 75 años fue tirado al suelo por parte de fuerzas en traje antidisturbios que no lo auxiliaron a pesar de las evidentes heridas que le habían ocasionado. En varias ciudades las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y se denunciaron escenas de cargas policiales. En Nueva York, por ejemplo, una camioneta de la policía atropelló a unos manifestantes que habían tirado objetos hacia ellos, y en frente de la Casa Blanca los agentes, con el fin de permitir al presidente Trump ir a sacarse una foto con la Biblia en la mano frente a la Iglesia Episcopal de S. John, recibieron la orden de cargar contra los manifestantes y también de utilizar los gases para alejarles.

Como resultado de estas medidas, American Civil Liberties Union y Black Lives Matter declararon la intención de demandar a Trump y a Barr, fiscal general de EE.UU., por violar los derechos constitucionales de los manifestantes, mientras el presidente se define como el “presidente del orden y de la legalidad” y amenaza a la población con el uso de fuerzas militares y del ejército.

Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional especializado en armamentos, sostiene que aunque el uso del gas lacrimógeno pueda ser útil si es utilizado en situaciones de violencia generalizada, se ha visto un mal uso general de esta herramienta. Además, Rachel Ward, directora nacional de investigación de Amnistía Internacional para EE.UU., afirmó que “la policía en todo el país está incumpliendo sus obligaciones de respetar y facilitar el derecho a la protesta pacífica, exacerbando una situación tensa y poniendo en peligro la vida de los manifestantes”.

Amnistía Internacional, después de acusar a la policía de violar el derecho internacional, pide al presidente de Estados Unidos poner fin a su retórica y políticas violentas y discriminatorias y sugiere a los estados y al Gobierno aprobar leyes para restringir el uso de la fuerza letal como manera de erradicar la causa de la protesta. Por el momento 30 de las 100 mayores ciudades de EE.UU. prohibieron las técnicas de los estrangulamientos y el Partido Demócrata propuso al Congreso la prohibición a nivel federal. Finalmente, el Ayuntamiento de Minneapolis aprobó un plan radical a largo plazo para desmantelar todo el cuerpo de policía a través de un proceso gradual de redistribución estratégica de los recursos, reduciendo la financiación a la policía militarizada y aumentando las inversiones en los servicios a la comunidad.