Lunes, 6 de julio de 2020

La nueva normalidad

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El 21 de junio finalizó el Estado de Alarma en España decretado el pasado 14 de marzo con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19. Han sido 98 días muy dolorosos para la sociedad española como para otros muchos países que han sufrido las letales consecuencias de la enfermedad. A finales de febrero nos parecía imposible que las graves consecuencias que dejó primero en China y en Corea llegaran a Italia y España con la rapidez y la virulencia que lo hicieron, desayunándonos cada día con cientos de muertos y miles de nuevos contagiados. Simultáneamente, la pandemia se asentó con fuerza en Europa, y Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania o Portugal, sobre todo los dos primeros junto a Italia y España, se veían desbordados y las habitaciones y Unidades de Cuidados Intensivos de centros de salud y hospitales aparecían completamente saturados.

La gestión de la pandemia por parte del gobierno de la nación no estuvo demasiado acertada al principio, en el que hubo muchos errores (pero errar, como ha dicho la catedrática Mercedes García Arán en un reciente artículo, no es prevaricar), aunque, con el tiempo transcurrido, debemos reconocer que el riguroso confinamiento decretado por el Estado de Alarma dio sus frutos remitiendo poco a poco los contagiados y fallecidos. Y todo, a pesar de la injusta y desalmada actuación de la oposición política de Vox y el PP, que se conjuraron para desacreditar al gobierno y hacerles todo el daño posible, poniendo en grave riesgo los jirones de nuestra convivencia. Lo que realmente le importaba a la derecha política, social y mediática española era derribar, como fuera, al gobierno legítimo que salió de las urnas el pasado 10 de noviembre. Resultaban patéticas las intervenciones de Abascal, Casado y Cayetana (entre otros) en el Congreso, bien para ratificar algún Decreto-Ley de ayudas económicas o prorrogar el Estado de Alarma, bien en las sesiones de control al gobierno. Incluso idearon, con soberana estupidez, un informe que presentaron en las instituciones de la Unión Europea, en el que se tachaba al gobierno español de ejercer un poder autoritario y despótico sobre los ciudadanos, “sin respetar los derechos y libertades fundamentales previstos en la Carta Magna”, con la única finalidad de que la Unión Europea imponga fuertes condiciones a España como compensación a los fondos recibidos para la reconstrucción social y económica fuertemente dañada por las consecuencias de la pandemia. Toda una lección de desfachatez política.

Pero intentaron apretar tanto las clavijas para asfixiar al ejecutivo que se les rompió la rosca dejando más vivo y fuerte al gobierno se Sánchez. Se dieron cuenta, sobre todo la derecha de Casado, que esta estrategia está siendo suicida y que algunas encuestas internas les avisan que si continúan por esta senda de destrucción y en un momento tan delicado para la ciudadanía española, van directos al precipicio y sin una red al final del vacío que pueda salvarles. Y como la derecha de Casado se mueve, exclusivamente (al menos es lo que está demostrando hasta ahora), por las perspectivas electorales, han pisado el freno de la ignominia y la infamia para intentar salvar la debacle que puede sufrir en las inminentes elecciones autonómicas del 12 de julio en el País Vasco. Ya veremos qué tal les va en Euskadi con la vehemencia de exceso de patriotismo trasnochado del candidato vasco Carlos Iturgáiz, que tanto alimenta calificando a los adversarios políticos de “separatistas y amigos de terroristas”. Algo que, aunque no lo publiciten, les está pasando factura también en Madrid con la señora Díaz Ayuso, por su sobreactuación y sus excesos verbales.

Después de este calvario de más de tres meses, llegamos al fin del Estado de Alarma, regresando a lo que se está denominando “la nueva normalidad” que, no está exenta de ser, a corto y medio plazo, el embrión de nuevos contagios, de nuevos brotes que nos harían regresar a una nueva situación de confinamiento; decretado, bien por un nuevo Estado de Alarma o por otro mecanismo constitucional y legal semejante. Y no sería de extrañar, porque estamos comprobando que en países como Alemania ha habido contagios masivos en una industria cárnica de la región de Renania del Norte-Westfalia en la que trabajan muchos inmigrantes del este de Europa. Lo que confirma, una vez más, que esta pandemia –como tantas otras- ataca con más virulencia a las personas más vulnerables y desprotegidas, a los más humildes y a los sectores económicamente más débiles. Así está ocurriendo en algunos focos detectados en España, como el de la recogida de la fruta en Aragón en estos últimos días, actividad que, en su mayoría, la realiza población inmigrante, que tiene que asumir más riesgos que el resto de la población para poder sobrevivir.

Eso mismo está ocurriendo en países como Brasil o Estados Unidos -donde el coronavirus avanza en progresión geométrica- y en el resto de países latinoamericanos como Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Honduras ó Méjico. Esto no es más que una nueva evidencia de que esta pandemia, como cualquier otra o como cualquier desastre natural (terremotos, inundaciones o calamidades) afecta siempre más, por desgracia, a los países con una mayor desigualdad social y económica, con más bolsas de pobreza y mayores riquezas concentradas en pocas manos, que cuentan con protecciones sanitarias y sociales públicas extremadamente precarias y, en muchos casos, nulas; lo que les hace más vulnerables al no poder hacer frente a la adversidad con las armas más efectivas, que, insisto, no son las “armas de fuego y las nucleares”, sino una buena red de servicios públicos que todo Estado Social de Derecho tiene que poseer en defensa social de todos sus ciudadanos, no de los más pudientes. Por tanto, la praxis de las economías ultra liberales que tanto predican Trump o Bolsonaro (y que son los iconos políticos e ideológicos de la “derechona hispana”) representan el mejor caldo de cultivo para la proliferación de cualquier problema social que ponga en peligro la vida, la salud, la libertad y la dignidad de los ciudadanos.