Lunes, 6 de julio de 2020

Acusan al presidente de Correos de estar “dejando sin servicio postal público a la España vaciada”

Ambos sindicatos denuncian  que está usando campañas publicitarias para ocultar el desmantelamiento en el ámbito rural y la precarización de miles de trabajadores

Carteros del servicio de Correos. Foto de EP

CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios de Correos, han advertido de la “arriesgada deriva de la política de servicio público que el presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano, está aplicando al ámbito rural y a sus trabajadores y trabajadoras que dan cobertura al 90% de los municipios de todo el territorio que se integran en este ámbito y que por ello mismo requieren una atención y un enfoque estratégicos arrinconado por la visión empresarial y economicista del actual equipo directivo”.

Ambos sindicatos han alertado sobre la campaña de márketing emocional que Correos lleva desarrollando desde hace meses en torno a la “España vaciada”, tras la puesta en marcha del marketplace Correos Market y han señalado que “Correos está utilizando una iniciativa comercial sin duda positiva –algo más de 400 pequeños productores han decidido vender sus productos a través de Correos- para tapar el desmantelamiento del servicio postal que está llevando a cabo en el ámbito rural”.

En este sentido, tanto CCOO como UGT aseguran que Correos “discrimina y abandona a la España rural, frente a la urbana”. Estos son sus argumentos:

Frente a campañas de marketing que pretender blanquear los verdaderos objetivos de la dirección de la empresa, CCOO y UGT consideran que el reciente recorte de un 30% de la financiación del servicio postal universal que ha pasado de los 180 millones de euros anuales que mantuvieron los anteriores gobiernos, a la irrisoria cantidad de 128 millones (las organizaciones sindicales pedimos 220 millones de euros), que el presidente de Correos ha avalado y ha calificado de “hito histórico”, implicará la desaparición de miles de servicios rurales de Correos que dejarán de llegar a los ciudadanos/as o que lo harán con menor frecuencia, discriminando y abandonando a la España vaciada frente a la España urbana.

Este recorte de financiación,que coincide con las propuestas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) o con la Patronal privada de paquetería UNO, supondrá que Correos dejará de percibir cerca de 600 millones de euros en los próximos años para cubrir un servicio deficitario.

Una plantilla de 5.450 carteros y carteras rurales precarios, camino de convertirse en los riders de la España vaciada

Actualmente, Correos cuenta en el ámbito rural con 5.470 trabajadores y trabajadoras (casi un 10% de la plantilla total), que diariamente recorren 320.000 km con sus propios vehículos para garantizar este servicio público a la ciudadanía. En ocasiones también aportan locales propios que hacen las funciones de oficinas de Correos en miles de municipios. Por tales aportaciones, están percibiendo las mismas cuantías que hace 18 años, cuando el coste de los vehículos y su mantenimiento se han incrementado un 35%.

Además, el cambio de modelo que está sufriendo la actividad postal, con un notable incremento de los envíos de paquetería derivado del e-commerce, está repercutiendo directamente en las condiciones económicas y de seguridad de la plantilla del ámbito rural. En este sentido, CCOO y UGT han denunciado la decisión del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, que ha hecho recaer sobre los trabajadores y trabajadoras los costes de adaptación de los vehículos para la distribución de paquetería, sin compensación económica alguna.

CCOO y UGT instaron por escrito el pasado 29 de mayo al presiente de Correos a negociar medidas y habilitar soluciones, tanto laborales como en materia de financiación, en lugar de hacer campañas publicitarias, y garantizar el servicio postal para una “España vaciada” que quedará más vaciada, en este caso de servicios postales públicos, y que no puede resultar discriminada como una ciudadanía de segunda categoría. Los representantes de los trabajadores aseguran no haber tenido respuesta alguna hasta la fecha.