Lunes, 3 de agosto de 2020

Un mal teatro

“Quien declara infames acciones que son indiferentes, disminuye la infamia de las que verdaderamente lo son”. CESARE BECCARIA, De los delitos y de las penas, 1766.

Tiene lugar estos días (junio de 2020) en la Audiencia Nacional de Madrid, la puesta en escena del esperpento del juicio por el asesinato en El Salvador, en noviembre de 1989, de ocho personas indefensas, tiroteadas fría y planificadamente por un comando ultraderechista a las órdenes de mandatarios salvadoreños. Un delito flagrante de lesa humanidad. En el papel de acusado, se sienta en el banquillo únicamente un septuagenario excoronel de las fuerzas armadas del país centroamericano y los roles secundarios de jueces, defensores y fiscales, son interpretados por profesionales de la judicatura y la abogacía que dan pátina de autenticidad a la vista oral. Hay un papel meritorio, fuera de escena, reservado para la interpretación de daminificados que encarna con notable credibilidad la comunidad jesuita de El Salvador a la que pertenecieron seis de los asesinados. Como figurantes, sin texto pero con la boca abierta, nosotros.

Paradójicamente, y aunque ya no sirva de nada, los derechos humanos que los asesinos pisotearon y contra los que el estruendo de sus disparos se dirigían, han posibilitado las garantías procesales y jurídicas que, con apelaciones y triquiñuelas legales, han retrasado treinta años la apertura en Madrid de la vista oral por su crimen, juicio propiciado por el principio de justicia universal que ellos y sus conmilitones despreciaron y desprecian. La exposición de la trama de esta trágica farsa sembró de sangre y mala sangre el patio de la Universidad Centroamericana de El Salvador el 16 de noviembre de 1989; el nudo se ha representado durante treinta años en el escenario de la indiferencia y la impunidad; el desenlace tendrá en Madrid una sentencia, pero ni asomo de justicia, porque más de treinta años después de los fríos y viles asesinatos de una trabajadora salvadoreña, Julia, de su hija de quince años, Celina, y de seis hombres, Segundo, Ignacio, Juan Manuel, Joaquín, Amando e Ignacio, cinco de ellos españoles, ni la tan cacareada justicia universal que pone en escena este mal teatro, ni las altisonantes declaraciones del triunfo final de la verdad, conseguirán que alguien pueda creer que la condena que surja, en su caso, de esta mala opereta, se parezca ni de lejos a hacer justicia.

Si la justicia, o la Justicia, alberga en su naturaleza, como afirman los sesudos tratados jurídicos y los voluminosos estudios de filosofía moral, las dimensiones de reparación, de virtud equitativa, de derecho, razón y equilibrio, es más que un punto ridícula la pretensión de que parezca justicia lo que surja de la representación de un juicio en un país extranjero, tres décadas tarde, con los principales protagonistas muertos en el aleve océano de la impunidad o ausentes en el no menos indigno territorio de la indiferencia general, y muertos u olvidados los deudos, familiares y amigos de las víctimas.

La justicia ha de tener un rasgo de inmediatez o, al menos, de la mayor cercanía temporal con el delito, que debería convertirla en una real reparación para la víctima y ejemplaridad para la sociedad.  Los homenajes, reivindicaciones, recuerdos y tributos realizados en efemérides o aniversarios dedicados a quienes sufrieron injusticia, con toda la carga emotiva y de nobleza que sin duda albergan, no significan más que rememoración,  lamento y hasta condena verbal de sus verdugos. Pero no juicio, no reparación, no justicia. Celebrar un juicio por asesinato premeditado, de motivación política fascista, con indefensión total de las víctimas, alevosía y abuso flagrante de la fuerza, treinta años después de cometido y con la mayor parte de sus responsables en la impunidad de las tumbas o de los privilegios, no es más que una suerte de autocelebración de lo más burocrático de una justicia universal que una y otra vez se revela como solo pura teoría. Un mal teatro.

(Quede aquí anotado, por las dudas, que quien esto firma es convencido defensor de los principios de la Justicia Universal y su confianza en que se sustancien con ellos procesos pendientes como el ineludible al franquismo y sus crímenes, a los genocidios, ultrajes y matanzas propiciados por países que se dicen todavía defensores de la libertad, y la reparación de todos aquellos insultos a la dignidad humana y a la libertad que, asfixiados por legislaciones nacionales cómplices, no disponen de más esperanza que la citada Justicia Universal).