Señal de alarma de la ONU a España: los derechos económicos y sociales son manifiestamente mejorables

El relator de la ONU para la pobreza, Philip Alston, en su visita a España durante el pasado mes de febrero.

Jesús Piñuela

Activista y defensor de los derechos humanos

En estos días y semanas en los que, como es lógico, la epidemia del coronavirus ha sido la preocupación principal de los españoles, ha habido no obstante otras noticias que no deberían caer en el olvido. Tras su visita a España, Philip Alston, el relator de Naciones Unidas para la pobreza, elaboró un informe sobre la misma en nuestro país, en el que se elogian dos pilares básicos del Estado del Bienestar: la sanidad pública —si bien recuerda que el sistema sigue excluyendo a algunas personas en situación irregular— y el sistema de pensiones, que —aunque puede mejorar— garantiza un nivel de cobertura muy alto para el conjunto de la población y permite limitar la exclusión social.

Sin embargo, dicho informe señalaba otro pilar que ha quedado muy tocado por los recortes de la crisis y que está atravesado por la desigualdad: la educación. Aunque en principio la situación es ideal, ya que la educación es gratuita y universal, mucha gente no puede afrontar los costes asociados y hay un alto grado de segregación en la práctica. En el documento se apunta que un alarmante 72% de los estudiantes en situación vulnerable estudia en colegios segregados de facto. Esta segregación evita que el sistema educativo funcione en España como un ascensor social, produciendo una escasa "movilidad" de las personas afectadas por la pobreza hacia mejores situaciones económicas en el futuro. Naces pobre y eres pobre el resto de tu vida.

Asimismo, el informe ha analizado la situación de vulnerabilidad de diversos colectivos como empleadas de hogar, minoría gitana, etc. Pero si alguno podemos reseñar en este artículo es el de los emigrantes en nuestro país. El relator de Naciones Unidas se ha centrado, especialmente, en la situación de los trabajadores inmigrantes en Huelva. España necesita a dichos trabajadores para determinadas actividades, pero a nadie le interesan sus condiciones de vida, mostrando su contrariedad por el hecho de que mientras las empresas dedicadas a la producción de la fresa tuvieron el año pasado alrededor de 500 millones de euros, se permita que haya personas viven como animales. En plena campaña de recogida de fresas en la provincia onubense, cientos de personas empleadas en el sector malviven en condiciones que, según el experto de la ONU, rivalizan con las peores que ha visto en otras partes del mundo.

Barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados. Se cita como ejemplo a Lepe, un pueblo que crece con tiendas de campaña hechas del plástico que se usa para cubrir las fresas. No había electricidad, no había agua. Tenían que viajar kilómetros para conseguirla. Explica que hay quien ha estado viviendo así durante cinco años. Y ganan 30 euros al día.

El relator de Naciones Unidas destaca que las recetas para solucionar esta desigualdad y pobreza generalizadas pasan por un gasto más eficiente, pero también por un mayor gasto en algunas partidas. Para ello, España también necesita cambiar su política fiscal. El experto apunta directamente contra la política impositiva española, "un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres", sin apenas capacidad redistributiva en comparación con los países de la UE.

Las conclusiones que ha adelantado el relator sobre España suponen un duro golpe para las políticas implementadas en la última década por los Gobiernos estatales y regionales. No obstante, el relator de la ONU subraya "la oportunidad" que brinda el futuro y que debe aprovechar el Gobierno para cambiar esta situación.