Viernes, 7 de agosto de 2020

La inutilidad de la crispación

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El estado de la crispación política en España está siendo intolerable. La confrontación política, la reflexión serena, la crítica razonable e incluso la discusión acalorada en muchas ocasiones, son ingredientes utilizados con relativa frecuencia en el fragor de la contienda política en la mayoría de los sistemas democráticos civilizados del mundo.

En España, y después de la muerte de Franco, las intervenciones de los entonces procuradores en Cortes, bien procedieran de los azules –Falangistas- o de los tecnócratas –del Opus Dei-, respetaban, en el fondo y en las formas, las diferentes alocuciones preparatorias de la Ley de Reforma Política, aquélla que comenzó fraguándose como la “Octava Ley Fundamental del Reino”, que tan bien encauzó el presidente Suárez y que aprobó el pueblo español por referéndum, el 15 de diciembre de 1976. Con posterioridad a las elecciones a las Cortes Constituyentes del 15 de junio de 1977 y en los diferentes debates para la aprobación de la CE o después de las elecciones generales de 1 de marzo de 1979, todos los líderes políticos se comportaron con la corrección que les exigía el pueblo español, que necesitaba, como el agua en pleno desierto, reconstruir los tejidos rotos de la convivencia después de una guerra fratricida y cuatro largas décadas de dictadura cruel e infame.

Desde Suárez a Felipe González, pasando por Carrillo, Dolores Ibárruri, Fraga o Alfonso Guerra, e incluso algunos más radicales, por la izquierda, como el canario Sagaseta o por la derecha, como Blas Piñar, en sus intervenciones eran respetuosos con las personas y elegantes en sus discursos, fueran compartidos o no. Se puede escuchar la intervención de Blas Piñar sobre el Estatuto de Cataluña, en noviembre de 1979, fue el único diputado que votó en contra y, podremos estar en las antípodas ideológicas, como es mi caso, pero hay que reconocer que en su alocución guardó las formas y no lesionó el respeto personal a nadie.

Aquellos debates parlamentarios nada tienen que ver con los actuales, en los que, a la derecha política cuando no está en el poder, no le importa ni el contenido de los plenos, ni los objetivos, ni los intereses generales de los españoles. Lo que les interesa es crispar el ambiente hasta el limite. Los propios ideólogos y sectores mediáticos conservadores lo han reconocido en algún momento, porque para derrocar al gobierno de Felipe González, desde el punto de vista extraparlamentario crearon lo que después se denominó “sindicato del crimen”. En palabras de uno de los miembros, Luis María Ansón, director de ABC, con este acoso y derribo incluso “se llegó a poner en riesgo la propia estabilidad del Estado”. Reconocieron que si no hubiera sido por eso nunca habrían echado al ex presidente González. Desde el punto de vista parlamentario, desde que Aznar accedió a la presidencia del PP nunca consideró legítimos los gobiernos socialistas, ni en las elecciones generales del 89, ni en las del 93 y mucho menos las ganadas por Zapatero en 2004 y 2008, sobre todo la victoria de 2004.

Y qué vamos a decir de las reiteradas victorias del PSOE de Pedro Sánchez en las generales de abril y noviembre de 2019 y en las autonómicas y municipales de mayo de 2019. La extrema derecha de Vox y la que sigue sus pasos (la del PP) no han colaborado en ningún momento con el gobierno actual; su estrategia ha sido la del acoso y derribo constante, sin tregua, con insultos, descalificaciones y calumnias, manipulando la realidad, judicializando la política hasta situaciones esperpénticas sabiendo que cuentan con un órgano de gobierno del poder judicial propuesto mayoritariamente por ellos y con la única obsesión de acceder al poder a cualquier precio como estamos viendo cada día.

Los sucesos de los últimos días en el Congreso de los Diputados son absolutamente lamentables. La apelación de Pablo Iglesias al marquesado de Cayetana Álvarez de Toledo (hecho que, aunque es cierto -dado que su familia pertenece a la aristocracia y la portavoz del PP es, precisamente, la marquesa de Casa Fuerte- no es oportuno esgrimirlo en los debates parlamentarios, como tampoco lo fue decirle a Espinosa de los Monteros en la comisión parlamentaria sobre la reconstrucción, que los de Vox son unos golpistas), no debería haber provocado la reacción desproporcionada y violenta de la señora Cayetana, que espetó a Pablo Iglesias que es “hijo de un terrorista”. Cierto es que en abril de 1973 el padre de Pablo Iglesias estuvo en prisión acusado de repartir propaganda, -por entonces ilegal-, para las manifestaciones del 1º de mayo e incluso era, al parecer, miembro del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Aún así, aunque hubiera pertenecido al FRAP, la señora Cayetana debe conocer que en el elemento teleológico del concepto de terrorismo, la conducta delictiva debe tener una finalidad política del siguiente orden, bien de subvertir el orden constitucional, de alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o parte de ella, pero referido al afán por desestabilizar el sistema democrático y las bases sobre las que éste se asienta; algo que no ocurre cuando un grupo revolucionario tiene como objetivo fundamental derrocar una dictadura, como fue el caso del FRAP y otros grupos durante la dictadura franquista. Con ello –y que quede muy claro- no estoy justificando su actividad y mucho menos los ataques que se produjeron a la vida humana, integridad o libertad realizados durante la dictadura.

Es más, para los que siguen considerando a aquéllas personas como terroristas, hay que recordarles que la ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, declaró todos esos hechos como no cometidos, porque no hace falta recordarle a la señora Cayetana o al señor Hermann Tertsch que una de las consecuencias de la amnistía es “el olvido total del delito teniéndolo por no cometido”. Se concluye toda persecución de los hechos y la pena se dará por extinguida y todos los efectos de la misma. Calificar de terrorista a alguien en estas circunstancias es realmente grave y presuntamente delictivo.

No obstante, estoy seguro que esta absurda estrategia de la crispación que abandera la derecha (tanto como la apropiación de símbolos que son de todos), no le va a salir gratis. El sentido común -si es que queda, aunque estoy seguro que sí- rechaza la crispación como programa político. De ahí que suscriba, en su totalidad, el alegato certero, aunque en tono cabreado, de Patxi López, como presidente, en la comisión parlamentaria de reconstrucción, recientemente creada.