Sábado, 8 de agosto de 2020

Verdades que duelen

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Con poco que nos detengamos a analizar los acontecimientos políticos ocurridos en los últimos dos años, desde el 24 de mayo de 2018 (fecha en que se conoció la sentencia del caso Gürtel, que condenó al PP por lucrarse de la trama acreditando que en este partido existió una “caja B” desde, al menos, el año 1989) y la moción de censura presentada contra el entonces presidente M. Rajoy, que prosperó, despojándolo del gobierno, nos daremos cuenta que los sectores políticos, sociales, económicos y culturales ligados al viejo gobierno de M. Rajoy y al PP, no hacen más que lamerse compulsivamente las heridas y sistemáticamente romper todos los puentes de diálogo que pudiera haber entre gobierno y oposición. Y voy a ilustrar con algún suceso concreto para demostrar la veracidad de estas afirmaciones.

En noviembre de 2018, cuando parecía que PSOE y PP se ponían de acuerdo para impulsar la renovación del Poder Judicial (tal como está en la ley, cuestión diferente es que discrepemos y que las renovaciones se deberían hacer en virtud de otros guarismos que garanticen más la independencia judicial y no sólo por el  “pongo y quito” del mangoneo político), el entonces portavoz del PP, Ignacio Cosidó, hizo públicos unos whats app totalmente incendiarios, -pasado el tiempo, estoy convencido de que esta maniobra fue intencionada, no podía ser de otra manera-, en los que se vanagloriaba de este pacto porque, según sus palabras “controlaremos la sala segunda desde atrás”, en referencia a la correspondiente sala del Tribunal Supremo, que es la competente para enjuiciar a senadores, diputados y miembros del gobierno. Todo ello, sabiendo que hay muchos juicios pendientes por presuntos delitos de corrupción política asociados a cargos públicos y políticos del PP. Esta filtración provocó inmediatamente que Pablo Casado, ya líder del PP, saliera públicamente a vociferar que rompían todo el pacto por la renovación de la justicia. Pero lo hacía sabiendo que si no se renueva el Poder Judicial, la mayoría que impera en este tercer poder del estado que, conforme a lo previsto en el artículo 117 de la CE, debería ser “independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley”, seguiría siendo conservador y muy próximo a las sus posiciones políticas, algo perverso, pero tremendamente importante ante la situación actual de juicios pendientes por presuntos delitos de corrupción en este partido. Primer puente roto y primera moraleja: “no renovemos el Poder Judicial, porque son de los nuestros y nos pueden beneficiar ante el glosario  de casos pendientes, sobre todo en la Comunidad de Madrid”.

Simultáneamente a todo esto y sabiendo que las encuestas aún eran favorables a los partidos conservadores (PP y Ciudadanos), Casado y el resto de los líderes del PP demandaban insistentemente la convocatoria de elecciones generales, dado que tachaban a Pedro Sánchez de “okupa” de la Moncloa, a la vez que insistían en que ante cualquier confrontación electoral debería respetarse, para gobernar, la lista más votada; es decir, que quién ganase las elecciones debería ser quién gobernara. Esta iniciativa la llevó el PP al Parlamento. Paradójicamente, cuando llegó el primer revés electoral para el PP (en las generales del 28 de abril de 2019), Casado retorció el argumento, ya no era partidario de que gobernase la lista más votada y lo hizo en base a que “presentó la iniciativa en el parlamento y no prosperó”. Argumento peregrino, porque de la misma forma se podría hablar de otras iniciativas legislativas que el PP propuso en su día, cuando eran oposición y que no prosperaron y que las aprobaron cuando gobernaron. Ejemplo: introducción de la prisión permanente revisable en la reforma del Código Penal, en 2015, que venían reivindicando desde hacía años.

Esta posición contraria a sus argumentos machacones iniciales se materializó incluso antes de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de 2019 con las elecciones al parlamento andaluz, el 2 de diciembre de 2018, en las que el PP no ganó las elecciones pero pactó con la extrema derecha de Vox y con Ciudadanos para conseguir el gobierno andaluz. Bien es cierto que con casi 4 décadas de gobiernos del PSOE en Andalucía, se había llegado a una situación insostenible, donde afloraron gravísimos casos de corrupción política como los ERE y el PSOE había perdido legitimidad. Después de las elecciones de mayo de 2019 se generalizó esta opción y el PP consiguió llegar al gobierno en Comunidades Autónomas como la de Madrid, apestada de casos de corrupción, pero aquí el mensaje del PP cambió considerablemente. Esa legitimidad de Andalucía por los casos de corrupción no valió para Madrid, donde, curiosamente, continúan ostentando cargos públicos personajes involucrados en presuntos casos de corrupción de la época de Ruiz Gallarón, Esperanza Aguirre, Ignacio González o Cristina Cifuentes, algo que ya no ocurría en Andalucía, donde los cargos públicos que protagonizaron la corrupción estaban fuera de la política activa. También se retorció el argumento en Comunidades como Castilla y León, porque aunque el PSOE ganara las elecciones después de 32 años, el PP mantuvo el gobierno de la comunidad pactando, en este caso, con Ciudadanos. Y en alguna esfera del gobierno de la Junta de Castilla y León hay actualmente personajes sobre los que gravitan “oscuros casos de gestión política”, por aplicarle un calificativo elegante. Ahí están los nombramientos de personas como Ignacio Cosidó, al que antes me referí o el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Suarez Quiñones, implicado en el caso “Enredadera”, fraude en la adjudicación de contratos de gestión de tráfico y multas, en la que fueron detenidas decenas de personas.

La ruptura de puentes y consensos por parte del PP continuaron después de las segundas elecciones generales, las del 10 de noviembre, que volvió a ganar el PSOE. El comportamiento de enfrentamiento cainita, visceral, ultramontano y de odio es el que se prioriza por parte de la oposición de PP y Vox y ya lo demostraron en la investidura de Pedro Sánchez. No sólo no admitieron el resultado electoral, sino que se dedicaron a presionar de forma intolerable a diputados (también del PSOE) para que no votaran la investidura de Sánchez. Creo que es la única investidura de un presidente elegido en los 43 años de elecciones democráticas en la que no se ha respetado ni un día de cortesía, no cien como dicen los cánones éticos.

Y, ¡como no!, llegó la mayor crisis sanitaria que hemos tenido en la historia reciente en España, la del Covid-19. Desde el minuto cero, la oposición troglodita de PP y Vox han disparado dardos envenenados y bombas atómicas e incendiarias contra el gobierno; la gestión de la pandemia era lo de menos: palos en las ruedas y leña al mono, a ver si cae el gobierno por las buenas o por las malas; por lo civil o por lo criminal y así conseguir el poder, que es la única aspiración de PP y Vox en estos momentos.

Claro que la gestión del ejecutivo es manifiestamente mejorable en esta crisis y en cualquier otra, como cualquier otro gobierno, con sus virtudes y sus defectos, por supuesto, pero la nula opción de consenso, la ruptura total de puentes de diálogo y el enfrentamiento por parte de los dos principales grupos de la oposición (PP y Vox), no se habían visto jamás en la historia democrática reciente. Y hay algo que diferencia a este gobierno con esa oposición que sólo persigue el “duelo a garrotazos”. Se habrá gestionado mal desde el gobierno, habrán acusado la descoordinación en muchos casos y habrán sido muy timoratos en la aplicación rigurosa de las normas sancionadoras previstas en la legislación vigente (un ejemplo claro es que no han intervenido en ningún caso con los manifestantes de estos días, a pesar de que, como se han visto en muchas imágenes en televisión, no parece que todos los manifestantes respetaran escrupulosamente las normas de distanciamiento social o de la emisión de partículas al estar dando voces constantemente, mientras se ha sancionado a gente por sacar a su mascota a una distancia superior a la permitida y con sanciones de 601 euros); pero creo que la honestidad personal y política de sus miembros ha quedado demostrada. Han pecado de bisoñez, de candidez e incluso de excesiva benevolencia en las respuestas a tanto insulto y tantas acusaciones infundadas y falsas. No es demasiado elegante salir a la calle (y a mayor abundamiento por sectores sociales que se consideran más educados, cultos y señores de bien) y gritar sistemáticamente palabras como “gobierno asesino”. Segunda moraleja: “me dan igual los argumentos, los estiraré, encogeré, retorceré a mi acomodo, porque lo único que me interesa es llegar al poder, como sea, lo demás me da igual. Me da igual que todo se rompa es más, ahora contribuyo a romperlo, ya lo arreglaré yo cuando gobierne”.

El poeta norteamericano del XIX James Russell Lowell decía que “la verdad está siempre sobre el patíbulo; la mentira, siempre en un trono”. Confío en que alguna vez se rompa este desalentador axioma e impere en sentido común del pueblo, que es el soberano en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro.