Inmigrantes y refugiados también precisan protección frente al coronavirus

Jesús Piñuela

Activista por los Derechos Humanos

En un reciente comunicado de Amnistía Internacional, se señalaba las áreas de atención que el Gobierno debía tener en cuenta en estos momentos para poder superar esta crisis ocupándose de todas las personas: el refuerzo en la protección del personal sanitario; las garantías de seguridad para mujeres víctimas de violencia de género; la certeza de que las medidas sobre vigilancia que se aprueben sean usadas con el único fin de vencer a esta pandemia y, lo que nos ocupa en este artículo, la situación en la que se encuentran las personas migrantes y refugiadas, especialmente las que están en el CETI hacinado de Melilla y las que necesitan asistencia letrada, que en estos momentos puede verse mermada; "Si algo ha dejado claro esta crisis es que el trabajo colectivo de todas las personas es fundamental. No nos podemos permitir olvidarnos de nadie durante esta pandemia, ni mucho menos de quienes corren mayores riesgos económicos o sociales como consecuencia del coronavirus", ha destacado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La falta de rutas legales y seguras provoca que muchas personas arriesguen sus vidas con rutas más largas y más peligrosas. Y, cuando consiguen llegar, tienen que enfrentarse a condiciones duras, como se ha denunciado en el CETI de Melilla, ahora mismo hacinado y sin las condiciones necesarias para garantizar las salud de las personas que están en él. Amnistía Internacional valora las medidas de higiene y protección que se han tomado con los y las profesionales del CETI, pero lamenta que los y las residentes del centro puedan no estar teniendo acceso a esos mismos materiales y a las medidas de distanciamiento necesarias en un espacio que se encuentra ahora mismo lleno con el doble de personas de su capacidad. Un total de 1.655 personas se encuentran en un centro que normalmente tiene una capacidad para 580 personas, aunque ahora Interior asegura que tras los últimos acontecimientos las plazas se han ampliado mediante la instalación de unas carpas hasta llegar a una capacidad de 782. Por eso, Amnistía Internacional lleva varias semanas pidiendo que se agilicen los traslados a la península.

Es igualmente preocupante que, debido a las medidas de confinamiento que implican un menor número de abogados disponibles, las personas migrantes y refugiadas puedan estar teniendo un menor acceso a una asistencia letrada a la que tienen derecho. No se debe olvidar la realidad, ya que ni la pandemia ni el cierre de fronteras pueden frenar el que miles de personas sigan huyendo de sus países y de violaciones de derechos humanos.