Jueves, 13 de agosto de 2020

Ellos son la ley

Profesor de Derecho Penal de la Usal

La forma en que algunos ciudadanos han manifestado su libertad de expresión concentrándose en plenas calles del Barrio de Salamanca de Madrid, concretamente en la Núñez de Balboa, no parece ser la más adecuada durante la vigencia del Estado de Alarma en que estamos sumidos los españoles debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Estado de Alarma que, recuerdo a los disidentes recalcitrantes que incumplen reiteradamente sus normas, ha sido declarado inicialmente por el gobierno y prorrogado con la autorización del Congreso de los Diputados (representantes de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, que los ha elegido democráticamente) como establece el artículo 116.2 de la CE.

Las reuniones y manifestaciones en la calle son legítimas siempre; ahora bien, las que se realizan incumpliendo la normativa vigente que obliga al confinamiento de la población y a un distanciamiento social cuando los ciudadanos tienen permitido salir de sus casas (para adquirir artículos de primera necesidad y fármacos, asistencias médicas y otras de urgencias vitales, aparte de los horarios permitidos de paseos propios y de los niños y para realizar deporte). Si las reuniones que están teniendo lugar en ese barrio madrileño no respetan esa normativa, tendrán que ser requeridos por la autoridad policial para informarles de las presuntas infracciones que hayan cometido, iniciándose, por consiguiente, el procedimiento sancionador correspondiente, que tiene lugar mediante la identificación del presunto infractor y la realización del atestado y finalizará con el acuerdo sancionador o con la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. Y la normativa en vigor, la LO 4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana, en la tipificación de las faltas muy graves, graves y leves, es muy clara al respecto. 

Una ley que, como sabemos, fue aprobada por un parlamento en el que el partido del gobierno de entonces, el PP, disfrutaba de mayoría absoluta tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Una ley que, no olvidemos, y como muchas de las elaboradas y aprobadas en legislaturas con mayoría absoluta del PP, se creó, exclusivamente, para criminalizar al disidente, a los “perroflautas” que se manifestaban frente al Congreso de los Diputados protestando contra los graves casos de corrupción del PP y contra las políticas de exterminio social y económico hacia los más desfavorecidos que llevó a cabo el gobierno de M. Rajoy durante los años de la crisis económica en los que las diferencias entre ricos y pobres se acrecentaron hasta niveles jamás vistos. Y no me estoy inventando nada; hay informes de instituciones, asociaciones y fundaciones, tanto nacionales como internacionales que así lo acreditan: De desigualdad y pobreza en España realizados por Eurostat, la Fundación Alternativas, Cáritas Diocesana, Oxfam Intermón o el de la Comisión Europea, de 2017, entre otros.

¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser estos ciudadanos los que han incumplido las normas de distanciamiento social del Estado de Alarma reuniéndose en la calle Núñez de Balboa, lo hubieran hecho independentistas catalanes o de la izquierda nacionalista vasca? ¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, la que incita a que los ciudadanos sigan manifestándose sin respetar las reglas del juego, lo hubiera hecho Arnaldo Otegui o Gabriel Rufián, para que se manifiesten ciudadanos vascos o catalanes reivindicando lo que considerasen oportuno en relación con la estructura territorial del Estado o por otros motivos? Creo que la respuesta no es complicada. La reacción de los sectores ultra conservadores y reaccionarios y de sus aduladores mediáticos sería la de “el gobierno comunista chavista y bolivariano permite concentraciones ilegales de batasunos, separatistas y terroristas y la policía no detiene a nadie…”, o del estilo “desde el gobierno se está alentando a incumplir la ley incitando a manifestaciones ilegales. Esto debe ponerse en conocimiento de la fiscalía por presunto delito de sedición…”. Y no es necesario recordar aquí que en el proceso catalán han sido varios cargos públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil los que han sido condenados por sedición (entre otros delitos).  

A este respecto, también hay que resaltar que la presidenta de la Comunidad de Madrid (que es el icono del PP, según Casado) lanzó esa proclama en plena Asamblea de Madrid, cuando defendió que “los ciudadanos puedan salir libremente a manifestarse por las tardes en su propia calle” espetando después en tono de amenaza “esperen a que la gente salga a la calle. Lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma”.

Parece claro que los que se manifiestan en el barrio de Salamanca de Madrid sin respetar las normas de distanciamiento social impuestas por el Estado de Alarma y que son ciudadanos pertenecientes a los sectores económicos más poderosos, no están dispuestos a acatar las normas que dicten gobiernos diferentes a los que han avalado siempre, simplemente porque para ellos el poder (les da igual el que salga de los procesos electorales democráticos o sean autoritarios –claro que ellos con Franco vivían mejor-) tiene que ser el que apoye, sin fisuras, sus exclusivos intereses, despreciando los de los ciudadanos más humildes. Y, para colmo, como siempre ocurre, como ya ocurrió con la famosa foto de “Colón” en febrero de 2019, lo hacen apropiándose de símbolos y emblemas que nos representan a todos los españoles y con un ánimo claro: ellos son los buenos españoles, los que se sienten legitimados para “mandar” siempre y, el resto, somos la anti España y los que tenemos la obligación de obedecer y servirles.