Miércoles, 27 de mayo de 2020

La Federación acusa de agravio comparativo al Gobierno al no permitir la caza

La Real Federación de Caza recuerda que es un deporte más y protesta por su prohibicion durante la Fase 1 de la desescalada
Un aficionado durante una jornada de caza - Archivo

El Gobierno ha detallado las prácticas que se permitirán durante la Fase 1 de desescalada y ha señalado que tanto la caza como la pesca continuarán prohibidas durante esa fase. No se han hecho esperar las protestas, ya que están consideradas prácticas deportivas, las cuales sí están permitidas de manera individual y en algunos casos de manera grupal. Desde la Federación se critica a Sanidad la incongruencia de autorizar, en el artículo 47, el turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas y que no se permita la caza ni siquiera a título individual, cuando la actividad cinegética en primavera no supone ningún riesgo de contagio de COVID-19 al practicarse al aire libre y de forma individual.

Desde la Real Federación de Caza afirman que abrir la caza en la Fase I supondría aliviar los trámites administrativos actuales para realizar el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura, así como realizar un control más efectivo de las poblaciones. Su exclusión no tiene ninguna explicación técnica ni de salud pública, sino que, por el contrario, está favoreciendo que se perpetúen los daños y los riesgos de accidentes y problemas sanitarios de la fauna.

Según datos del pasado año, la actividad cinegética genera 186.000 puestos de trabajo al año en el mundo rural y 6.500 millones de euros de PIB. “No reanudar la caza en la Fase I es negar que muchísimos pueblos que viven de los ingresos de la caza puedan restablecer su economía y empleos, en unos momentos en que la actividad empresarial está pasando por una más que gravísima situación”, ha señalado el presidente de la RFEC, Ignacio Valle.

La Federación advierte que si el Ministerio de Sanidad no modifica su posicionamiento ni ofrece una explicación convincente para todo el colectivo cinegético, los asesores jurídicos de la RFEC estudiarán la posibilidad de plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo