Miércoles, 27 de mayo de 2020

La necesidad como justificación

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El Estado de Alarma, conforme a lo establecido en los artículos 116.2 de la CE y 4.b de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, decretado por el gobierno y actualmente prorrogado por 15 días más, hasta el 12 de abril, con autorización del Congreso de los Diputados, debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia provocada por el Coronavirus, está generando una crisis económica sin precedentes, dado que, para prevenir el contagio de la enfermedad a los españoles, el Estado de Alarma obliga a los ciudadanos a permanecer en sus domicilios, de los que sólo se puede salir para realizar las compras de alimentos y medicinas y para desempeñar algunos trabajos considerados esenciales para la comunidad. Por tal motivo, la actividad económica está sufriendo una de las recesiones más graves de nuestra historia reciente. Desde un punto de vista científico y aunque estas medidas de “cuarentena forzosa” son arcaicas, de momento son las más eficaces para evitar la propagación de una enfermedad altamente contagiosa y, por consiguiente, para salvar las máximas vidas humanas posibles.

Esta situación, que sólo puede arbitrarse por ser inevitablemente necesaria, está provocando infinidad de críticas hacia el gobierno por parte de algunas formaciones políticas de la oposición. Incluso dentro del propio gobierno, la decisión de sacrificar aún más la actividad económica no absolutamente necesaria para el mantenimiento vital de los ciudadanos, no ha sido compartida por todos los ministros. Esta discrepancia es, en parte lógica, ya que la decisión es muy relevante y descarnada, que tendrá consecuencias muy negativas para el Producto Interior Bruto y la Renta Nacional. Para contrarrestar y paliar parte de los efectos negativos de esta decisión, el gobierno compensará, con dinero público, a los sectores sociales económicamente más perjudicados, atendiendo siempre a los principios de equidad y solidaridad, es decir, ayudando más a quienes menos recursos tengan y más lo necesiten. Estos esfuerzos deben valorarse positivamente, como, capítulo aparte, merece ser reconocido el encomiable esfuerzo que están llevando a cabo médicos, enfermeros y sanitarios en general, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y policías locales y autonómicos, así como los miembros del ejército y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Sin su aportación no sería posible salvar vidas humanas y combatir la pandemia.

Al tiempo que comprobamos lo que se está haciendo en nuestro país, que no difiere demasiado de lo que hacen en Italia, Alemania, Portugal o Francia e incluso Reino Unido, aunque Boris Johnson fuera más reticente al principio (por poner algunos ejemplos de estados cercanos), parece que a dirigentes de otros muy relevantes países no parece importarles tanto –a juzgar por las declaraciones que realizan y las medidas de confinamiento adoptadas- las vidas humanas como la evolución de la economía. Ejemplos muy concretos son los de Trump, en USA, o Bolsonaro, en Brasil, que, incluso, en tono despectivo, el norteamericano se refería al Coronavirus como “el virus chino” y actualmente en USA las medidas de aislamiento social no son las que debieran para controlar la evolución de la pandemia.

Acudiendo a una terminología jurídico penal (reconozco que es una deformación profesional), las decisiones que se están adoptando al sacrificar la economía para salvar el mayor número de vidas humanas posibles, estarían claramente incluidas en lo que se denomina Estado de Necesidad “justificante”, es decir, como “causa de justificación”, puesto que, en situaciones normales, ese mal que se causa (siempre en terminología de teoría del delito), sacrificando la economía, sería “antijurídico”, pero como se hace para salvar un bien jurídico de mayor entidad e importancia (vida humana), estaría plenamente justificado.

No nos encontraríamos, como algunos podrían pensar, en el ejemplo que por primera vez puso el filósofo griego Carneades de Cirene, en su famosa “tabla de Carneades”, referido por otro gran escritor, algunos siglos más tarde, Lactancio (conocido como el Cicerón cristiano), ejemplo en el que dos náufragos se encuentran en pleno océano con una tabla que solo puede salvar a uno de ellos debido a que no soporta el peso de los dos; el más fuerte consigue dar un empujón al otro, agarrar la tabla y salvar su vida. En este caso, según el filósofo Gentz, nunca puede llegar a justificarse la conducta, pero, en cambio, sí habría exculpación. Es decir, en palabras de otro gran filósofo, Pufendorf, sería un “favor necessitatis”, no un “ius necessitatis”, puesto que el bien sacrificado (vida humana) es de la misma entidad, del mismo valor que el que se salva. Por eso aquí podríamos hablar sí de un estado de necesidad, pero exculpante y no de estado de necesidad justificante, incluido dentro de las causas de justificación.

En definitiva, con los argumentos precedentes, lo que sí parece quedar claro es que la actuación de este gobierno y de los gobiernos que han adoptado soluciones similares, están plenamente justificadas por la situación de necesidad y de excepcionalidad en la que nos encontramos. Es muy doloroso tener que adoptar decisiones que van a lesionar gravemente la economía nacional, pero es absolutamente necesario para salvar las vidas humanas, que es lo más importante.