Miércoles, 27 de mayo de 2020

Lo mejor y lo peor del ser humano

Profesor de Derecho Penal de la Usal

En estos días tristes que estamos viviendo los españoles, con una pandemia que está atacando con toda su virulencia y las consecuencias generales de férreo confinamiento de la población en general, una de las frases que más se escucha en tertulias y debates es la de que en estas situaciones se ve “lo mejor y lo peor del ser humano”.

Y no les falta razón a quienes así piensan. No obstante, lo que resulta aún más desolador es que los auténticos héroes se sigan manteniendo en el anonimato y los villanos sean los que más divulguen los medios de comunicación. Y no hablamos de uno u otro medio, de un signo político o de otro, sino todos los medios, sin excepción. Se habla poco de la formación, el carácter, las aptitudes y actitudes, el compromiso profesional y ético de la inmensa mayoría de  los profesionales sanitarios que, debido fundamentalmente a los recortes de los últimos 10 años en sanidad, tienen que redoblar sus esfuerzos: incrementar sus horas de trabajo, acumulando cansancio y exponiéndose a un elevado riesgo porque nuestro sistema sanitario no cuenta con el colchón adecuado (humano y material) para abordar los problemas en situaciones de emergencia. En cambio, se habla mucho de las críticas de los partidos políticos de la oposición al gobierno por adoptar tarde las medidas de aislamiento y por el retraso en llegar los medios materiales encargados por el gobierno que se necesitan en los centros sanitarios. A todo ello me referiré más adelante.

Cierto es que una emergencia sanitaria como la actual no había ocurrido en nuestro país desde la famosa gripe de 1918 (mal llamada gripe española, ya que, al parecer surgió entre los soldados de una base militar en USA), pero tampoco es menos cierto que un país moderno, un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, debería preocuparse más por tener una despensa sanitaria más abundante y menos arsenal militar. En la crisis económica habría que haber recortado de otros gastos menos necesarios y más superfluos (salarios elevados de una ingente cantidad de cargos públicos no necesarios y del enorme número de asesores, escoltas de políticos jubilados hace décadas, gastos militares no necesarios) y no de servicios esenciales de la comunidad, como la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana y los servicios sociales, sobre todo de los sectores sociales más desfavorecidos). Hay que recordar que el gasto sanitario en España, en 2009, era del 6,8 % en relación al Producto Interior Bruto, mientras que en 2018, lo ha sido del 6,2, es decir, un 0,6 % menos. Mientras en Alemania lo es del 9,5 %, en Francia, del 9,  en Bélgica, del 8, en el Reino Unido, del 7,5 o en Italia, del 6,5.  Además, en ese periodo analizado, en todos esos países, salvo Italia y España, ha subido el porcentaje de gasto sanitario en relación al PIB de cada uno de ellos. Por otro lado, mientras Alemania tiene un gasto sanitario de 5986 euros por habitante, en España es de 3323 (un 81% menos). Pero el recorte no sólo fue en sanidad (descendió también el número de médicos y enfermeros), sino que durante ese periodo descendió también el de maestros, policías, guardias civiles y funcionarios públicos.

En España, además, en los últimos años se ha despreciado la formación, la capacidad y la profesionalidad de los jóvenes investigadores (también en medicina), quienes, si han querido que su trabajo y dedicación se reconociera suficientemente, han tenido que emigrar a otros países dónde el interés por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) es más relevante y la remuneración a los jóvenes investigadores infinitamente mejor que en nuestro país. Es lamentable que en España se pague más a personajes por intervenir en programas televisivos de la farándula y el cotilleo que a los jóvenes investigadores.

Como mencioné anteriormente, se está acusando al Ejecutivo de Sánchez de actuar tarde en relación a la adopción de medidas de confinamiento y encierro de la población. Cierto es que debieron actuar antes, fundamentalmente por la experiencia de China. No se actuó correctamente. No obstante, tampoco es menos cierto que cuando se anunció por el gobierno, el 13 de marzo, que se iba a decretar el Estado de Alarma, en España había 4.300 personas contagiadas del virus y 122 fallecidos. En cambio, cuando el resto de los países de nuestro entorno decretaron el encierro de la población tenían datos más negativos que los nuestros: Italia decreta el encierro el 9 de marzo y por entonces ya tenía 9.172 contagiados y 463 fallecidos; Francia, que decreta el confinamiento de la población el 17 de marzo ya tenía 6.655 contagiados y 148 fallecidos y el Reino Unido, cuyas medidas restrictivas las impuso a la población el 23 de marzo, tenía ya 5.687 contagiados y 281 fallecidos.

También se acusa al gobierno de actuar con retraso en hacer llegar los medios materiales sanitarios (mascarillas, respiradores, buzos, etc) a los hospitales de referencia donde se trata a los enfermos de coronavirus. Es bueno recordar a este respecto que hasta el día en que se decretó el Estado de Alarma (14 de marzo) las competencias sanitarias eran exclusivas de las Comunidades Autónomas. También las educativas y la suspensión de las clases en todos los niveles educativos (primaria, secundaria, bachillerato y universitaria) era decisión de las autoridades educativas regionales y no de las del gobierno de la nación. Y en la actualidad la compra de esos materiales sanitarios es tremendamente complicado; algo que ya han podido experimentar las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo hace unos días que llegarían de inmediato dos aviones con material desde China que habían encargado y, hasta el momento, no han llegado.

Igualmente, se ha acusado al gobierno de autorizar las manifestaciones del 8-M.  A todo esto debemos recordar lo siguiente: La OMS, a primeros de marzo, en relación con la prevención del coronavirus, recomendó: 1.- lavarse las manos con frecuencia. 2.- evitar lugares públicos con gran afluencia, y 3.- no realizar viajes si se tiene tos o fiebre. Ante las manifestaciones del 8-M, los delegados y subdelegados del gobierno correspondientes autorizaron las manifestaciones y, a continuación se estableció por parte de las autoridades sanitarias que, ante cualquier evento público, debían seguirse las instrucciones de la OMS, es decir, las de distanciamiento social: de 1 metro entre cada persona. Por otro lado, hay que recordar que ese mismo día 8 de marzo, en Salamanca había menos gente en la manifestación del 8-M que en la final de la Copa de la Reina de Baloncesto. El pabellón Sánchez Paraíso estuvo abarrotado de gente (más de 5.000 personas) entre las que estaban las principales autoridades provinciales y regionales e incluso la reina Leticia y sin protección alguna (distancia de, al menos 1 metro, guantes y mascarillas puestos por los allí presentes). Pero, como hay que acusar de algo, algunos de esos cargos públicos y medios de comunicación forofos y afines a ellos que asistieron a la final de la Copa de la Reina, critican duramente que se autorizaran las manifestaciones del 8-M. Tan sólo 3 días más tarde (cuando ya se había decretado el encierro en Italia), los aficionados al fútbol disfrutamos de la eliminación del Liverpool en la Champions League (el partido se jugo en el Reino Unido, no en España), por parte del Atlético de Madrid. Y los bares estaban llenos para verlo. ¿Le echamos la culpa también al gobierno, ¡a qué gobierno!, por permitir que estos acontecimientos deportivos (de interés general) no los puedan emitir las cadenas generales, las que no son de pago y, por tanto, los aficionados llenen los bares y cafeterías y no sólo no estén a 1 metro de distancia en esos locales, sino que haya rozamientos y empujones en algunos momentos para poder ver una jugada interesante, para pedir una cerveza o una tapa?

Haciendo un análisis objetivo, por supuesto que ha habido retrasos y negligencias en la toma de decisiones, pero no sólo del gobierno, sino de todas las administraciones territoriales (comunidades autónomas y ayuntamientos). Ahora bien, esta triste experiencia merece una profunda reflexión para que cuando tengamos otra estemos más preparados. De eso se trata. Y lo importante es que el Estado esté fuerte, que sea un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, que se consolide y refuerce aún más el Estado del Bienestar como verdadero escudo protector de los derechos de todos los seres humanos, sin excepción. Y para ello, debemos rechazar cualquier medida de política fiscal que proponga una constante “bajada de impuestos”. Estoy seguro que si todos los ciudadanos hubiéramos cumplido escrupulosamente con el principio básico establecido en el artículo 31 de la CE, es decir: “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, no hubiera economía sumergida (por cierto, aplaudida y amparada por quienes después critican la falta de recursos públicos en momentos de emergencia), más inspecciones de trabajo en las empresas privadas y entes públicos y nuestros gobernantes hubieran gestionado rigurosamente el dinero público y no hubiera habido “corruptos y sinvergüenzas” que aprovecharon la gestión pública para enriquecerse ellos y sus familiares y amigos, hubiéramos tenido recursos suficientes para abordar esta grave crisis sanitaria y cualquier otra (fuera sanitaria o no), que se nos hubiera presentado. Esto, unido al principio de solidaridad, no sólo de las administraciones públicas sino de todos los ciudadanos, es lo que tenemos que seguir reivindicando siempre.