Viernes, 4 de diciembre de 2020

Verdades y mentiras

Ha bastado una situación de emergencia para destapar cosas que se ya se sabían y otras que eran células durmientes susurrando asuntos en las calles sin sol de este país que amenaza con morirse mucho más por culpa de un virus.

Lo primero es la confirmación otra vez  de la miseria moral de la derecha española. Ha aprovechado el pánico ciudadano, absolutamente razonable ante una situación desconocida y devoradora que ha obligado a suspender el país que conocíamos desde la guerra civil con todas sus tradiciones y costumbres, para atacar a un gobierno que le derrotó en las urnas por culpa de unos españoles que no les eligieron a ellos sino a los otros, rompiendo así su ley natural.

El comportamiento de la derecha española es tan  obscenamente  monótono que ya ni escandaliza. Nada extraño en estos momentos en que además está trufada del fascismo que la mantiene con vida. No es ninguna sorpresa el que haya aprovechado la desgraciada devastación que no sólo sufre nuestro país, sino  otro centenar luchando para salvar la vida y la salud de los ciudadanos.

Contra una desgracia universal, política de acoso y derribo, el único argumento que conoce cuando quien gobierna es la llamada izquierda. No le importa en absoluto la vida y la muerte, sólo los votos y maltratar el noble oficio de la política que ante una catástrofe obligaría de forma decente a cerrar filas y a pronunciarse en algo tan desconocido para su ceguera: la solidaridad y el apoyo a quien puede ayudar a salir de esta.

Hay una segunda cuestión que ha aflorado entre los surcos del lodo de engañadores de pueblos: que la sanidad pública española es la mejor y es gratuita. Repitiendo una mentira muchas veces, acaba por parecerse a una verdad en el hervidero de los arquetipos.

La sanidad pública española no es la mejor, aunque tenga una alta calidad de servicio dentro de sus posibilidades cada vez más chicas. Y no es la mejor porque, si alguna posibilidad tuvo, se desmoronó cuando la derecha entró en ella a saco. No es una parábola, es un ejemplo: los gobiernos de Madrid han empobrecido la sanidad pública desde 2008 restando 2.100 camas hospitalarias. Y sumemos a ese expolio un personal sanitario con contratos precarios que se les renuevan o no cada año. Hay médicos que llevan así 20 años. En cuanto a la jibarización de los medios sanitarios, mírese quien gobernó Madrid durante este temporal de amputaciones.

Lo de la gratuidad de la sanidad pública española  es sencillamente  una mentira más grande que las dos catedrales de Salamanca unidas, más La Clerecía, el Palacio de Monterrey, La Casa de las Conchas, el Helmántico, La Glorieta y todo lo que queramos sumar para subir de tamaño la trola.

Ni la sanidad pública, ni la educación pública, son gratuitas en España. Dos asuntos de vital importancia para el país entero, pilares de una sociedad que debería aspirar a ser mejor, no las paga Amancio Ortega sino todos los españoles. Incluidos los jubilados que además nos pagamos también las medicinas.

Yo no soy un hombre ejemplar, nunca lo fui, pero como ejemplo para aclarar las pupilas en esto sí que valgo. Empecé a cotizar -como tantos españoles- a los 17 años. Y entrado ya en el camino de los 74 años no dejo de cotizar. Un elevado tanto por ciento de mi pensión supone una retención escandalosa para pagar la sanidad pública -que utilicé dos o tres veces en mi vida- y la educación pública donde hay docentes magníficos y otros que no, pero cuyas nóminas pagamos todos los ciudadanos. Tal vez por eso el sueño de muchos españoles no sea otra cosa que ser funcionarios.

Junto a estas reflexiones ha aflorado la demonización de la sanidad privada. Este sector atiende en estos momentos  a 10 millones y medio de españoles, y ahorra a la sanidad pública española el 29 por ciento del gasto total. Si se suma el capítulo de conciertos, para más claridad, el ahorro supone una cifra de 37.000 millones de euros.

Si ya hay un colapso en la sanidad pública española donde la lista de espera para algunas pruebas fundamentales alcanza los dos años ¿nos imaginamos si estos 10 millones y medio que han optado por la sanidad privada hacen valer sus derechos y se suman a esa lista de espera?

Ahora, al llegar el tema del coronavirus, se ha puesto en cuestión la validez de lo público y lo privado. Lo primero es desnaturalizar a Pablo Casado cuyo comportamiento es indigno. Porque si algo ha hecho bien este gobierno es ejercer la transparencia.  Los responsables del gobierno en este tema y el doctor Fernando Simón, coordinador del Centro de  Coordinación de Alertas y Emergencias, no han parado de repetir desde el primer día las cosas que debemos hacer a diario para mitigar la posibilidad del contagio. (Antes de que se desvanezca del todo su partido, elogio a Inés Arrimadas, esa chica de Salmoral en el Campo de Peñaranda, que ha ofrecido su apoyo a unos presupuestos para que el gobierno legítimo pueda hacer frente mejor a la pandemia). Es cierto que la sanidad coreana tuvo una visión más rápida de la pandemia. Es cierto que el gobierno de esa república actuó respaldado por todas las fuerzas políticas de manera contundente. Pero no eludamos nuestras responsabilidades: al día siguiente no había un coreano en la calle, y aquí parques, terrazas y chiringuitos estaban llenos de niños, abuelos y otras gentes que interpretaron la alarma como unas vacaciones. Todos vimos tarde las orejas al lobo.

Lo segundo, que la Constitución (sí la Constitución que la derecha sólo invoca para Cataluña) ya contempla el estado de alarma, pensado para restituir la normalidad en momentos  en que  la sociedad se tambalea. El presidente del gobierno está facultado para aplicarlo. Creo que lo ha aplicado tarde por hacer caso solamente a los expertos científicos, y por evitar lo que vemos: una confrontación con Casado que seguramente se alzaría en armas al ver invadidas las competencias de cuatro comunidades que gobierna. En el estado de alarma, la sanidad pública y la sanidad privada se fusionarían para combatir juntas al enemigo. Aquí no valen buenas voluntades, es la ley de leyes, un arma al alcance del gobierno.

Y sorprendentemente para Casado, su compañera Ayuso le ha adelantado por la derecha, por la izquierda, y por el centro. El viernes la Comunidad de Madrid acordó un plan histórico que unirá sanidad pública y sanidad privada bajo un centro de coordinación donde se crea un sistema centralizado de UCIS para alcanzar el millar de camas (los gobiernos del PP lo habían reducido a 447) dirigidas a pacientes de cuidados intensivos. Y hay otra serie de medidas demasiado larga para este rincón. Pero Ayuso debió recibir un aviso: ella es presidenta de Madrid por dedazo, que es como se ha gobernado siempre su partido desde Fraga. Así que reculó y se unió enseguida al coro de los improperios.

Casado no renunció hasta el martes al rebufo descalificador de estas medidas para no perder más terreno, que bastante ha perdido ya con Abascal, su compañero de cama, y con Cayetana. Le están robando lo poco que le quedaba en la cartera, hay que ser pamemo. El giro del martes es hijo del miedo a una sociedad civil que caminaba codo con codo en sentido contrario a él. Solo y desarmado, se arrimó a la ola de solidaridad que husmeaba. Se trataba no de salvar al país sino de salvarse él.

Otra cosa a considerar es la identificación de los dueños de la sanidad privada. Miren muy dentro y no se paren en los hombres de paja, ni siquiera en ese médico deportivo que en los ambientes políticos se le conoce como “el ministro de Sanidad del PP”. (Tienen en nómina 1.000 sanitarios y gestionan 200 centros médicos). A lo mejor encuentran nombres -maridos sobre todo- que les suenan de algo gubernamental o así. O incluso alguno que está en la cárcel y no como Quevedo que  era inocente.

España es un país lleno de retratos oscuros. Y quizás entre los aplausos tan merecidos para los sanitarios públicos están los que con su voto sostienen al partido que quiere extinguirlos. La sanidad pública española pudo ser la mejor, sí. La sanidad privada es necesaria. Queramos o no, así lo decidieron las urnas.