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El Pleno provincial aprueba la moción para pedir al Gobierno que garantice el acceso universal al...
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En sintonía con lo solicitado por el PP en el Congreso

El Pleno provincial aprueba la moción para pedir al Gobierno que garantice el acceso universal al...

Actualizado 29/01/2020
Redacción

Presentada por el Partido Popular, advierte que los Juzgados de Paz serían también víctimas de la entrada en vigor de una nueva Ley que tiende a lo digital "obviando la realidad"

Los grupos políticos representados en la Diputación de Salamanca aprobaron este miércoles por unanimidad la moción presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno de España a aprobar una norma que permita, antes del 30 de junio, "preservar la naturaleza del registro Civil como un servicio público y gratuito, garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos y, a su vez, aprovechar la experiencia y respetar los derechos de los empleados públicos a cargo de su llevanza".

El PP da este paso ante la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil aprobada en 2011, que, lamentan, "supondrá el cierre de la inmensa mayoría de las sedes del Registro que existen en la actualidad, lo que afectaría de manera muy grave a los municipios pequeños". Se trata, añaden, de una medida "nociva para la provincia, que podría quedarse sin ninguna de las 362 oficinas si la ley entre en vigor sin adaptación ni modificación". También los Juzgados de Paz, advierten, "dejarían de tener competencias como Registro Civil, algo impensable a día de hoy en la Salamanca rural".

Desde el PP se recuerda que la Constitución de 1978 sitúa a las personas y a sus derechos en el centro de la acción pública. Este reconocimiento inequívoco "ha determinado la necesidad de reestructurar la organización y el funcionamiento de una de las más significativas instituciones administrativas del Estado, como es el Registro Civil adoptando un nuevo modelo que se ajuste tanto a los valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad política, social y tecnológica de la sociedad española".

La nueva Ley contempla profundos cambios que pretenden adaptar el Registro Civil a la sociedad del siglo XXI, apoyándose en las nuevas tecnologías y, en las oportunidades que estas proporcionan para prestar un servicio más efectivo. Sin embargo, matiza el PP, "no puede obviarse la realidad, social, territorial y demográfica de España, así como la distinta implantación de la red de internet en los distintos territorios, por lo que el nuevo modelo del Registro Civil tiene que contemplar esta realidad hacer compatible la reforma con los derechos y garantías de los ciudadanos reconocidos en la Constitución".

La moción del PP se alinea con las Proposiciones de Ley presentadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y que han sido negociadas y consensuadas con asociaciones y sindicatos, representantes de los profesionales de la Administración de Justicia, que son los principales actores "y que siguen manifestando su preocupación por el hecho de que esta norma no se haya tramitado dada la inestabilidad política del último año", añade el PP.

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