Lunes, 24 de febrero de 2020
Ciudad Rodrigo al día

IU pide a través de una moción que se asegure el derecho a la educación contra la “derecha reaccionaria”

Para la formación, las propuestas de la derecha son “una voladura de los valores constitucionales”

Al hilo de la polémica por la implantación en Murcia del llamado ‘pin parental’ por parte de PP, Ciudadanos y VOX, por exigencia de la formación de ultraderecha, Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común ha registrado en el Ayuntamiento, de cara al Pleno que celebrará este martes, una moción para “defender y garantizar el derecho a la educación” ante la “voladura de los valores constitucionales” que se plantea con esa propuesta.

En concreto, desde IU-CR en Común se refieren a los principios de legalidad, igualdad de todos ante la ley, y el derecho a la educación como fundamental, propio e inalienable de la propia persona, que serían atacados con la posibilidad familiar de vetar determinados contenidos como están planteando los partidos de derecha con “una retahíla de mentiras, datos falsos e insultos”.

En la moción, IU-CR en Común incide en que la medida sería “a todas luces ilegal”, ya que las normas educativas establecen un currículo común para todo el territorio nacional que las comunidades autónomas pueden completar, pero “en ningún caso desvirtuar ni recortar”. En este sentido, las leyes educativas señalan entre los “elementos transversales” de la formación “la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, el principio de igualdad de trato, y la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o familiar”.

En el texto, también se alude a que este “ataque de la derecha reaccionaria” pone en duda la profesionalidad de los docentes de la enseñanza pública y la garantía de educación integral de la misma derivada de la inherente pluralidad ideológica de sus profesionales”.

Como acuerdos de la moción, se plantea que el Ayuntamiento declare su “defensa del modelo de enseñanza público como garante del cumplimiento del derecho fundamental a la Educación”, instando al Gobierno y al Ministerio de Educación y Formación Profesional a “impugnar” todos los acuerdos institucionales que “atenten contra el inalienable derecho a la educación”, y que permitan “la objeción de conciencia ilegal al respecto del currículo básico o la posibilidad de ejercer vetos familiares sobre los contenidos de la enseñanza”.

Por otro lado, se insta a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León a rechazar “cualquier propuesta legislativa” que pueda limitar el derecho de los niños a ser educados en valores como “los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la no discriminación por cualquier tipo de condición o circunstancia”. Por último, se insta a la Consejería de Educación y al Ministerio del ramo a “realizar un apoyo sin fisuras a los centros educativos y a los profesionales de la educación”.