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Peñaranda en Común muestra su oposición al posible cierre de la oficina del Registro Civil y...
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Peñaranda en Común muestra su oposición al posible cierre de la oficina del Registro Civil y...

Actualizado 23/01/2020
Redacción

La formación espera que el resto de partidos de la Corporación se sumen a la iniciativa para tratar de frenar la posible decisión que, de ser implantada, se hace efectiva el 30 de junio

Peñaranda en Común considera que el posible cierre masivo de las oficinas del Registro Civil el 30 de junio, entre ellas el planteado para la de Peñaranda, "es un nuevo ataque a lo que se ha dado en llamar la "España vaciada", y alertan, una vez más, de la merma en los servicios públicos que poco a poco va sufriendo el medio rural, lo que intensifica más si cabe el fenómeno de la despoblación".
La entrada en vigor de la ley 20/2011 , explican, llevara consigo el cierre de la práctica totalidad de oficinas del Registro Civil que, en las medianas y pequeñas poblaciones, venían prestando servicio a la hora de realizar diferentes trámites. A partir de dicha fecha, ya no se podrán hacer de forma presencial, obligando a los vecinos a hacer las gestiones por vía telemática, a pagar por los servicios de una gestoría o despacho de abogados, o a desplazarse a la oficina de una gran ciudad.
Por todo ello, desde Peñaranda en Común registrarán en los próximos días una moción, a la que esperan que se sume el resto de formaciones mun

icipales

, en la que defenderán la necesidad del mantener las oficinas del Registro Civil como un servicio público y gratuito. "Es necesario garantizar el mantenimiento de todas las oficinas existentes en la actualidad, especialmente en el medio rural, para que se sigan atendiendo las necesidades de los vecinos de Peñaranda y la comarca", exponían.
Por último, el portavoz de la formación, Ángel Tejeda, lamentaba que "los sucesivos gobiernos de España no hayan tenido en cuenta que es solo con una férrea defensa de los servicios públicos de calidad como se conseguirá fijar población en las zonas rurales. Sin embargo la dirección de los acontecimientos parece ir en línea contraria, la entrada en vigor de esta ley supondría la reducción desde las 7.500 oficinas actuales a poco más de un centenar, perjudicándose con ello a los colectivos más vulnerables como son las personas mayores, con pocos recursos, con problemas de movilidad o con dificultades para desenvolverse y acceder a las nuevas tecnologías".
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