El Ayuntamiento de Barruecopardo aprueba una moción contra la desaparición de los registros...
La aplicación de la ley dejaría un solo Registro Civil en Salamanca
La aplicación de la Ley 20/2011 de Registro Civil ha sufrido ya cinco moratorias, su entrada en vigor el 30 de junio supondría el final de los juzgados de paz y con ellos los registros civiles en los ayuntamientos
El pleno del Ayuntamiento de Barruecopardo ha aprobado este martes una moción, dirigida al Gobierno central, en la que manifiesta su rechazo a la desaparición de los registros civiles municipales a excepción de los ubicados en capitales de provincia, lo que conllevaría también la desaparición de los juzgados de paz en los pequeños municipios.
El Ministerio de Justicia lleva tiempo planteando una reforma integral de los Registros Civiles. La Ley 20/2011 establece en su art. 22.1 que: "En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes. Excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma", lo que significaría, en el mejor de los casos, en Castilla y León, un registro civil en cada capital de provincia.
Tras varias reformas de la Ley aprobada en julio de 2011, su entrada en vigor está prevista para el 30 de junio próximo, lo que derivaría en la desaparición de los juzgados de paz y los registros civiles en los pequeños municipios.
La norma busca la centralización de oficinas registrales y confía el futuro en una digitalización del sistema que parece aún lejana, incluso después de cinco moratorias para su entrada en vigor, por lo que no es descabellado pensar que habrá un sexto aplazamiento, el último fue de dos años y poco ha cambiado desde entonces.
Desde los sindicatos de funcionarios de Justicia denuncian que su aplicación como está redactada en la actualidad, supondría la destrucción de varios miles de puestos de trabajo en España, unos 4.000 en Castilla y León, por lo que consideran que el Registro Civil debe ser prestado por personal de la Administración de Justicia". Además, abogan por el "mantenimiento de las oficinas actuales (una por partido judicial) y de las funciones delegadas de los juzgados de paz" en los pequeños municipios, puntos en los que tanto el PP como Podemos estarían de acuerdo.
La moción aprobada por el Ayuntamiento de Barruecopardo se dirige en ese mismo sentido, una propuesta que ha sido trasladada a todos los ayuntamientos desde el sindicato CCOO para su aprobación y posterior envío al Gobierno de Pedro Sánchez. En el texto se reclama al Gobierno de España que adopte, antes del 30 de junio de 2020, las medidas necesarias para preservar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito, así como para garantizar el acceso al mismo de todos los ciudadanos con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos.
Desde CCOO recuerdan que "si no se modifica en las Cortes la ley antes de su entrada en vigor, los vecinos y las vecinas de esos municipios -en muchos casos, precisamente personas mayores, con pocos recursos o con dificultades de movilidad y de acceso a las nuevas tecnologías-, se verán privadas de la atención directa en este servicio y estarán obligadas a hacer las gestiones por vía telemática, a pagar por los servicios de una gestoría o un despacho de abogados/as, o a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una ciudad alejada de su domicilio. Se trata de un esfuerzo económico y funcional para sectores de población especialmente vulnerables", lo que en opinión del sindicato "supone una nueva discriminación hacia la denominada 'España vaciada'".
La desaparición de los juzgados de paz, como señala el alcalde de Barruecopardo, Jesús María Ortiz, "imperdiría que desde el Ayuntamiento se tramiten certificados de defunción e incluso que se registren matrimonios y se expidan partidas de nacimiento u otros documentos que se nos solicita incluso desde otros lugares de gente relacionada con Barruecopardo, tendrían que hacerlo en Salamanca", lamentaba.