La mujer del César y los poderes del Estado

Para ilustrar el avance de la sociedad en todos los campos, solemos decir con cierta nostalgia: “Ay, si mi abuelo levantara la cabeza, no reconocería este mundo”. Y es verdad. En la mayoría de los aspectos se han conseguido metas que ellos nunca se imaginaron. En otras, sin embargo, la perversión del hombre parece frenar todo intento de mejora. Cuando las Cortes constituyentes aprobaron nuestra actual Constitución, se inauguró un período de transición que mereció el elogio de no pocas naciones. Fue la etapa más larga, pacífica y fructífera de nuestra historia. Aquellos padres de la patria aún tuvieron la suerte de comprobar la bondad de su obra durante unos años. Supongo que, dada su perspicacia, más de uno se temería la vuelta a los garrotazos que inmortalizó Goya. Por desgracia, ya han fallecido los siete ponentes del texto y no pudieron confirmar sus temores. Si alguno viviera, estaría amargado, como lo están los españoles defraudados por sus políticos. No en vano, en ese empeño por acabar con el bienestar de los ciudadanos, suele ser mayor la responsabilidad de sus dirigentes A pesar de lo que dice el art.º 2 de nuestra Constitución, la soberanía sí es verdad que reside en el pueblo, pero cuando de esta soberanía emanan los poderes del Estado, son estos poderes los que suelen dar la espalda al pueblo. Menos mal que, de momento, hay que darle la razón a Bismark cuando dijo: “España es tan fuerte que, por mucho que lo intentan los españoles, no podrán acabar con ella”.

Por naturaleza, los ciudadanos somos de carne y hueso; es decir, como humanos, en mayor o menor grado, todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. También están hechos de esta materia los dirigentes encuadrados en alguno de los poderes del Estado.

Las Cortes Generales tienen a su cargo la labor legislativa y, después de contemplar sus debates, resulta muy difícil llegar a la conclusión de que no pocos intervinientes sean capaces de aportar una sola idea racional en cualquiera de las materias que se tratan. Poco se puede esperar de quienes rivalizan en sandeces a la hora de inventar una fórmula más anodina que su vecino para poder graduarse como “progre cum laude”. Por mucho que se nos quiera convencer de lo contrario, cada partido cuenta con una masa de parlamentarios cuya única misión consiste en mirar la señal que hace el representante de su grupo a la hora de pulsar el correspondiente botón. No abren la boca en toda la legislatura y, cuando lo hacen, confirman la conveniencia de estar callados. De esas bancadas, y de sus felices ideas, salen los votos necesarios para aprobar las leyes que rigen la vida de los ciudadanos. Para evitar la figura del “culiparlante”, nos ahorraríamos mucho dinero en nóminas y dietas si los parlamentos estuvieran integrados por un solo miembro de cada partido de los que obtengan representación, aportando cada uno los votos correspondientes a los escaños obtenidos tras el recuento de votos. Bromas aparte, la laxa interpretación que se hace de la libertad de expresión en nuestras Cortes, no tendría cabida en ninguna de las democracias de nuestro entorno. Atropellar el espíritu de las leyes bajo el paraguas de cualquier mayoría, no es más que una prevaricación encubierta.

El reciente espectáculo de un gobierno encolerizado con una autonomía por oponerse al deseo de adoctrinar a los niños sin contar con el beneplácito de sus padres, deja bien a las claras lo que hay detrás de un progresismo mezcla de marxismo y nazismo . Los comisarios políticos de este gobierno -la mitad con uniforme femenino- han saltado a la yugular de la derecha – están tan ansiosos de revancha que para ellos sólo hay extrema derecha-, atreviéndose a convertir los colegios en verdaderos CIN (Centros de Integración de Niños), en los que nada pintan los padres biológicos. A partir de ahora “los hijos no son de los padres” (Celaá dixit). Que los poderes públicos – el Ejecutivo- “inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”, lo dice nuestra Constitución (artº 27.8). Pero ese mismo artº (27.3)  dice que también “garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Una cosa es educar y otra muy distinta embaucar a jóvenes sin criterio propio. Más allá de declaraciones universales sobre los derechos del niño, de las que nadie reniega, tanto empeño en “mantenella y no enmendalla”, todos sabemos -sobre todo sus impulsores- lo que esconde. Las ansias frente populistas del nuevo gobierno son tan exacerbadas que no dudan en exhibir una firmeza que, por ejemplo, brilla por su ausencia ante la actitud de la Generalidad de Cataluña, donde se hacen oídos sordos a todo requerimiento que llegue de Madrit.  Ahí, el Ejecutivo no sólo mira para otro lado, sino que regatea con independentistas y golpistas oscuras operaciones que faciliten su permanencia en el poder. A esta suerte de progresismo se le ve el plumero.

El tercer poder del Estado, el Judicial, ese que por definición debería ser impecablemente independiente, también está aquejado del virus de la división interna. Desde que se toleró la posibilidad de las puertas giratorias entre la política y la justicia, alguno de los componentes de este último colectivo está perdiendo la venda de sus ojos e inclinando el fiel de la balanza. Si todos los partidos políticos creyeran de verdad en una justicia independiente, deberían aprobar por ley la obligatoriedad de que los jueces eligieran los componentes de sus propias instituciones, y que ese trasvase de cargos entre la política y la justicia fuera siempre irreversible. El bochornoso espectáculo de una exministra de justicia, reprobada en el Congreso por conductas inaceptables para un fiscal en activo, que, ya ministra, no dudó en presionar a fiscales y abogados del Estado durante el juicio a los condenados por el 1-O, propuesta ahora para el cargo de Fiscal General del Estado, podrá obtener el apoyo legal de una mayoría en las Cortes, pero esa maniobra nunca será “impecable”, como declaró Pedro Sánchez. En cualquier actividad, y mucho más en la política, la decencia y la dignidad son la base de las conductas personales. Nunca estuvo de más actualidad la famosa frase que refiere Plutarco, atribuida a Julio César, y que aquí podíamos traducir como: “El personaje público no sólo debe ser honrado, sino también parecerlo”. Si Pedro Sánchez, que desconoce lo que es la verdad, también ignora la honradez, Dolores Delgado, en un arranque de profesionalidad, debería renunciar al cargo. La mayoría de españoles, espera el resultado de esta nueva prueba de progresismo “sui generis”.