Sábado, 4 de julio de 2020

La intolerancia no debe ser un programa político

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Esta semana se ha constituido el nuevo gobierno de la nación; formado, a mi juicio, por un conjunto de ministras y ministros solventes, técnica y políticamente, y con una actitud positiva para trabajar por los intereses generales de los ciudadanos. Un gobierno progresista y moderno que intentará corregir los desequilibrios económicos, que potenciará la protección social y avanzará hacia la consolidación del Estado del Bienestar; aún contando con una oposición política troglodita y reaccionaria, supeditada y sometida al dictado de los sectores económicos más poderosos, adictos a una economía ultra liberal, más lesiva para las clases trabajadoras. Esta derecha ultramontana no tiene capacidad individual para decidir por sí misma, sino que parece ser una marioneta al servicio de los que más tienen y de poderes fácticos que tradicionalmente han traicionado al pueblo llano.

Las últimas actuaciones de la derecha política demuestran que, lejos de defender los principios y valores de la libertad, la igualdad, la tolerancia, la justicia y la pluralidad, previstos en la Carta Magna y en los tratados y convenios internacionales sobre Derechos Humanos, auspician, promueven, favorecen y facilitan la implementación del pensamiento único y lo quieren imponer aún subvirtiendo las reglas democráticas.

El primer ejemplo de esta indignidad política que está practicando la derecha lo tenemos con la aprobación, por parte del gobierno de Murcia (apoyado por PP, Ciudadanos y Vox), de lo que se viene denominando el “pin parental”, es decir, una medida educativa que permite que los padres puedan negarse a que sus hijos reciban información y formación en los colegios sobre materias que puedan cuestionar determinadas convicciones morales, ideológicas o religiosas; es decir, consiste en vetar actividades complementarias que se realizan con normalidad en los centros educativos. Esto, lógicamente, obedece a una ofensiva promovida por Vox, el PP y ciertos sectores ultra católicos que no quieren que se forme a los niños y niñas en la diversidad afectivo sexual que existe en la sociedad. Este adoctrinamiento puede impedir que a los niños, si los padres lo estiman oportuno, no se les hable con normalidad y naturalidad de la homosexualidad, el lesbianismo o la transexualidad, vulnerando claramente el derecho a la educación integral de niños y niñas y, por ende, contrario a los postulados de nuestro ordenamiento constitucional.

El segundo ejemplo raya la ridiculez más esperpéntica. Se está acusando al actual gobierno, por parte de la derecha, de querer politizar la justicia con la propuesta de nombramiento como Fiscal General del Estado de Dolores Delgado (que ha sido ministra de justicia en el anterior gobierno de Pedro Sánchez), mientras miraban para otro lado, como si nada fuera con ellos, sobre los mensajes a través de whats app que el entonces secretario de estado de seguridad, Ignacio Cosidó, del PP, envió a muchos compañeros del partido alegrándose de que -en la renovación de los cargos del CGPJ pactada en 2018 y que luego se frustró-, se propusiera al juez Marchena para presidir el CGPJ y el TS, diciendo que “ponemos un presidente excepcional y además controlando la Sala Segunda desde atrás y presidiendo la Sala 61. Ha sido una jugada estupenda…”. Por cierto, este señor ha sido nombrado por una Orden del presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, como asesor de la presidencia de la Junta, recientemente.

Ejemplos sobre el ánimo perverso y voraz por parte del PP de querer controlar la justicia se han visto siempre. Los más cercanos han sido los obstáculos que han puesto para que se juzguen debidamente los casos de corrupción de Gürtel, Lezo, Púnica y otros que han protagonizado miembros y cargos públicos pertenecientes al PP, además de la recusación de algunos jueces, para estos procesos judiciales, que no consideran afines a su ideología política.

Actualmente, el PP en la oposición quiere bloquear la renovación del CGPJ, que controla políticamente, porque pretende conseguir a través de las resoluciones judiciales lo que no ha conseguido en las urnas: paralizar sistemáticamente la acción del gobierno y las reformas legislativas progresistas que la actual mayoría parlamentaria (del bloque de izquierdas) quiere promover. Ya se ha encargado Casado de pregonarlo en todas sus comparecencias: “vamos a recurrir todas las decisiones del actual gobierno”. Ya se sabe, “o gobierna el PP o se promueve el caos”, ese es el pensamiento de la derecha española.

Demasiada intolerancia, demasiado odio y resentimiento el que están promoviendo PP, Ciudadanos y Vox. Hay que recordar que la intolerancia no debe ser ni una ideología política ni un programa político y que descalifica a quién la practica para derribar al adversario. Tal vez a todos estos que vomitan intolerancia sea bueno aplicarles los famosos versos de Goethe, en su poema “ladran” (y que muchos atribuyen erróneamente al Quijote de Cervantes): “quisieran los perros del potrero/ por siempre acompañarnos/ pero sus estridentes latidos/ sólo son señal de que cabalgamos”.