Jueves, 13 de agosto de 2020

¡No va más!

“¡Mañana, mañana acabará todo!”

F. DOSTOIEWSKI, El jugador.

Mientras barrios, ciudades y colectivos se movilizan contra el alarmante aumento que experimenta el número de locales y establecimientos de juego y apuestas (dicen con candor que porque se instalan cerca de centros de enseñanza), que cada vez más se imbrican en los ámbitos sociales de los colectivos más pobres e intelectual y culturalmente menos preparados para contestar racionalmente esa amenaza (amenaza no solo para escolares), las autoridades públicas que deberían velar por la protección de la salud de la ciudadanía, siguen permitiendo con total inconsciencia y no menor negligencia la existencia de tal número de modalidades de apuestas, sorteos, envites, juegos y loterías auspiciadas por instituciones públicas o directamente de ellas dependientes, que convertida la Administración en la mayor casa de apuestas del país, todas las declaraciones de intenciones destinadas a controlar, racionalizar o fiscalizar sanitaria y socialmente la proliferación de llamados a la ludopatía, se tornan gigantescos e hipócritas ejercicios de palabrería.

Desde las incontables especialidades y variedades de apuestas y juegos que auspician y mantienen organismos públicos (El Quinigol, La Primitiva, el Joker, el Gordo, Euromillones, Quíntuple Plus, Bonoloto, Lotería  Nacional, , Lototurf, La Quiniela… y sus diferentes variedades), hasta las convocatorias más localistas a aumentar la tentación y por tanto la dependencia del juego (Traslot, La Siete, La Grossa, Loto Ràpid, 6/49, Super 10, Loto Express… y sus sucursales), sin olvidar las autorizadas legalmente sin cortapisa alguna, apoyadas en su supuesta naturaleza de beneficencia (El Cupón de la Once, El Cuponazo,  El sueldazo, Eurojackpot, Superonce, 7/39, Tríplex de la Once… y sus onomásticas y extraordinarios), además de máquinas tragaperras, ruletas hosteleras, bingos y otras máscaras del trilero, el panorama que presenta la oferta (legal, oficial) de apuestas y juegos en España, supera con mucho la media de cualquier otro país del entorno, y nos convierte en el paraíso de la ludopatía y las diferentes adicciones patológicas al juego.

La ludopatía, un trastorno gravísimo del comportamiento que acarrea tanto para quien la sufre como para su entorno cercano (y, por asociación, para el ámbito social en que se desenvuelve), problemas que van desde el aumento de suicidios hasta la motivación directa para robos, sustracciones y delitos de apropiación de todo tipo, además de los problemas de comportamiento y laborales asociados, adolece además de un componente generador que es centro y clave de su misma existencia: la falta de educación, la desinformación, la ignorancia de su esencia. La labor educativa que las autoridades, no solo sanitarias, debieron, deben y deberán realizar permanentemente para evitar o al menos reducir las crecientes tasas de ludopatía y patologías relacionadas con la adicción al juego (y también el engaño), pasa por la asunción de las enormes carencias abonadas durante décadas, la firme convicción de que el precio a pagar será siempre rentable en términos de salud pública y, naturalmente, el enfrentamiento directo, sin trabas y sin dobleces, real y efectivo con los mercaderes de la voluntad, para proteger, cuidar y educar a los más débiles.

Un control efectivo, como se pretende, de la instalación de casas y locales de apuestas alejados no solo de los centros escolares sino absolutamente fiscalizados en sus formas y limitados en su actividad, su publicidad y sus métodos comerciales, solo le será posible a los poderes públicos predicando con el ejemplo. Del mismo modo, conseguir el consenso amplio (parlamentario, político, institucional) para una legislación clara y rotunda que analice, racionalice, controle y limite también las apuestas y juegos on line, precisa un apriorismo digamos que moral, una previa asunción de los excesos de la propia realidad de la administración pública que, probablemente cegada por la recaudación impositiva que generan los juegos y las apuestas (y ojalá que solo por eso), carece en la actualidad la autoridad, tal vez no solo moral, para emprender la necesaria y urgente revisión de la realidad del juego y las apuestas en España.