Lunes, 3 de agosto de 2020

Saber perder

Otra sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en este caso la que certifica la ilegalidad en el tratamiento judicial a algunos detenidos catalanes, ha vuelto a poner en evidencia la enorme levedad de las convicciones democráticas de demasiados dirigentes españoles, que han alzado la voz con santa indignación y rasgado sus vestiduras por el orgullo patrio insultado, al tener que “soportar” que vengan jueces “extranjeros” a enmendar la plana a la, para ellos, sacrosanta y suprema (y a su parecer, incontestable) Justicia Española.

La continuada labor del reaccionarismo español de judicializar la vida política, convirtiendo en motivo de denuncia cualquier decisión política que no se ajustase a sus intereses (véanse las expulsiones de la carrera judicial por iniciar procesos “incómodos”  –el franquismo-, o sobreseimientos de causas –evasión de capitales, corrupción-), les ha explotado en plena cara al encontrarse con decisiones judiciales que contrarían sus posiciones políticas –nacionalismo catalán-, en una suerte de compensación natural que, al menos, tiene la virtud de poner a muchos “en su sitio”.

Sucedió en el pasado con otros tribunales supranacionales en asuntos relacionados con el terrorismo, el cumplimiento de penas, extradiciones y consideraciones de tipo penal en múltiples causas, y está sucediendo con demasiada frecuencia en temas de comportamientos bancario-financieros, de consumo, comerciales, arancelarios u otros, en los que una y otra vez se corrigen, desautorizándolas, sentencias de tribunales españoles que no se ajustan, o directamente transgreden la normativa europea, y que provocan siempre intramuros reacciones que van desde un redivivo “Santiago y cierra España” del renacido y renaciente fascismo patrio (presente en todo el arco parlamentario, no nos engañemos), hasta los indisimulados cabreos de políticos y autoridades españoles, cuyas proclamas “democráticas” y alineamientos “indudables” con el estado de Derecho y las normas que lo sostienen quedan, una y otra vez, en evidencia.

Actualmente, un tribunal argentino estudia la denuncia presentada por víctimas del franquismo contra aquella dictadura homicida y sangrienta, que aun existiendo tratados de justicia universal suscritos por España, nada podrán lograr las decisiones de ese tribunal americano en cuanto a quebrar la dolorosa impunidad de que gozan aquí los herederos del franquismo y sus cómplices. Algo muy diferente, sin embargo, está sucediendo con las decisiones de tribunales de justicia europeos, generados por entidades y organismos de los que España forma parte y cuya composición suscribe y garantiza, como es el caso que se comenta del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, que ha sentenciado la obviedad de que un parlamentario electo lo es desde que es proclamado como tal. Algo es algo.

Una de las más lamentables consecuencias de la provisionalidad con que se construyó el sistema de convivencia después de la dictadura franquista (aquella “reforma” y no “ruptura” de la transición que hoy todavía sufrimos) y que conserva en el presente esa provisionalidad (que tantos se empeñan en consagrar como definitiva), es no haber aprendido a perder, a ser uno más, a compartir, a aceptar al rival; es la permanencia en el imaginario político del país de un numantinismo no menos patriotero que leguleyo, que provoca que a la sociedad “democrática” española, esa a la que no le duelen prendas y presume en teoría de estar alineada con los países democráticos “de nuestro entorno”, en la práctica no tolere lo que considera “intromisiones” en su soberanía en cuanto esas mismas instituciones supranacionales “osan” enmendarle la plana.

Las decisiones de los jueces no son los goles que nos mete el equipo contrario, como parecen sugerir ciertas reacciones a la sentencia de Luxemburgo. Por el contrario, las sentencias de los tribunales europeos albergan una importante función clarificadora respecto al Estado de derecho español y a la integración europea, dos conceptos que han de ir siempre unidos. El faccionalismo más cerril, el patrioterismo de cerrado y sacristía, ese falso orgullo de pertenencia a una comunidad “única” que en España remachó el franquismo durante décadas (España es diferente), y que las  generaciones postfranquistas han sido incapaces o no han querido superar, subyace en esa santa indignación por la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sigue utilizándose (garrotes de Goya) como arma arrojadiza contra el rival político.