La hipocresía del patriotismo hispánico

En el nuevo ensayo del historiador hispanista inglés, Paul Preston, titulado Un pueblo traicionado, se hace un pormenorizado y acertado análisis de la tétrica historia de nuestros gobernantes, de los diferentes poderes nacionales, contaminados sistemáticamente por la corrupción y el caciquismo. El autor comienza citando al filósofo Ortega y Gasset, quién, en su España invertebrada afirmaba que "ningún poder nacional, empezando por la monarquía y siguiendo por la iglesia, ha pensado más que en sí mismo". Siempre han ensalzado un falso e hipócrita patriotismo, pero, en realidad, lo único que les ha importado son sus propios intereses. La mayoría de los estudiosos de la historia social, política y cultural de nuestro país afirman que el eterno problema de España no ha sido su pueblo, dotado, como diría Gerald Brenan, de "gran independencia de carácter", sino de sus gobernantes, que siempre se han caracterizado por ser "corruptos y arbitrarios".

En ese caldo de cultivo es en el que ha germinado la típica ideología política conservadora española (diferente a la ideología conservadora de la mayoría de los países de Europa, que surgió del liberalismo y no de estructuras de poder autoritarias), la que siempre se ha sentido muy identificada con esos poderes nacionales tradicionales: Monarquía, Iglesia Católica, Ejército. Esa ideología se ha considerado heredera única y universal del poder, en épocas dictatoriales y en periodos democráticos. No obstante, en estos últimos, siempre ha estado incómoda cuando el pueblo, ejerciendo sus derechos políticos, le ha dado la espalda electoralmente. En esos momentos es cuando a los políticos españoles conservadores se les ve su auténtico rostro, sus auténticas intenciones de querer gobernar a cualquier precio, de permanecer en el poder cueste lo que cueste, insultando, calumniando y manipulando datos e informaciones, si es necesario. De ahí que esos sectores políticos y mediáticos apoyasen las insurrecciones militares contra los gobiernos legítimos, como ocurrió en 1936 con el régimen de corrupción y terror, para que Franco les restaurara los privilegios ancestrales que habían sido derogados por la proclamación del primer régimen político que defendió los principios y valores de la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo, la tolerancia y la solidaridad, propios de un Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, por la Segunda República Española.

Con estos precedentes, no debe resultarnos extraño que la derecha política española actual (heredera de aquéllas estructuras de poder) se haya "tirado al monte" sabiendo que no puede gobernar porque el sistema democrático no le ha otorgado las mayorías políticas suficientes para ello. De ahí que percibamos que los argumentos y los medios que utilizan son más típicos del guerracivilismo que de una democracia plenamente consolidada como debería ser la nuestra después de haber transcurrido más de cuatro décadas desde su reinstauración. Manifestaciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que en un debate parlamentario reciente manifestó que "no habrá presupuestos en la Comunidad porque, quizá, en enero haya un ministro de hacienda etarra", cuando esa señora está gobernando, no porque haya ganado las elecciones, sino porque ha sido apoyada por sectores políticos ultras que no creen en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad ni en la ideología de género, en los que se asientan las democracias más avanzadas del mundo.

Tampoco debe extrañarnos que se critique ferozmente por parte de esta derecha "troglodita", que Pedro Sánchez esté buscando alianzas para la investidura con formaciones políticas como ERC. Estamos de acuerdo que la situación en Cataluña es preocupante, pero no podemos olvidar que el conflicto catalán, que sí es de convivencia actualmente, tiene su origen en un problema político, que en todas las democracias avanzadas se debe abordar con "soluciones políticas". Si aceptamos los resultados democráticos en los diferentes procesos electorales recientes, PP y Ciudadanos tienen que reconocer que ellos son absolutamente residuales en Cataluña: sólo han obtenido cuatro escaños en el Congreso de los Diputados (2 PP y 2 Ciudadanos) de los 48 en juego. De esos 48 escaños, 13 han ido a ERC, 12 al PSC, 8 a JxCat y 7 a Unidas Podemos. ¿Cómo quieren resolver el problema catalán con una propuesta de pactos entre PSOE, PP y C,s, como plantea Arrimadas, si estos partidos conservadores son irrelevantes democráticamente en Cataluña? ¿No resulta esperpéntico que esa propuesta venga de la representante de una formación política que ha perdido el 85 % de los escaños en las últimas elecciones generales, haciéndolo con soberbia y no con humildad? ¿Por qué criminalizan tanto a los nacionalistas vascos, identificándolos con el terrorismo etarra, cuando el PP solo tiene 1 diputado al Congreso de los 18 posibles del País Vasco después de las últimas elecciones generales?

Si los políticos conservadores españoles son demócratas y constitucionalistas como se les llena la boca diciéndolo, deben demostrarlo. Para resolver los problemas territoriales hay que contar con el consenso de las fuerzas políticas que representan a esos territorios. De lo contrario estaríamos amparando un régimen autoritario en detrimento del democrático, que, aunque no sea el ideal, sí es, como diría Churchill, "el menos malo de los sistemas políticos".