Domingo, 19 de enero de 2020

Nueva poltrona para Herrera

Este martes, en una ceremonia de toma de posesión desarrollada en la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León, se formalizó el ingreso como consejero en dicha institución de quien, hasta mayo, fuera presidente de la Junta de Castilla y León por el PP, Juan Vicente Herrera, que apenas ha aguantado medio año sin un puesto institucional a costa del erial público.

Sin embargo, no es Herrera el primer expresidente de la Junta que se marca una puerta giratoria con entrada en el Consejo Consultivo. Y es que, sin ir más lejos, quienes fueran presidentes de la Junta con el PSOE, Demetrio Madrid y Constantino Nalda, compartirán pleno con Herrera en el Consultivo, en su caso como consejeros eméritos, tras haber caducado previamente sus etapas como consejeros natos.

Entretanto, uno se sigue planteando para qué sirve el Consejo Consultivo, más allá de para colocar a cuatro antiguos peces gordos junteros en una nueva poltrona para que sigan viviendo a costa de los impuestos de todos.

Y no me refiero solo al Consejo Consultivo de Castilla y León, sino también a los de otras comunidades autónomas, que poseen en gran parte de los casos esta misma institución de dudosa utilidad, donde acaban encontrando acomodo las posaderas de quienes tuvieron trato de ilustrísimas por ejercer responsabilidades en sus autonomías.

Por otro lado, el hecho de que estos Consejos sean de carácter meramente consultivo, como su propia denominación indica, hace dudar soberanamente de su utilidad, pues los informes que hagan no comportarán obligación ninguna para la administración autonómica.

Sin embargo, no son exclusivos los Consejos Consultivos en aquello de que el gobierno autonómico pueda pasarse sus informes por el arco del triunfo. Ya que los del Procurador del Común (el Defensor del Pueblo en versión Castilla y León) tampoco obligan a la Junta a tener que acatar sus consideraciones.

Y es que, a veces es inevitable plantearse si quienes dirigen las comunidades autónomas y, especialmente por la parte que nos toca, la de Castilla y León, tienen como su principal prioridad la misión de acercar la administración al ciudadano y hacer funcionar mejor el entramado institucional, o si, por el contrario, su interés radica en mejorar la posición económica del círculo cercano al gobernante de turno.

Ciertamente, viendo el enchufismo de amiguetes que se da en los altos cargos de gran parte de las instituciones (algunas de ellas de una utilidad más que dudosa), y las corruptelas habidas y por haber que apuntan en el mismo sentido, no parece que la pasión por el bien común sea lo que mueva a nuestros gobernantes. Así nos luce el pelo.