Domingo, 5 de julio de 2020

Una oposición desnortada

Profesor de Derecho Penal de la Usal
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado | EP

El candidato a presidente del gobierno y líder del partido más votado en las elecciones generales del 10-N, el socialista Pedro Sánchez, está buscando alianzas con distintas fuerzas políticas progresistas para conseguir la confianza del Congreso de los Diputados y la investidura como presidente del gobierno de España. Algo absolutamente normal y que han hecho todos los candidatos a presidir el gobierno, sobre todo en las legislaturas en las que el partido mayoritario no ha conseguido una mayoría absoluta: Aznar en 1996, Zapatero en 2004 y 2008 y Rajoy en 2016. Como también es normal que se busquen esas alianzas o pactos con partidos con los que la formación mayoritaria comparte unas estructuras ideológicas semejantes: partidos de izquierdas.

La derecha, que ha perdido las elecciones, ni está legitimada para dirigir la acción de gobierno ni para imponer su criterio, con el peregrino argumento de que Pedro Sánchez “se ha situado fuera de la Constitución”, como falsa y malintencionadamente manifiestan algunos líderes de la derecha: Casado, Arrimadas o Abascal. Si un partido político ha ido a remolque en el respeto a los principios y valores consagrados en la Carta Magna ha sido el PP, sobre todo cuando cinco de sus 16 miembros de los que constaba el grupo parlamentario de Alianza Popular, votaron en contra en los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, de 31 de octubre de 1978, que aprobó el texto constitucional antes de su ratificación por el pueblo español mediante referéndum el 6 de diciembre de dicho año. Y qué decir de Aznar, que por entonces llegó a calificar la Constitución como un “atentado al parlamento” y a Fraga Iribarne y a Suárez como “traidores al régimen” (franquista, por supuesto).

Y ahora, -parafraseando al periodista José María Izquierdo- el “pimpollo” Casado se define como el “mayor constitucionalista del mundo”, criminalizando a quienes no piensan igual. Olvida el señor Casado que en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, las diferentes formas de ser y pensar existentes en la sociedad, son compatibles y se deben respetar. Todas las ideas son legítimas, aunque no las compartamos, todas las opciones políticas, sociales y culturales, siempre que entre sus fines no esté la comisión de actos delictivos o utilicen medios violentos o que fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas. Se pueden  compartir o no todos o parte de los preceptos constitucionales, precisamente porque la Carta Magna defiende esa libertad ideológica y, como manifestación de la misma, la libertad de expresión. Además, en el artículo 9.2 (que se encuentra dentro del Título Preliminar -uno de los más importantes del texto constitucional, para cuya reforma se exige un procedimiento más rígido: mayoría de dos tercios de cada Cámara y la disolución inmediata de las Cortes, además de ser ratificada esa reforma por las nuevas Cámaras elegidas, y también por dos tercios de las mismas-) se establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas ; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. No sé si el señor Casado, la señora Álvarez de Toledo o la señora Arrimadas comparten este precepto, aunque por la forma que escupen odio contra algunas opciones legítimas, no lo tengo muy claro.

Llamar a los políticos nacionalistas vascos, terroristas, cuando esa lacra afortunadamente terminó hace años, a los independentistas catalanes, golpistas, rebeldes y en algunas ocasiones terroristas y a los socialistas y comunistas, bolcheviques y bolivarianos, también, a veces, cómplices de terroristas, no es muy compatible con el respeto a los principios y valores previstos en la Carta Magna. Y esta fea costumbre la comparten los políticos del PP, de Ciudadanos y de Vox. ¡Admitan de una vez el resultado electoral!, no sólo cuando se obtienen victorias electorales, sino también cuando les dan un revolcón en las urnas como ha pasado en los procesos electorales del presente 2019. No los han admitido porque ya se sabe lo que ha ocurrido con los gobiernos en Madrid o en Castilla y León (por poner sólo dos ejemplos).

Por otro lado, ni Casado ni Arrimadas son los mejores ejemplos de transparencia y de salud democrática. El primero (Casado), porque, como se ha visto en estos últimos días, cerca de 200 contratos de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, entre 2009 y 2013, sirvieron, presuntamente, para financiar actos electorales del PP durante esos años, por ese 1% con el que gravaban al contratista para “gastos de publicidad”. Digo esto porque Casado es hijo político de Esperanza Aguirre y durante esos años ocupaba puestos relevantes en el PP madrileño, además de ostentar cargos públicos importantes; fue presidente de la organización juvenil Nuevas Generaciones del PP de Madrid. La segunda (Arrimadas), porque la salud democrática le ha demostrado que ha perdido cerca del 85 % de su representación política en las últimas elecciones generales.

En consecuencia, ni uno ni otro pueden dar lecciones de transparencia y de valores constitucionales a nadie. Que Arrimadas promueva una mayoría entre PSOE, PP y Ciudadanos, cuando éste último partido se ha descalabrado precisamente por apoyar a PP y Vox en algunas Comunidades y ayuntamientos donde no ganaron las elecciones, resulta esperpéntico y ridículo. Lo mejor que podría hacer, señora Arrimadas, es irse, por vergüenza democrática, como hizo Rivera.

Lo que procede después de las últimas elecciones es que se conforme un gobierno progresista y avanzado que atienda las necesidades de todos los españoles con objetividad, coherencia, sensatez, sentido común  y políticas sociales inspiradas en los principios de justicia, tolerancia y solidaridad. Y esta oposición desnortada, que cumpla su función constitucional, que es el papel que les hemos dado los ciudadanos en las últimas elecciones.