Viernes, 13 de diciembre de 2019

A tortazos por la corrupción

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Durante esta semana se ha conocido la sentencia penal de la corrupción de los ERE de Andalucía, vinculado a cargos públicos de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE. La corrupción se mantuvo durante casi una década (2000-2009) y consistió en el desvío de fondos que estaban destinados a empresas en crisis y que esos cargos públicos utilizaron para otros menesteres personales menos éticos, lo que denota el nivel de degradación al que pueden llegar algunos personajes cuando ostentan cargos públicos de relevante importancia.

 

            En la sentencia se condena también a los entonces presidentes de la Junta (Chaves y Griñán) que, aunque no fueran conocedores del perverso destino de esos fondos ni los utilizaran en su beneficio personal, tenían el deber, por su especifica y concreta posición de garante de controlar la buena marcha de los servicios públicos y evitar que se hubieran producido las conductas reprochables.

 

            Conocida públicamente la sentencia, las formaciones políticas, los medios de comunicación y los comentaristas políticos (de todo tipo) han pergeñado interpretaciones diversas e, inevitablemente, se ha comenzado a comparar la corrupción de  los ERE con la de Gurtel, Púnica, Lezo, Palma Arena y otras que han afectado al PP y a sus mandatarios. El “y tú más” se ha esgrimido más que nunca y los tortazos verbales entre los “Hunos” y los “Hotros” se han repartido con abundancia.

 

            Surge la duda de si, desde el punto de vista político, se puede hacer responsable de los ERE al actual equipo del PSOE, cuyo secretario general es Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno en funciones y candidato a ser investido nuevamente Presidente dentro de unos días. Indudablemente, cuando sucedieron los hechos punibles de los ERE, -que posteriormente se denunciaron, enjuiciaron y condenaron a los responsables-, ningún miembro de la actual cúpula del PSOE estaba al mando de la organización, además de que en ningún apartado de la sentencia se menciona responsabilidad alguna de la organización política, sino de alguno de sus entonces miembros, a los que el actual PSOE obligó a que entregaran su carné socialista, en su momento.

 

Desde ese punto de vista no parece muy adecuado exigir al actual PSOE responsabilidades sobre aquéllos hechos. De la misma forma que tampoco podemos pedir responsabilidades políticas ni a Aznar, Rajoy o Casado por los graves hechos de Montejurra, en mayo del 76, cuando, al parecer, los servicios secretos del Estado, organizaron, con el apoyo de los ultras, la “Operación Reconquista”, para dar un golpe a los Carlistas y en el que murieron dos personas y hubo varios heridos de bala. En aquél periodo era responsable de Gobernación (anterior denominación a los ministros de Interior), D. Manuel Fraga, que posteriormente fundó el Partido Popular. Y  a la pregunta de ¿por qué entonces se hizo caer a Rajoy por la sentencia de Gürtel?, la respuesta es más clara: porque los responsables de la Gürtel permanecieron en el PP (en cargos públicos) siendo ya Rajoy presidente de partido.  

 

            En cualquier caso, los ERE es un supuesto de corrupción muy grave y sus responsables deberán cumplir las sanciones penales impuestas por los tribunales de justicia, inevitablemente. Ahora bien, esos personajes hace ya varios años que están fuera de la circulación política, como también están fuera de esa circulación, Vera, Barrionuevo o Felipe González, por los GAL y Alfonso Guerra, que salió del gobierno de Felipe González cuando se conocieron los casos de tráfico de influencias de alguno de los hermanos Guerra.

 

            Lo que deben hacer en este sentido los actuales líderes políticos es atacar, sin piedad, los casos de corrupción que se vayan conociendo y construir un cordón sanitario en torno a ellos. Sin embargo, es algo que no se está haciendo rigurosamente. Los últimos ejemplos los tenemos en estos días al conocerse que el matrimonio entre Rocío Monasterio y Espinosa de los Monteros (de VOX) presuntamente reformaron loft comerciales para transformarlos en viviendas sin la oportuna licencia del ayuntamiento de Madrid. Suma y sigue. Y estos señores son ahora mismo representantes del pueblo por Vox, ella diputada en la Asamblea de Madrid y él, diputado en el Congreso.