Martes, 10 de diciembre de 2019

Frente a la barbarie, feminismo

“Son actos de terrorismo y se tienen que tratar como tal. Dejemos de mirar para otro lado” decía una manifestante el pasado 20 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid, en lo que se conoció como la “noche violeta”.

Mariana Iglesias Letelier

Activista por los derechos humanos

La violencia sexual está mucho más presente en nuestra sociedad de lo que podríamos siquiera sospechar: en nuestros hogares, trabajos, en los medios de comunicación, la industria de la moda, la política, la religión o las tradiciones culturales. La violencia por razón de género está arraigada en nuestra sociedad. Es una forma de discriminación y una vulneración de derechos humanos, cuyas secuelas físicas y psicológicas, en algunos casos, pueden persistir de por vida. Puede tener como consecuencias daños en la salud sexual y reproductiva, en la salud mental, puede generar discapacidad y en casos extremos la muerte.

Cincuenta y dos mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año en España, 1.026 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. En ese tiempo, 263 menores se han quedado huérfanos, sin contar con la cantidad de femicidios que se han cometido delante de ellos. Amnistía Internacional, en su informe “Ya es hora de que me creas”, ha comprobado que las víctimas y supervivientes de violencia sexual siguen sin tener garantizados todos sus derechos humanos en igualdad de condiciones. La organización ha constatado que, a día de hoy, la mayoría de las medidas que se están ejecutando están dirigidas a prevenir, asistir y combatir la violencia de género en el entorno de la pareja o expareja, sin que se haya producido una adaptación de los servicios disponibles a las necesidades específicas que entrañan otros tipos de violencia contra la mujer, como la violencia sexual en sus distintas manifestaciones. La ruta de atención en violencia sexual no está garantizada. La ausencia de asistencia integral es aún más grave y evidente en los casos de violencia sexual a mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea física o psicológica.

Las secuelas que sufren las víctimas y supervivientes de violencia sexual se pueden ver agravadas por un contexto estructural en el que se cuestiona la credibilidad sobre los hechos, por lo que hay una revictimización de las mujeres. Los testimonios recabados por la organización trasladan que muchas de las mujeres que enfrentan o han enfrentado violencia sexual temen o no quieren denunciar ante instancias policiales o jurídicas por miedo a no ser creídas, lo que se ve reforzado por los mitos y estereotipos de género.

Los Estados tienen la obligación de poner a disposición de las víctimas y supervivientes de violencia sexual servicios especializados de atención y asistencia social, sanitaria, psicológica y jurídica, en situaciones de emergencia y de forma continuada cuando las mujeres y su familiares lo requieran. Estos servicios especializados deben trabajar desde un enfoque de derechos humanos y de género y facilitar el apoyo psicosocial para hacer frente al daño psicológico y/o postraumático derivado de la violencia sufrida, favoreciendo el derecho a la reparación integral de las víctimas y supervivientes de violencia sexual a corto, medio y largo plazo.

Virginia Gil, desde la plataforma Estambul Sombra, expone la falta de información en el Convenio de Estambul (el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica) sobre la violencia machista que se ejerce contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja y habla sobre la inexistencia de un marco integrado por leyes y políticas integrales de prevención. La integrante de la plataforma también ha indicado la escasez de inspecciones de trabajo en los casos en los que otras opresiones agravan a la sexual, como  la que sufren las mujeres migrantes o especialmente vulnerables.

¿Cómo puede ser que en un país presuntamente avanzado siga ocurriendo esto? Para las manifestantes de la “noche violeta” en Madrid, en España se está viviendo un retroceso, especialmente desde los representantes políticos. El surgimiento de partidos que normalizan el machismo, la xenofobia y la intolerancia en general pone en jaque los avances que se han logrado y las mujeres españolas se van sintiendo cada vez más desprotegidas. “Tenemos miedo”, dicen muchas. Y con este panorama, cómo no tenerlo.