Jueves, 21 de noviembre de 2019

El radicalismo de Vox

Profesor de Derecho Penal de la Usal

La campaña electoral que acaba de terminar confirma que Vox ha desplazado a todos los partidos políticos a posiciones más radicales y eso siempre es una mala noticia. Es inconcebible que, tanto en el debate de los candidatos del pasado lunes, como en el de las mujeres parlamentarias portavoces de las diferentes formaciones políticas, se haya permitido decir tantas insensateces, barbaridades y estupideces a los representantes de Vox. El desparpajo con el que el señor Abascal hablaba de recortar chiringuitos públicos, cuando él ha vivido de varios de esos tugurios infames recibiendo cientos de miles de euros por ello, o la desfachatez con la que la señora Monasterio habla de recuperar competencias al Estado y tenga la desvergüenza de hablar de regulación de alquileres de viviendas cuando ella y su marido, Espinosa de los Monteros (también representante de Vox), están implicados en presuntos casos de corrupción en materia inmobiliaria y de presunta usurpación de funciones cuando la señora Monasterio, al parecer, no había obtenido el título universitario que habilita para ello; supone la mayor indignidad política de los 40 años de democracia que llevamos vividos después de la muerte de Franco.

La radicalidad con la que sistemáticamente se proponen reformas que, analizadas en su justa medida, son inconstitucionales, choca frontalmente con el respeto que dicen tener algunos partidos (PP y Ciudadanos fundamentalmente) con nuestra Ley Fundamental. Se habla de recuperar competencias para el Estado que nuestra Carta Magna en sus artículos 148 y 149 reservan para las Comunidades Autónomas: el primero para establecer qué competencias pueden asumir éstas y el segundo, las exclusivas del Estado, fuera de las cuales pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas también, las que accedieron por la vía preferente del artículo 151 de la Constitución. Esto colisionaría directamente, no sólo con los preceptos constitucionales sino también con los Estatutos de Autonomía de las diversas regiones. Educación, sanidad, servicios sociales y ejecución penitenciaria son competencias que Ciudadanos, Vox y PP se comprometerían a revertir al Estado si gobiernan juntos.

Y no les duelen prendas en mentir, manipular y engañar a los ciudadanos diciendo, por ejemplo, como hizo la señora Arrimadas en el debate, que si Cataluña sigue asumiendo la gestión penitenciaria los condenados por el procés saldrán de prisión dentro de poco, cuando, para que se le conceda la libertad condicional (a la que se refiere esta señora) estos condenados deben cumplir, inexorablemente, requisitos que para su aprobación tendría, en su caso, que pronunciarse el Tribunal Supremo, en su papel de Tribunal Sentenciador. Antes de la condena, insistían en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, iba a indultar inmediatamente a los condenados, algo que se ha visto que no es cierto por las manifestaciones realizadas por el propio Sánchez; ahora, Arrimadas y todo su séquito (también los líderes de PP y Vox) afirman categóricamente que esos líderes condenados saldrán a la mayor brevedad en libertad. Creo, sinceramente, que los ciudadanos no nos merecemos estos políticos tan ignorantes, incompetentes, malintencionados y maleducados. En el debate, la señora Arrimadas demostró esa mala educación, porque no hacía más que interrumpir cuando los turnos de palabra eran de otra candidata, jugando sucio con perversa malicia. Cuando no hay argumentos se acude a la descalificación, el insulto y las constantes interrupciones en las intervenciones de los adversarios para ponerlos nerviosos.

Por otro lado, el colmo de la desvergüenza lo hemos vivido este jueves al enterarnos que la Asamblea de Madrid ha apoyado la propuesta de Vox (con los votos a favor del propio Vox, PP y Ciudadanos y en contra el resto de las fuerzas políticas) de “ilegalizar a los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España”. Los partidos que defienden legítima y pacíficamente ideas separatistas e independentistas son tan legales como los que defienden otras opciones. Con ello se pretende criminalizar la opinión, la pluralidad, la divergencia; algo contrario a los postulados de un Estado Social y Democrático de Derecho. Que esto lo apoye Vox es consustancial con su pensamiento único y con sus tesis autoritarias, xenófobas y machistas; pero que lo hayan apoyado PP y Ciudadanos demuestra, una vez más, que estos partidos son rehenes del fascismo español y traidores hacia los valores constitucionales, democráticos y de respeto a los derechos humanos. El actual PP, de la mano de Casado, ha girado demasiado hacia posiciones extremistas, por mucho que haya querido maquillarlo quitando de las listas en puestos de salida a Suárez Illana o Juan José Cortés.

Esta tesis la confirman los propios deseos de Casado, que hasta el último minuto pretendió unir sus fuerzas electorales en las listas con Ciudadanos, pero sobre todo con Vox. Reconozcamos que una parte muy importante de los responsables del PP se sentirían muy bien con la extrema derecha dentro. La prueba más evidente es que hasta que no apareció Vox, sus políticos y votantes apoyaban al PP y chocaba que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, aquí la extrema derecha no tuviera apoyos.    

De momento, la ultraderecha está imponiendo su criterio a las formaciones políticas conservadoras, algo que reconocen -hinchados de orgullo- los representantes de Vox. Lo manifestó en el debate la señora Monasterio no sólo por la última propuesta de ilegalización de partidos independentistas en la Asamblea de Madrid, sino por las políticas reaccionarias y de recorte de prestaciones sociales y sanitarias que está llevando a cabo Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía.