Domingo, 15 de diciembre de 2019

Quien hace la ley hace la trampa

A un mes vista de las elecciones generales, estando ya inmersos en los procesos previos para su desarrollo, hay aspectos que tienden a pasar desapercibidos y que suelen resultar determinantes para que podamos decir que no hay igualdad de condiciones entre todas las formaciones en liza, y que se cumple aquello de que “quien hace la ley, hace la trampa”.

En primer lugar, cabe señalar que no todos los partidos políticos, por el hecho de serlo, tienen la misma facilidad para poder presentarse a las elecciones generales. Y es que, sin trabas ‘extra’ solo pueden presentarse los partidos que ya poseen o bien algún diputado o bien algún senador.

En este sentido, para los partidos que carecen de representantes en Congreso o Senado, en 2011 los grandes partidos pactaron una reforma de la Ley electoral, pasando a incluir la exigencia a los partidos pequeños de que entreguen un número de firmas igual o superior al 0’10% del censo electoral de la provincia en cuestión, y del 1% para las agrupaciones de electores.

De esta manera, este requisito de presentar un determinado número de firmas se les exige a las formaciones modestas simplemente para poder presentarse en la circunscripción electoral correspondiente, requisito que no deben cumplir los grandes partidos para poder presentar sus candidaturas. Asimismo, cabe señalar que las firmas que deben presentar los partidos pequeños, al computarse sobre el censo, deben de ser obligatoriamente de personas mayores de edad que estén censadas en dicha provincia.

En segundo lugar, también podemos hablar como elemento distorsionador de las elecciones, de las subvenciones por gastos electorales que reciben los principales partidos políticos. Y es que estas subvenciones, que salen de los fondos públicos (es decir, las pagamos todos vía impuestos) solo las reciben los partidos que finalmente obtienen representación institucional, y en función del número de diputados o senadores logrados.

Este hecho supone que, en la práctica, se parta de un inicio desigual para la carrera electoral, ya que los grandes partidos cuentan con los fondos procedentes de subvenciones públicas de las elecciones anteriores (así como del funcionamiento de la legislatura que finaliza) para poder hacer frente a una nueva convocatoria electoral.

En este sentido, los partidos políticos pequeños inician su campaña electoral con menos margen económico de maniobra y con la espada de Damocles encima de que, de no obtener representación, toda su inversión para las elecciones se traducirá en pérdida de recursos del partido en cuestión.

Por otro lado, aunque las cantidades suelen actualizarse para cada convocatoria electoral, el artículo 175 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) recoge las cantidades que percibiría en concepto de subvención cada partido que haya logrado diputados o senadores.

Así, la LOREG establece una subvención estatal de 21.167 euros por cada diputado o senador que se haya logrado, a los que habría que sumar 0’81 euros por cada voto conseguido en una provincia en la que se haya obtenido diputado, 0’32 euros por cada voto conseguido por los senadores elegidos, así como 0’18 euros por elector en la provincia, siempre que el partido haya obtenido los suficientes diputados o senadores para tener grupo parlamentario propio.

Es decir, que en base a las cantidades fijadas por la LOREG, podemos calcular las cantidades recibidas por los partidos en Salamanca en las pasadas elecciones generales de abril. Entonces, el reparto de escaños al Congreso en Salamanca fue de 2 para el PP, y 1 para PSOE y Ciudadanos, con 60.154 votos para los populares, 59.331 para los socialistas y 43.580 para los naranjas. Por su parte, en el Senado los 3 senadores electos del PP obtuvieron 72.983, 62.940 y 62.021 votos, mientras que la senadora del PSOE elegida tuvo 60.516 votos.

Todo ello nos llevaría a que la subvención por representantes obtenidos por Salamanca en abril fue de 105.835 euros para el PP, 42.334 para el PSOE, y 21.167 para Ciudadanos, a lo que habría sumar la subvención por votos conseguidos en el Congreso (48.724 € el PP, 48.058 € el PSOE y 35.300 € Ciudadanos) y en el Senado (63.342 € el PP y 19.365 € el PSOE), así como la subvención por electores en la provincia para las candidaturas que presentaron lista en la provincia y tuvieron grupo parlamentario propio en Congreso (55.093 € para PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox), o Senado (49.269 € para PP, PSOE y Ciudadanos).

De esta manera, estaríamos hablando de que, en base a las cantidades fijadas por la LOREG, por los resultados obtenidos por la provincia de Salamanca en las elecciones de abril, el PP habría ingresado 322.263 euros, el PSOE 214.119 euros, Ciudadanos 160.829 €, y Unidas Podemos y Vox 55.093 euros cada uno. Por su parte, el resto de partidos que se presentaron a las elecciones no obtuvieron ni un euro de subvención de los más de 800.000 euros que se repartieron solo por la provincia de Salamanca.

Por último, también cabría hablar de que ni todos los partidos tienen derecho a un espacio gratuito en las cuñas electorales de televisión y radio, ni tienen derecho al mismo espacio de tiempo en el caso de aquellos a los que sí se les permite. A ello se sumaría, evidentemente, el hecho de que los propios medios de comunicación atienden casi en exclusiva a la agenda y actos de los líderes de los principales partidos políticos.

Por todo ello, si tenemos en cuenta las trabas a que se les somete desde el inicio a los pequeños partidos con la recogida de firmas, sumadas a unas subvenciones públicas que mantienen a los principales partidos, la desigual capacidad de financiación de campañas entre partidos grandes y pequeños, y la ocultación casi total de los partidos pequeños en los medios, conlleva que entre grandes y chicos, las cartas estén marcadas de antemano en la partida de las elecciones generales. Y es que, como bien dice el refrán, quien hace la ley hace la trampa.