Una propuesta muy meditada.

En vista de lo sucedido propongo que se presente a las próximas elecciones como presidenta de la coalición progresista de centro (CPC) a Patricia Botín y vicepresidente a Amancio Ortega. La CPC estaría integrada, únicamente, por los “partidos constitucionalistas”. A saber: PP, PSOE y Ciudadanos.

El programa de gobierno será, progresista, conciso y claro.

Medidas de carácter económico y laboral: 1) Se retocará la reforma laboral en aquellos aspectos que afecten a los llamados “liberados sindicales”. En el sentido de aumentar sus emolumentos y ampliar su libertad de actuación. 2) En previsión de una posible crisis financiera las entidades bancarias serán eximidas del pago de cualquier tipo de impuestos. 3) La misma medida será aplicable a las empresas que tengan más de cien empleados. 4) A los efectos de incrementar las operaciones propias del sector inmobiliario se suprimirá cualquier legislación que restrinja los derechos del arrendador. 5) El sistema de pensiones será revisado. De suerte, que aquellas se concierten con una entidad privada y dejen de ser públicas. 6) La enseñanza primaria seguirá siendo pública o privada. No así la secundaria y universitaria que serán privatizadas. 7) La sanidad pública sólo actuará para servicios médicos de urgencia. 8) El pago de los medicamentos correrá, íntegramente, a cargo del paciente.

Otras medidas de orden público: 1) La residencia ilegal del extranjero constituirá un delito contra la seguridad pública y será castigada con una pena de prisión de entre tres y cinco años. Podrá beneficiarse de una reducción de la condena si trabaja voluntariamente en alguna empresa nacional. Las condiciones laborales serán estipuladas por el empleador. 2) Constituirán delitos contrarios al orden constitucional cualquier manifestación particular expresada en algún medio de comunicación o redes sociales que atenten contra los sentimientos religiosos, monarquía, políticos electos   o funcionarios públicos. A los efectos, se creará un Tribunal de Orden Público encargado de su enjuiciamiento. Las sanciones conllevarán multas e inhabilitaciones. 3) Será considerado “atentado contra la autoridad” no cumplir con prontitud las ordenes impartidas por cualquier miembro de las Fuerzas de Seguridad. Los tribunales ordinarios serán competentes para su enjuiciamiento.

Medidas relativas a la unidad nacional: 1) serán ilegalizados todos los partidos que incluyan en sus programas la independencia territorial. 2) Cualquier manifestación independentista será calificada como delito de sedición o rebelión. 3) La lengua oficial será el castellano. No obstante, con carácter opcional, se permite la enseñanza de los diferentes dialectos hablados en España.

Por último, medidas de contenido social: 1) La gestación subrogada será permitida y regulada. 2)  Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo será derogada la ley vigente (plazos) y se retomará el contenido de la Ley Orgánica 9/1985 (supuestos). 3) En aras de la reconciliación nacional queda derogada la “Ley de la Memoria Histórica”.

Propongo, además, que a Pedro Sánchez se le nombre ministro de asuntos exteriores. Hay que reconocer que es un tipazo. A Pablo Casado como ministro de educación y ciencia, dado su apabullante currículo y a Albert Rivera como ministro del interior, un tipo implacable donde los haya.

Si el invento funciona sería partidario de cambiar la Constitución. En el sentido siguiente: el presidente y vicepresidente los elige el IBEX y los diputados o senadores los ciudadanos. Las ventajas serán evidentes: a) nos ahorraremos mediocres e inútiles intermediarios; b) las disputas por las comisiones o tantos por ciento serán resueltas desde la presidencia; c) los “partidos constitucionalistas”, ¡al fin!, “calzón quitado”, harán lo que antes hacían de manera vergonzante: funcionar como agencias de colocaciones.