Sábado, 7 de diciembre de 2019

De presos y de tratos de favor

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Durante mi participación como miembro de la asistencia técnica del programa de la Unión Europea para la reforma del sistema penal en Guatemala, me encontré situaciones fácticas que jamás hubiera imaginado; claro está, siempre pensando desde nuestra órbita política, social y jurídica europea que respeta los principios y valores de un Estado de Derecho. Visitar las cárceles guatemaltecas y comprobar cómo son las condiciones de vida de los presos, hacinados en dependencias ruinosas, inmundas, infectas e insalubres donde se alojaban más de 500 personas en galerías o módulos con menos de 100 literas, sin colchones, con escasamente dos o tres inodoros y el agua depositada en bidones de donde la sacaban para lavarse a “guacalazos” (tirándose el agua por encima con pequeños cubos o platos) y con temperaturas de unos 40 grados y 90 % de humedad en algunos lugares, era una experiencia poco gratificante.

Si a eso le unimos la corrupción de sus dirigentes y guardianes y la extrema violencia de algunos de los presos pertenecientes a cualquiera de las dos “maras” (bandas callejeras), que tienen atemorizada a la población civil y que se financian con el dinero que obtienen de chantajear a comerciantes y empresarios y enfrentadas a muerte entre sí (la mara “dieciocho” y la “salvatrucha”), respondiendo con el tiro en la nuca y la decapitación de esos empresarios cuando dejan de pagar o por resistencia a entregar pertenencias en caso de robos en las calles o por venganza; se forma un coctel que explota cada día perturbando gravemente la convivencia de los ciudadanos guatemaltecos.

Pero esas condiciones de vida indignas y precarias en las cárceles no eran igual para todos los presos. Durante una visita a la granja penal de Pavon (en la ciudad de Guatemala), en la que además de los cooperantes acudían altos mandatarios del ministerio de la Gobernación y de la Corte Suprema de Justicia, pudimos comprobar que un preso, Byron Lima, capitán del ejército del país condenado por la muerte del obispo Gerardi (al que asesinaron tan sólo dos días después de denunciar públicamente los crímenes de guerra cometidos por el ejército sobre la población civil durante los largos años de guerra que padeció el país), disfrutaba de todos los privilegios, estaba alojado cerca de la zona de oficinas del penal en las instalaciones que debían ser de escuelas y talleres, controlaba todos los negocios de la cárcel (la venta de drogas, de teléfonos móviles, los trabajos de manualidades de los internos, el mercado sexual e incluso los vehículos que transportaban a la cárcel a los familiares de presos para las visitas) con la complicidad, tratos de favor y sobornos de las autoridades. Disfrutaba, además, de su propio séquito de 15 ó 20 guardaespaldas a su servicio, que permanecían en la cárcel con él. De hecho tenía sometidos a directores y guardias a su servicio, quienes se dirigían a él como “mi capitán”. Por otro lado, Byron Lima solía vestirse siempre con camisetas negras en las que se leía la siguiente inscripción: “preso político, 100 % anticomunista”. El 18 de julio de 2016, el país quedó conmocionado y los cooperantes que allí estábamos contribuyendo a la mejora del sistema penal, porque Byron Lima fue asesinado dentro del penal con dos tiros en la cabeza y con él también ejecutaron a sus guardaespaldas (algunos de ellos decapitados) e incluso a una modelo argentina (presunta amante) que estaba visitándole. Aunque los autores materiales de los crímenes fueron otros presos, los autores intelectuales, con toda probabilidad, se encontraban en altos niveles del Estado. Un periodista de “the New York Times” llegó a decir en su crónica de los sucesos que en Guatemala “es imposible establecer dónde termina el Estado y dónde empieza el mundo criminal”.

Al igual que Byron Lima, en aquéllos momentos también estaba en prisión la vicepresidente del gobierno de la república, Roxana Baldetti, por un fraude millonario al Estado de 3 millones de dólares que desvió hacia sus bolsillos. Le habilitaron una lujosa celda al lado de la oficina de las funcionarias en un espacio que era la oficina de psicólogos del centro y éstos tuvieron que trasladar su mesa y silla a los pasillos. Varias veces visitamos la prisión donde estaba ingresada (centro de detención preventiva para mujeres, de Santa Teresa), pero, curiosamente, al preguntar por ella en todas las ocasiones, la directora del centro nos decía que “había salido al hospital”. ¡Qué curioso que siempre que íbamos había salido al hospital!

Seguro que este relato –absolutamente real- ha desconcertado a los lectores. Confieso que cuando este martes leí la noticia sobre Urdangarín, mi mente se trasladó por un momento a aquéllas experiencias profesionales guatemaltecas, aunque el caso no sea, bajo ningún concepto, comparable.

Como sabemos, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, a pesar del informe desfavorable del Equipo Técnico y del acuerdo de denegación de la Junta de Tratamiento, ambos del centro penitenciario de Brieva (Ávila) donde está ingresado, autorizó, mediante Auto, la aplicación del artículo 117 del Reglamento Penitenciario a Urdangarín, que consiste en la salida -dos veces por semana y por una duración máxima de 8 horas cada día- de prisión para asistir a la realización de un programa concreto de atención especializada de tratamiento, con el fin de inculcarle actitudes y valores pro sociales y favorecer su reinserción social. Analizado así, podremos estar o no de acuerdo con la motivación y los argumentos del juez, pero es una decisión ajustada a derecho. No obstante, las dudas más que razonables, surgen al saber que las salidas no se han diseñado para que Urdangarín reciba estos programas de atención especializada, sino para que haga labores de voluntariado con discapacitados en una fundación madrileña. Visto así, la decisión judicial resulta sorprendente y extraña y parece producto, mas bien, de una interpretación forzada y retorcida de la norma.

Indudablemente, si hacemos una interpretación extensiva de la ley (y puede hacerse siempre que favorezca al condenado), todas las actividades que directamente vayan dirigidas “a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados” -como establece el artículo 59 de la Ley General Penitenciaria, en virtud del mandato constitucional del artículo 25.2 que plasma la “orientación de las penas privativas de libertad hacia la reeducación y reinserción social de los penados”- serían válidas para conseguir los fines pretendidos, siempre que, como es lógico, esas actividades respeten escrupulosamente los derechos fundamentales de la persona. Esto es producto de la interpretación de una ley, como la penitenciaria, que ahora cumple 40 años, que se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas y que implementó un sistema penitenciario flexible, progresivo y humano, inspirado en la normativa internacional y que realmente ha funcionado bien, mejorando notablemente la concepción de la ejecución de las penas, las condiciones de vida de las prisiones y los derechos de los privados de libertad y el control judicial sobre todo lo relativo a la ejecución penitenciaria.

Hasta aquí, estamos de acuerdo. Ahora bien, la pregunta que muchos nos hacemos es la siguiente: ¿Se le aplicaría esta medida a otros presos en condiciones idénticas a las de Urdangarín, es decir, que hubieran cometido los mismos ilícitos penales, tuvieran el mismo perfil de “baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena”, que estuvieran clasificados en segundo grado de tratamiento y aún no hubieran cumplido la cuarta parte de sus condenas, si en lugar de ser cuñados del rey fueran ciudadanos normales, con familia integrada o desestructurada y que vivieran en mejores o peores barrios de una ciudad o pueblo?

Indudablemente, la situación de nuestro sistema judicial, penal y penitenciario no es la misma, por suerte, que la de Guatemala y otros países queridos de Latinoamérica o de otras latitudes, tan maltratados eternamente por la violencia, la corrupción de los poderosos, la desigualdad social y el desamparo; pero, desde el punto de vista preventivo general, no es muy grato para la colectividad, para las gentes que integran nuestra sociedad, interiorizar escenas como las de Urdangarín saliendo de la cárcel, trasladado en un lujoso vehículo y con dos escoltas, sonriente y feliz y aclamado y vitoreado por algunas personas cuando ingresaba y salía de la fundación a la que va a prestar sus servicios de voluntariado. Me alegro por su persona, por supuesto, pero la imagen que se traslada a los ciudadanos no es que sea demasiado edificante.