Francia: manifestaciones de los "chalecos amarillos" y uso excesivo de la fuerza por la policía

Pauline, activista por los derechos humanos

Un informe de Amnesty International Francia, publicado el 17 de diciembre de 2018, estipula que el número de manifestantes heridos se elevaba a 1.407 (46 graves), desde el inicio de las manifestaciones el 17 de noviembre de 2018. Y las violencias continúan. En efecto, este mismo informe precisa que la policía francesa utiliza flashball, granadas para dispersar y gases lacrimógenos y, sobre todo, un arma llamada LBD (lanzadores de balas defensivas) contra manifestantes mayoritariamente pacíficos. Los LBD están considerados como armas mortíferas o semimortíferas y provocan heridas muy graves en la cara, por eso muchas personas reclaman su supresión.

"Hemos contabilizado numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por la policía", explica la ONG. Y hay que señalar que hubo manifestantes que también cometieron actos violentos. Pero es necesario que sea respetado el derecho francés: la policía, siendo representante del orden legal, solo puede recurrir a la violencia cuando es estrictamente necesaria y con moderación. Numerosos periodistas han sufrido heridas; algunos de estos periodistas y fotógrafos afirman que la policía dirige de manera deliberada sus disparos contra ellos. Por otro lado, la ONG señala en su informe que los jóvenes de liceos también sufren mucha violencia. En efecto, en paralelo al movimiento de los chalecos amarrillos, un movimiento de estudiantes empezó el 3 de diciembre para protestar contra la reforma del bachillerato y el proceso de admisión en la universidad (PARCOURSUP). Y este movimiento ha sufrido muchas violencias y muchos heridos entre los jóvenes. Podemos citar el ejemplo de los 163 jóvenes que fueron detenidos. Un vídeo mostrando decenas de estudiantes arrodillados, manos en la cabeza o con las manos esposadas a la espaldas se difundió en internet y se volvió viral.

Por otro lado, el informe de Amnesty Francia explica que se multiplican las confiscaciones: Amnesty ha recogido el testimonio de Audrey, una socorrista (también conocidos bajo el nombre de street medics) quien se ocupaba de curar los heridos por la policía. Explica que se han multiplicado las confiscaciones de los equipamientos de protección de los manifestantes, de periodistas hasta del personal médico. "Me han confiscado mi casco de protección blanco con una cruz roja, mis gafas de protección, así como las máscaras [?]". Explica también que los gases lacrimógenos son utilizados de manera excesiva. "El gas ha empezado a las 10 de la mañana y continuaron los lanzamientos durante 4 o 5 horas. Un hombre inhaló tanto gas que temblaba con espasmos, no podía respirar". Es preciso señalar que Francia es uno de los pocos países que utiliza los gases neurotóxicos contra la gente que se manifiesta.

Por fin, la policía tomó medidas preventivas, y han detenido miles de personas, hasta personas que no presentaban ningún riesgo de violencia inminente. El 8 de diciembre, alrededor de 400 personas fueron detenidas en Paris en controles de policía situados a las entradas de las ciudades, en las estaciones y que les impidieron luego participar en la manifestación. Los que estaban en posesión de gafas de piscina, de esquí o hasta de suero fisiológico estuvieron en detención provisional más allá de la duración legal y por orden del fiscal que representa el Estado. Así, asistimos desde el principio del movimiento de los chalecos amarillos en Francia a un aumento gradual de las tensiones; las confiscaciones de material, las detenciones a veces arbitrarias, los registros y otras actuaciones plantean la cuestión del derecho de manifestación en Francia.

Muchas personas del movimiento pidieron la supresión o la restricción del uso de las armas tales como flashball o el LBD, que ya dejaron tuerto o amputado de una mano o de un pie a demasiadas personas. El gobierno francés acaba de presentar en la Asamblea nacional una "Ley anti-rompedores", que contraviene el principio fundamental que quiere que, en un Estado de derecho, sólo un juez puede privar de la libertad a los ciudadanos. Su artículo 2 autoriza en efecto a los prefectos, los representantes directos del poder, a prohibir el derecho de manifestación a personas que presenten "una amenaza de gravedad particular para el orden público", amenazados con una pena de seis meses de encarcelamiento y 7.500 euros de multa en caso de infracción. El artículo 3 prevé la creación de un fichero de las personas referidas.

Ni la Liga de los derechos humanos, ni Amnesty Internacional, ni incluso el tercer sindicato francés de policía (UNSA Policía, el 15 % de las voces en las últimas elecciones profesionales) consiguieron convencer a la mayoría de La REM que la interdicción administrativa de manifestar era una medida liberticida, heredera directa de las "leyes malvadas" de 1893-1894, que se referían a los anarquistas y que Jaurès había combatido en su tiempo con fuerza. Numerosas quejas han sido depositadas contra el ministro del interior, Castaner, por parte de manifestantes heridos pero también por parte de varias asociaciones de abogados y defensores de los derechos y de las libertades públicas menoscabadas. La justicia dirá la última palabra.