Martes, 17 de septiembre de 2019

La Agenda Anti-Derechos Humanos del nuevo presidente de Brasil

El pasado 1 de enero Jair Bolsonaro asumió la presidencia del gigante latinoamericano para los próximos cuatro años, y con un discurso populista de derechas sostiene que, con su llegada, "el pueblo empezó a liberarse del socialismo, de la inversión de valores, del gigantismo estatal y de lo políticamente correcto".

"El actual presidente de Brasil se ha manifestado a favor de debilitar las protecciones ambientales en el Amazonas"

Lucía Mayo, activista por los derechos humanos

Estas declaraciones suponen un desafío para la agenda internacional de derechos humanos, y que para el caso de Brasil se centra en tres áreas principales: la seguridad pública, el medio ambiente y el espacio democrático.

Seguridad:

A quince días de asumir su mandato, el presidente brasileño firmó un decreto por el que se facilita la compra, el registro y la tenencia de armas de fuego, cumpliendo así una de sus principales promesas durante la campaña para las elecciones presidenciales de octubre. Esta política de “armas para todos” ha suscitado una gran polémica en el país, teniendo en cuenta que en 2017 Brasil batió récords de homicidios, con una medida de siete por hora. Además, Bolsonaro se ha manifestado a favor de reducir la edad legal de responsabilidad penal a 16 años y limitar las penas de prisión reducidas, a pesar de que muchos estudios han demostrado ampliamente que estas medidas no son eficaces para reducir la delincuencia.

Medioambiente:

El panorama de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente es igual de desolador. A partir de las bases de su plan económico, el actual presidente se ha manifestado a favor de debilitar las protecciones ambientales en el Amazonas. Esto supondría unas graves consecuencias negativas para las comunidades que viven cerca de los proyectos de mega-infraestructura propuestos. Además, entre sus primeras medidas de gobierno decretó que los reclamos de tierras indígenas, una fuente de sangrientos enfrentamientos en la frontera agrícola del país, serán decididos por el Ministerio de Agricultura. Incluso ha afirmado que no demarcará ningún territorio nuevo para su protección, lo que supone una amenaza para los pueblos indígenas y los quilombolas (descendientes de esclavos afrobrasileños que viven en asentamientos llamados quilombos). Existe la preocupación de que, conforme se sigan debilitando los derechos de estas comunidades, aumentará la violencia contra sus integrantes. No debe olvidarse que Brasil registra la mayor cantidad de muertes de defensores ambientales.

Por otra parte, Bolsonaro ha hecho declaraciones a favor de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Esto genera interrogantes más amplios respecto de sus compromisos con el orden internacional y con los tratados de los que Brasil es parte. En este sentido, incluso ha sugerido que Brasil podría dejaría el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Espacio democrático:

El presidente ha manifestado abiertamente su inclinación por el uso de las leyes antiterroristas de Brasil contra los movimientos sociales que presionan al gobierno con respecto a la reforma agraria y el acceso a la vivienda. Incluso durante su campaña electoral habló explícitamente de “poner fin al activismo” en Brasil.

El programa de acción afirmativa de Brasil, que ofrece lugares garantizados a candidatos negros y pobres en universidades públicas y otras instituciones financiadas con fondos públicos, también se ve amenazado por la nueva administración. Debe entenderse que cualquier modificación o reducción de este programa afectaría considerablemente el acceso a los derechos de la población de raza negra.

Su agenda moral conservadora resulta alarmante para el futuro de los derechos sexuales y reproductivos. Por el momento, ya está afectando a la población LGBTIQ+, pues ha quedado excluida la inclusión de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales e intersexuales en la nueva política del Ministerio de la Familia, Ciudadanía y Derechos Humanos.

Amnistía Internacional ha manifestado que “las instituciones públicas de Brasil deben tomar medidas firmes y decisivas para proteger los derechos humanos y a todas las personas que los defienden y se movilizan a su favor en el país”. La comunidad internacional tiene la obligación de prestar atención a que el Estado brasileño cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos. Los Activistas de derechos humanos estaremos atentos y alzando nuestra voz cuando sea necesario.